Hasta 3.500 Є por hectárea: así serán las ayudas del Gobierno a los agricultores afectados por los incendios

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto el procedimiento de consulta pública del proyecto de real decreto que regulará las ayudas extraordinarias destinadas a agricultores y ganaderos afectados por los incendios registrados en España durante 2026. El plan pretende dar respuesta a una campaña especialmente grave, con daños que han golpeado cultivos, explotaciones ganaderas e infraestructuras vinculadas a la actividad agraria en distintas zonas del país.

La dimensión de los incendios explica el carácter excepcional de la medida. Más de 270.000 hectáreas han resultado afectadas por el fuego, de las que alrededor de 60.000 corresponden a superficie agraria. El impacto no se limita a los terrenos de cultivo: también alcanza pastos, colmenares, instalaciones rurales y otras infraestructuras necesarias para mantener la actividad económica en las zonas afectadas.

El Gobierno considera que las consecuencias de estos incendios pueden comprometer la continuidad de numerosas explotaciones y, con ella, el empleo y la actividad económica de territorios especialmente dependientes del sector primario. Por ello, el proyecto plantea un paquete de medidas destinado tanto a reforzar la cobertura del seguro agrario como a compensar parte de las pérdidas que no hayan quedado cubiertas por las indemnizaciones.

Las ayudas estarán dirigidas a los titulares de explotaciones que contaran con una póliza de seguro agrario combinado y que hayan tenido derecho a recibir una indemnización. El objetivo es complementar el coste de las primas, compensar la producción asegurada que haya sufrido daños pero no haya sido indemnizada y contribuir a paliar la pérdida de renta provocada por los incendios.

El seguro agrario podrá recibir una subvención de hasta el 70%

Uno de los pilares del decreto será el refuerzo extraordinario del apoyo público al seguro agrario. El Gobierno prevé elevar la subvención correspondiente a las pólizas, sumando las aportaciones estatales y autonómicas, hasta alcanzar el 70% del coste total de la prima. Se trata del máximo porcentaje permitido por la normativa europea para este tipo de seguros.

La medida se aplicará a los titulares de pólizas que estuvieran vigentes y que hayan sufrido daños indemnizables provocados por incendios declarados entre el 1 de enero y el 7 de septiembre de 2026. De esta forma, el Ejecutivo busca fortalecer una herramienta que considera estratégica para hacer frente a los riesgos que amenazan a las explotaciones agrarias.

La intención es que los productores dispongan de una mayor protección económica ante fenómenos adversos y que el coste de las pólizas no suponga una barrera para mantener aseguradas las explotaciones frente a episodios capaces de provocar pérdidas millonarias en pocas horas.

Hasta 3.500 euros por hectárea para los frutales

Las ayudas directas se articularán dentro del sistema de ayudas de minimis, conforme al Reglamento (UE) 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013. Las cantidades variarán en función del tipo de producción afectada, con importes específicos tanto para determinados cultivos como para las explotaciones ganaderas y apícolas.

Entre las cuantías previstas destaca la destinada a los frutales, con hasta 3.500 euros por hectárea. Los productores de cítricos podrán acceder a ayudas de hasta 1.900 euros por hectárea, mientras que para el viñedo se contemplan hasta 900 euros por hectárea y para el olivar hasta 500 euros por hectárea.

En el ámbito ganadero también se establecen cantidades diferenciadas. El proyecto fija ayudas de hasta 450 euros por animal afectado en el caso del bovino, mientras que las explotaciones apícolas podrán recibir hasta 50 euros por cada colmena afectada. Las cuantías pretenden contribuir a cubrir parte de las pérdidas sufridas y favorecer la recuperación de la actividad productiva.

Un procedimiento simplificado para acelerar los pagos

El decreto reconoce además el papel estratégico del sistema español de seguros agrarios como una de las principales herramientas para gestionar los riesgos derivados de fenómenos adversos. La creciente frecuencia e intensidad de estos episodios refuerza, según el planteamiento del Ministerio, la necesidad de contar con mecanismos capaces de responder con rapidez cuando una explotación resulta gravemente dañada.

Para evitar que las ayudas lleguen tarde a quienes las necesitan, el Gobierno prevé que su tramitación se realice mediante un procedimiento simplificado y mayoritariamente automático. La intención es reducir las cargas administrativas y acelerar el proceso de reconocimiento y pago de las ayudas a los productores afectados. Con la apertura de la consulta pública comienza ahora el proceso para aprobar el real decreto que dará forma definitiva a estas ayudas.