La presidenta del Supremo lanza un aviso al Gobierno por sus críticas a los jueces delante del rey y Bolaños: “Es una imputación de extraordinaria gravedad”

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha aprovechado la apertura del año judicial para poner negro sobre blanco el malestar de la cúpula judicial con las acusaciones de lawfare que se vienen lanzando desde el ámbito político. Y lo ha hecho delante del rey y con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, sentado entre los asistentes. Perelló no ha mencionado a Pedro Sánchez ni al Gobierno, pero el destinatario de su mensaje resultaba difícil de obviar: ha advertido de la “extraordinaria gravedad” que tienen las acusaciones generalizadas de que jueces y tribunales dictan sus resoluciones por motivos políticos y no jurídicos.

La presidenta del Supremo ha marcado así una línea roja en un momento especialmente delicado para las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. “Las acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no jurídicas es una imputación de extraordinaria gravedad”, ha señalado durante su intervención. No se trata, ha explicado, de una crítica más a una resolución judicial. Atribuir a un juez que actúa movido por intereses políticos puede llegar incluso a imputarle una conducta delictiva.

Perelló ha puesto el acento, además, en quién formula esas acusaciones, porque una cosa es cuestionar una sentencia o discrepar de la actuación de un magistrado y otra muy distinta convertir esa discrepancia en una descalificación personal de quien la firma. En ese segundo escenario, ha advertido, el daño deja de afectar únicamente al juez señalado y alcanza a la propia función jurisdiccional.

La consecuencia, según la presidenta del CGPJ, es también institucional: se resiente la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Y si quienes alimentan ese discurso ocupan responsabilidades institucionales, el problema adquiere todavía mayor dimensión. “La gravedad es mayor”, ha afirmado Perelló, antes de lanzar una advertencia especialmente contundente: este tipo de acusaciones “no es admisible” y puede terminar convirtiéndose en un elemento de “presión” sobre jueces y tribunales.

El mensaje llega en plena escalada de tensión entre el Gobierno y determinados órganos judiciales. Una relación complicada desde el comienzo de la legislatura y que se ha ido enrareciendo a medida que distintas causas y resoluciones han afectado al entorno del presidente del Gobierno, al PSOE o a decisiones políticas impulsadas por el Ejecutivo.

Desde Moncloa se ha interpretado en numerosas ocasiones la actuación de los tribunales como parte de una estrategia de desgaste contra Pedro Sánchez. La tesis no se ha limitado ya a los procedimientos que afectan directamente al presidente o a su familia. El choque se ha extendido a aquellas decisiones judiciales que, aunque no tengan como protagonistas a dirigentes socialistas, cuestionan de algún modo el relato mantenido por el Gobierno.

Del caso de Ceuta a la ‘ley de nietos’

El último pulso tiene varios frentes. Uno de ellos es la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. En este procedimiento, la actuación de la Policía y la investigación judicial dirigida por la magistrada María Tardón han puesto sobre la mesa elementos que no encajan con la versión oficial defendida desde Moncloa, que desde el primer momento ha desvinculado a Marruecos de la avalancha.

La cuestión ha vuelto a alimentar el debate político sobre el supuesto lawfare y sobre el papel de los jueces cuando sus investigaciones ponen en cuestión una explicación oficial. Es precisamente en este tipo de escenarios donde las palabras de Perelló adquieren mayor relevancia: la presidenta del Supremo ha defendido que se pueda criticar una decisión judicial, pero considera que presentar de forma generalizada a los jueces como actores políticos traspasa una frontera distinta.

Algo parecido ha ocurrido con la reciente decisión de la Sala Tercera del Supremo sobre la denominada ‘ley de nietos’. El tribunal ha adoptado una medida cautelar que deja fuera del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los descendientes de españoles residentes en el extranjero que no acrediten que son hijos, nietos o bisnietos de exiliados o represaliados.

La decisión ha provocado una reacción inmediata del Gobierno. El Ejecutivo ha cuestionado que descendientes de españoles que ya han obtenido la nacionalidad puedan verse privados del derecho a votar por no cumplir las condiciones establecidas en la resolución cautelar. De nuevo, una decisión judicial ha terminado convertida en un asunto de fuerte carga política.

Es el contexto en el que Perelló ha decidido elevar el tono. No ha entrado en el contenido de ninguna de estas causas ni ha defendido una resolución concreta. Su intervención ha ido a una cuestión más de fondo: la necesidad de preservar la autoridad de los tribunales y la independencia de los jueces frente a las acusaciones de actuar por motivos políticos.