
La guerra de versiones entre el Ministerio de Defensa e Interior por si se conocía o no la entrada masiva de más de 80.000 personas en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio ha terminado con la publicación de 40 informes y comunicaciones sobre la situación en la ciudad autónoma antes, durante y después de lo ocurrido. El papel de Marruecos se ha convertido en uno de los puntos de fricción a raíz de la documentación conocida en las últimas semanas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siempre ha apostado por desvincular al país vecino de lo ocurrido, mientras que la filtración el pasado 1 de septiembre de un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) apuntaba en otra dirección: atribuía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos un “guiado activo” de centenares de personas “a través del agua” con el objetivo de “dirigir un flujo masivo de personas a Ceuta”.
Ahora, los documentos desclasificados permiten reconstruir qué valoración hicieron los distintos organismos españoles sobre la actuación de las fuerzas marroquíes mientras la entrada masiva ya estaba en marcha. En apenas 50 minutos del 30 de julio, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), el Estado Mayor de la Guardia Civil y la Jefatura de Información del mismo cuerpo realizaron valoraciones diferentes sobre la actitud de Marruecos: desde considerar que había actuado de forma “negligente y pasiva” hasta estimar “poco probable” que existiera una “dejación evidente de funciones”.
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Según la información proporcionada por La Moncloa, el CIFAS, órgano dependiente del Ministerio de Defensa, envió a las 13.00 horas del 30 de julio un informe clasificado donde aseguraba que consideraba “muy probable” que las autoridades marroquíes no estuvieran “favoreciendo activamente” la oleada migratoria, pero sí que hasta ese momento, hubieran actuado “de forma negligente y pasiva”.
La Fiesta del Trono como factor de riesgo
El informe tampoco cerraba la puerta a una motivación política. Aunque no establecía una relación causal, señalaba que “no se puede descartar” cierto “descontento en el Majzen” por la visita de Pedro Sánchez a Argelia a mediados de julio y contemplaba también la posibilidad de que Marruecos tratara de “explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos”.
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De la misma manera, pero unos 20 minutos después, un informe sobre la presión migratoria por nadadores en Ceuta enviado en un correo electrónico por el Estado Mayor de la Guardia Civil trasladaba una valoración todavía más explícita sobre lo que estaba ocurriendo: “Por parte de las autoridades marroquíes se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza”, recogía el documento. El cuerpo advertía además de un cambio respecto a las jornadas anteriores: “Hasta el día de ayer [29 de julio] sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada”.
Sin embargo, media hora más tarde, a las 13.50 horas, otro órgano de la propia Guardia Civil rebajaba esa hipótesis. La Jefatura de Información consideraba “muy poco probable” que la monarquía marroquí estuviera utilizando la inmigración como represalia contra España por su acercamiento a Argelia. Entre sus argumentos figuraban que los medios oficialistas marroquíes no habían criticado las nuevas relaciones entre ambos países y que aquel 30 de julio coincidía con la Fiesta del Trono, una fecha especialmente señalada para el reino alauí.
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Lo que sabía la Policía antes del 30 de julio
Por esto mismo, las interceptaciones realizadas por las fuerzas marroquíes durante los días anteriores llevaban al organismo a considerar “poco probable” que la aproximación masiva al Tarajal respondiera a una “dejación evidente de funciones de las autoridades marroquíes”.

Los informes elaborados por la Policía Nacional durante los días previos ya contemplaban la actitud de las autoridades marroquíes como uno de los factores que podían influir en la presión migratoria, especialmente por la celebración, el 30 de julio, de la Fiesta del Trono.
Los documentos del Grupo de Fuentes Abiertas y del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) fueron modificando su evaluación conforme se acercaba esa fecha. El 28 de julio, la Policía calificaba los cruces de migrantes a nado como una “incidencia relativa” y aseguraba que no apreciaba indicadores que apuntaran a la “organización articulada de un salto masivo o asalto violento”. Solo 24 horas después elevó el riesgo de las entradas a nado a “muy alto” tras detectar “comunicaciones internas en grupos de migrantes” que trataban de organizar entradas masivas por tierra y mar.
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