La letra pequeña del “todo incluido por 650 euros” en las autoescuelas: la OCU alerta de tasas, prácticas y cláusulas ocultas

Perder clases ya pagadas, afrontar una penalización de hasta 300 euros por cambiar de centro o no recuperar el dinero tras solicitar la baja. Estas son algunas de las prácticas que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha detectado en contratos de algunas autoescuelas, además de precios poco transparentes en ofertas de “todo incluido”, que pueden dejar fuera gastos como las tasas de examen, certificados o clases prácticas adicionales. Por ello, la entidad aconseja leer con atención las condiciones antes de matricularse y comprobar qué incluye el precio anunciado, con el fin de evitar costes imprevistos.

Tras analizar contratos y reclamaciones, la OCU ha advertido este martes de la presencia de “cláusulas potencialmente abusivas y precios poco transparentes”, sobre todo en los paquetes que se anuncian como “todo incluido”. La organización ha recordado que las autoescuelas deben informar de forma clara del precio final con el IVA, así como detallar si la tarifa incluye las tasas de la Dirección General de Tráfico (DGT), certificados y otros gastos administrativos. También deben precisar cuántas clases prácticas contempla la oferta, cuya cifra puede oscilar entre ocho y 22, y la duración de cada sesión, que varía entre 45 y 90 minutos.

Además, los centros deben comunicar la vigencia de la promoción, el derecho de desistimiento, cuando corresponda, y las condiciones para las convocatorias y los exámenes.

Tasas de examen

La OCU ha cuestionado anuncios como “Obtén el permiso B2 por 650 euros, todo incluido” cuando las tasas de examen, de alrededor de 100 euros, se cobran por separado o cuando no se informa de que las prácticas incluidas son limitadas. Según la organización, suelen hacer falta 25 clases prácticas, con un precio medio de 30 euros cada una.

También advierte de que algunos contratos dificultan la salida del alumno: prevén la retención de los pagos realizados, multas de hasta 300 euros por el traslado del expediente y plazos o gestiones que complican el cambio de centro. Asimismo, señala cobros por servicios no prestados, como la pérdida de clases ya abonadas cuando la autoescuela no tiene disponibilidad, y modificaciones de tarifas o condiciones contractuales que no habían sido pactadas con el alumno.

La organización considera que estas prácticas deben ser supervisadas y, si corresponde, sancionadas por las autoridades autonómicas y municipales de consumo.