El plan contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

Suecia afrontaba unas nuevas elecciones con la seguridad como un eje central de la campaña. Según la encuesta de la firma Novus, que elabora el índice “Los temas más importantes para los votantes”, la ley y el orden y la delincuencia es la mayor preocupación. En la mayoría de países de Europa, la mayoría de estos discursos se vinculan y favorecen a los partidos de extrema derecha. Sin embargo, en la nación nórdica han sido los socialdemócratas los que han endurecido su postura y logrado la victoria en los comicios.

El resultado dejó a la formación de Magdalena Andersson como la más votada. Los datos preliminares otorgaban al bloque de centroizquierda 176 de los 349 escaños del Riksdag, frente a los 173 de la coalición de derechas del primer ministro Ulf Kristersson. La disputa electoral transcurrió después de años de debate sobre los tiroteos, la presencia de bandas en zonas urbanas y la captación de menores por parte de redes delictivas. Los socialdemócratas buscaron responder a ese escenario con un programa que combinó sanciones más duras, nuevas facultades para el Estado y medidas de prevención.

El 31 de agosto, Andersson y la responsable de política judicial del partido, Teresa Carvalho, presentaron una ofensiva contra el crimen organizado con siete propuestas. El plan incluyó una ley contra la mafia, mayores penas para delitos económicos graves, confiscación de activos y un programa nacional destinado a familias que viven en contextos de riesgo. “Usaremos toda la fuerza de la sociedad contra las bandas que están destruyendo Suecia”, afirmó Andersson al anunciar la iniciativa. La dirigente sostuvo que la respuesta debía alcanzar a los jefes de las organizaciones, sus fuentes de financiación y los mecanismos con los que incorporan a niños y adolescentes.

Una ley para perseguir a los jefes de las bandas

La primera medida planteó la creación de una ley sueca contra la mafia. La norma buscaría establecer responsabilidad penal colectiva para integrantes de estructuras criminales y ampliar el uso de testigos de la fiscalía en las investigaciones. El programa también propuso extender las posibilidades de aplicar medidas restrictivas sobre delincuentes vinculados con bandas. La formación no detalló en el comunicado cuáles serían esas medidas, pero las presentó como parte de una estrategia para limitar la capacidad operativa de los grupos criminales. También anunciaron la ampliación hasta los menores de al menos 14 años de las penas por delitos de sangre.

Carvalho definió el problema en términos institucionales. “El crimen organizado es el enemigo del Estado sueco y del pueblo sueco”, afirmó. La dirigente añadió que el partido aspiraba a elevar “de forma drástica” la presión sobre una delincuencia que, según sostuvo, amenaza al sistema. La economía ilegal ocupó otro lugar en el paquete. Los socialdemócratas propusieron elevar las penas y reforzar la Autoridad contra los Delitos Económicos. El objetivo era convertirla en una Autoridad contra el Crimen Organizado, denominada MOB. La propuesta incluyó el decomiso de los bienes de delincuentes y la creación de un fondo de confiscación. Esos recursos se destinarán a barrios afectados por la criminalidad y a iniciativas que refuercen la seguridad.

Cortar el reclutamiento de adolescentes

El programa dedicó dos de sus siete puntos a prevenir la incorporación de menores a las bandas. Los socialdemócratas plantearon detectar a jóvenes que se aproximen a entornos delictivos y asignarles un acompañante. El anuncio también contempló también el uso de vigilancia electrónica en los casos que las autoridades consideren necesarios. La segunda iniciativa de prevención prevé un programa nacional para familias en situación de riesgo. La medida apunta a niños y adolescentes que crecen en hogares con antecedentes penales o en circunstancias complejas.

La agenda de seguridad permitió a los socialdemócratas disputar un tema que suele favorecer a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en Europa. En Suecia, la formación de Andersson colocó la lucha contra las bandas entre sus prioridades electorales sin renunciar a medidas de intervención social sobre los menores y sus familias. Un resultado inusual en los últimos años.