La Fiscalía denuncia que solo tiene 31 delegados en España para combatir el narcotráfico: “No basta con incautar droga, hay que conseguir condenas para los culpables”

La Fiscalía General del Estado es contundente. El narcotrafico “representa la mayor amenaza proveniente del entorno del crimen organizado y la delincuencia grave”. España es un lugar estratégico, un país “clave en las rutas marítimas globales”. Por las costas andaluzas entra el hachís que se cultiva en Marruecos y por los puertos entra la mayor parte de la cocaína suramericana que luego inunda los mercados europeos. Pero faltan medios. Así lo denuncia la última memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2025, presentada este jueves tras la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo.

La Fiscalía propone adaptar la estructura judicial y sus capacidades para la lucha especializada contra la actual delincuencia organizada relacionada con el tráfico de drogas. “El desarrollo de esta línea de acción debe partir de la consciencia de que una acción eficaz contra el narcotráfico no se logra con el incremento de las incautaciones y detenciones, sino que es necesaria una decidida y adecuada acción judicial para acabar con la condena de los culpables”, destaca la Fiscalía Especial Antidroga dirigida por Rosa Ana Morán. No basta siquiera con conformarse “con el enjuiciamiento de los detenidos, que suelen ser los responsables de los escalones más bajos del narcotráfico”.

Esta Fiscalía especial destaca que una “investigación adecuada” no debe centrarse únicamente en la explotación de operaciones con entradas y registros simultáneas, ni termina con las noticias de la incautación de kilogramos de sustancia ilícita y un número alto de detenidos, “sino que requiere de capacidades de inteligencia, tiempo de investigación, uso de técnicas especiales, medidas de investigación tecnológica y complejas investigaciones de operaciones financieras y grandes patrimonios que requieren especialización”. Y todo esto se consigue con más medios. Y con los que hay ahora no es suficiente.

Esta especialización es imprescindible ante la creciente complejidad de los procedimientos judiciales. “La única especialización en esta materia, sin embargo, se centra en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, lo que es notoriamente insuficiente. Incluso la Fiscalía Especial Antidroga tiene un despliegue territorial incompleto, ya que solo cuenta con 31 delegados, frente a cualquier otra unidad especializada de la Fiscalía General, que tiene delegados en todas las fiscalías provinciales”, denuncian desde Antidroga. Y eso que en 2025 ese número de delegados creció de 28 a 31, al nombrarse nuevos puestos en Zaragoza, Toledo y Badajoz.

No basta con la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional sigue instruyendo los casos más graves y complejos (los que tienen grandes conexiones internacionales) o aquellos que son imposibles de investigar en el partido judicial competente (corrupción de funcionarios en el territorio a investigar). Además, “la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia como la Sala de lo Penal están sobrecargadas”, lo que provoca que sus instrucciones y enjuiciamiento se alarguen durante años. “El resultado directo es la absoluta ineficacia, la pérdida de sentido en el enjuiciamiento de hechos de una década anterior y la automática reducción de las penas por la aplicación directa de la atenuación de dilaciones indebidas”.

Pero más allá de la Audiencia Nacional no hay especialización alguna en los órganos judiciales territoriales y su sobrecarga permite observar, no solo en poblaciones pequeñas, sino también en las grandes capitales, “reticencias reiteradas a asumir la investigación de organizaciones criminales, sabido que normalmente son largas, con muchos implicados y precisan medidas de investigación especiales o tecnológicas que requieren un control estrecho por parte del órgano judicial”, señala la memoria.

La situación de sobrecarga de los juzgados no garantiza la respuesta en tiempo eficaz para este tipo de investigaciones, recalcan desde Antidroga. “En resumen, una buena parte de las posibles investigaciones de organizaciones criminales dedicas al narcotráfico se frustran por la inadecuada o tardía respuesta de los órganos judiciales”. Esta llamada de atención sobre la lentitud de las investigaciones afecta también a la insuficiencia de los recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “tanto desde el punto de vista de la dotación de aquellos instrumentos técnicos e informáticos avanzados para que puedan ser utilizados en las investigaciones, como humanos, ya que se detectan retrasos notables en el volcado de los dispositivos incautados, fuente imprescindible para el conocimiento de los hechos y la prueba en juicio oral de los delitos imputados”.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decomisaron 370 toneladas de cocaína, hachís, marihuana y heroína en 2025, según la Estadística Anual sobre Drogas elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), organismo dependiente del Ministerio del Interior. Fue presentada hace unas semanas y revela que las incautaciones de hachís son las únicas que subieron (un 29%). La Fiscalía, por su parte, asegura que la inadecuada respuesta judicial “se produce por la sobrecarga de las Audiencias Provinciales y el alargamiento de la fase intermedia hasta llegar al enjuiciamiento”.

Escasez de funcionarios

Varios delegados provinciales (de Barcelona, de Islas Baleares y de Galicia) han alertado del estancamiento de las causas en las Audiencias Provinciales. “Sufren la mayoría de estos órganos un exceso de causas para señalamiento, escasez de funcionarios, falta de fechas y salas para las vistas de forma que los señalamientos se alargan indefinidamente”, señala la memoria. Para dejar constancia más clara, la delegada de Antidroga en las Islas Baleares estima que las causas sin preso (imputados en libertad) serán enjuiciadas en la Audiencia Provincial en 2030, mientras que las que tienen preso esperan un periodo de unos dos años.

La Fiscalía aporta posibles soluciones: la urgente necesidad de un cambio de la organización judicial en dos ámbitos. El primero dirigido a reforzar la Audiencia Nacional ante su situación de sobrecarga y redefinir sus competencias para acoger en este órgano centralizado y especializado los delitos realmente más complejos y con relevante dimensión internacional. “Se trata también de evitar el traslado tardío a la Audiencia Nacional de investigaciones realizadas en el territorio que se remiten cuando la investigación se complica y finalmente se comprueba o sugiere alguna conexión con el territorio de una provincia limítrofe”.

El segundo cambio, que Antidroga lleva proponiendo desde 2022, pasa por la especialización de órganos jurisdiccionales territoriales en materia de delincuencia organizada. Esto permitiría la creación de secciones de instrucción especializadas en zonas afectadas en materia de delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas. Algo que todavía no se ha implementado. Por último, es necesaria una nueva regulación de los agentes encubiertos y una definición legal completa de las operaciones encubiertas. “Esta normativa debe permitir actuaciones de los agentes con la suficiente cobertura y su debida protección, garantizando el derecho de la defensa, pero sin poner en riesgo la identidad y seguridad de quienes se prestan a estas funciones no exentas de peligros y que requieren el reconocimiento y la debida protección por el Estado para el que trabajan”.

En 2025 hubo menos procedimientos judiciales por droga que en 2024, sobre todo en las provincias que cuentan con delegado de la Fiscalía Antidroga, salvo en las provincias de Guipúzcoa y Castellón, donde el incremento (76,39% y 65,56% respectivamente) es grande y se aleja del resto de esta situación. El resto de los porcentajes de incremento de causas por tráfico de drogas se da en provincias sin delegado, como el llamativo crecimiento de Segovia, en el que el aumento es del 54,17%, en Cuenca del 48,15%, en Córdoba del 45,35%, en León del 34,29%, en Soria del 30,77%, en Lugo del 21,31% y en más del 10% en otras provincias sin delegación como Ourense, Salamanca, Valladolid, Jaén o La Rioja, “lo que abunda en la idea de la necesidad de seguir aumentando el número de delegados”, concluye la Fiscalía Antidroga.