Cuatro agentes de la Policía francesa, suspendidos por comentarios racistas, machistas y homófobos tras una grabación accidental de su cámara corporal

Cuatro agentes de la Policía Municipal de Carcasona han sido suspendidos y han perdido su habilitación tras la difusión de una grabación captada por error durante una patrulla de seis horas en noviembre de 2025. La cámara corporal de uno de los policías quedó encendida sin que el agente se diera cuenta, según la versión que él mismo trasladó posteriormente a la justicia y que publica France3.

Racismo, machismo, xenofobia, y homofobia

En el vehículo viajaban cuatro miembros del cuerpo. Los fragmentos difundidos recogen expresiones contra personas extranjeras, racializadas, mujeres y personas homosexuales. El jefe de patrulla afirma: “Nos hicimos cristianos con Clodoveo, nos haremos musulmanes con Macron”. Según Révolution Permanente, el mismo agente llegó a decir que esperaba un golpe de Estado liderado por un general y el Ejército. Hablan de “poner en la picota a Macron y a todos los maricones”; y conversan sobre la teoría conspirativa de que Brigitte Macron, primera dama, sería una persona trans.

Otro de los agentes afirma: “Es un árabe que huele a kebab”. En otro pasaje se escucha: “Ya no aguanto más, en el centro, al árabe, al negro, al negro, al árabe, al afgano…”. Los policías comentan también el caso de una mujer implicada en un accidente de tráfico y uno de ellos dice: “Igual es un migrante. Un pequeño Kirikú. Kirikú en la sabana, le atropellan”.

La grabación incluye igualmente comentarios sobre mujeres. Tras dirigirse a una transeúnte con un insulto, uno de los agentes añade: “El patriarca es el que manda en casa, el que tiene erección y músculos; en tiempos de Cromañón funcionaba así, las gilipollas de las cavernas, si no estaban con su hombre, las mataban fuera”.

El diario Midi Libre fue el primero en revelar el contenido de la grabación. Otro medio, Révolution Permanente, publicó fragmentos adicionales, entre ellos la frase “conducen rápido esos árabes, ayer iban en camello y hoy en coche”, además de recoger comentarios de los agentes contra personas sin hogar.

El material permaneció ocho meses bajo investigación preliminar

Otros policías descubrieron las imágenes el 8 de noviembre de 2025, cuando intentaban liberar la memoria de la cámara, y lo comunicaron de inmediato a sus superiores. El jefe de la patrulla, identificado en la información difundida como C. R., denunció el 31 de diciembre de 2025 ante la Gendarmería de Trèbes una “violación de la intimidad de la vida privada”, alegando una “mala manipulación” del dispositivo.

Ese mismo día, la Fiscalía de Carcasona abrió una investigación judicial que continuaba en curso el 9 de septiembre de 2026. De forma paralela, el Ayuntamiento había iniciado el 23 de diciembre de 2025 una investigación administrativa cuyas conclusiones, según indicó la fiscalía, aún no habían sido remitidas.

El alcalde, Christophe Barthès, sostuvo que la investigación municipal no ha permitido “establecer con certeza la identidad de los autores de cada una de las declaraciones grabadas”. El regidor atribuyó además la falta de una respuesta anterior a la gestión municipal previa, a la que acusó de haber “escondido este asunto debajo de la alfombra en plena campaña electoral”.

Uno de los agentes pertenecía al servicio de seguridad del RN

El principal implicado, afiliado al partido de Marine Le Pen -Agrupación Nacional (RN)- de 50 años y antiguo paracaidista, formaba parte del Departamento de Protección y Seguridad del RN y había integrado el dispositivo de seguridad de Jordan Bardella, político conservador francés y miembro del Parlamento Europeo, durante una visita al departamento de Aude en febrero de 2026. El partido informó de su suspensión como militante y de su salida del servicio de seguridad, y aseguró que condenaba sus declaraciones “con la mayor firmeza”.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó los comentarios de “indignos del uniforme de la Policía Municipal” y ordenó una inspección del cuerpo a cargo de la Inspección General de la Administración. La Federación Autónoma de la Función Pública Territorial señaló que “este comportamiento no refleja en absoluto el de los 29.000 policías municipales que ejercen en Francia”.

Un caso similar de los Mossos d’Esquadra llegó a juicio en España

Un episodio comparable se produjo en Cataluña con seis agentes de los Mossos d’Esquadra, condenados por una agresión racista cometida el 10 de enero de 2019 en Sant Feliu de Sasserra, en la comarca del Bages, contra el joven Wubi. Los agentes acudieron al inmueble para ejecutar un desahucio y localizaron al joven en el garaje del edificio.

Según el escrito de la Fiscalía, los policías empujaron y escupieron a Wubi, le propinaron golpes en la cabeza y patadas en los costados mientras le lanzaban bolsas de basura y le proferían insultos racistas. El joven grabó parte de la agresión con su teléfono móvil sin que los agentes se dieran cuenta, en una grabación de casi ocho minutos que se convirtió en la principal prueba del caso. En el audio se escuchan expresiones como “negro de mierda, hijo de la gran puta”, “tú eres un mono, es lo que eres”, “soy racista, y mucho” y “la próxima vez que veas a la policía corre, pero intenta irte muy lejos, vete más lejos de África”.

Wubi logró huir hacia un descampado próximo. Uno de los agentes lo siguió y efectuó un disparo al aire que no llegó a alcanzarlo, con la intención, según la Fiscalía, de “amedrentar y atemorizar” al joven. Tras mantenerse escondido, Wubi decidió regresar al inmueble para colaborar con la policía. Al verlo, uno de los agentes le dijo: “Eh, he fallado, si no te reviento. Te he disparado, eh”. Los policías lo llevaron de nuevo al garaje, donde continuaron los golpes e insultos, entre ellos uno que se refirió a él como “Kunta”, en alusión al personaje de ficción Kunta Kinte, según recogió la Fiscalía.

Durante el traslado a comisaría prosiguieron las vejaciones. Ante la pregunta del joven, “¿Por qué sois así de malos?”, uno de los agentes respondió: “Somos ordenados”. Los seis policías pertenecían al Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), una unidad de apoyo a los antidisturbios de la policía catalana.

La Fiscalía, que inicialmente pedía tres años y medio de cárcel; y la acusación particular, que reclamaba hasta seis años por un delito de torturas, rebajaron la petición a un año de prisión y seis meses de inhabilitación. El tribunal dictó sentencia “in voce” y suspendió la ejecución de la pena de cárcel, con la condición de que los condenados participaran en un programa de igualdad de trato y no discriminación, no se acercaran a la víctima durante cuatro años y abonaran una indemnización de 80.000 euros.

Cinco de los seis agentes recibieron la agravante de racismo por un delito contra la integridad moral, además de otro de lesiones leves. El Departamento de Interior de la Generalitat, entonces a cargo de Pere Ferrer como director general de Policía, anunció la expulsión de los seis agentes del cuerpo, una consecuencia automática de la inhabilitación impuesta en la sentencia. Los agentes habían continuado en el cuerpo, aunque apartados de la unidad ARRO, durante los más de cuatro años que duró el proceso judicial.