
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha condenado a la sanidad de Castilla-La Mancha (Sescam) por el retraso en el diagnóstico de una paciente con infección pélvica. La mujer, identificada como Sabina en la sentencia, recibirá una indemnización de 70.000 euros por las complicaciones en su tratamiento.
Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2017, cuando la paciente acudió al servicio de Urgencias del Hospital General de Albacete con dolor abdominal. Las molestias persistían desde hacía 24 horas e iban a más según pasaba el tiempo, acompañadas de una febrícula de 37,5 ºC. Los médicos le realizaron varias pruebas para descartar una infección urinaria y le mandaron a casa con antibióticos.
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El dolor no mejora y Sabina vuelve al hospital cuatro días después, el 1 de noviembre. Los cultivos ya mostraban que no había infección urinaria, pero los sanitarios continuaron sin plantearse la infección pélvica. Los especialistas del servicio de Ginecología encargaron una ecografía, en la que observaron dos pequeñas formaciones en el ovario derecho, de aproximadamente tres centímetros. La paciente fue dada de alta de nuevo, con el mismo tratamiento antibiótico y una pauta de paracetamol para el dolor.
Sabina volvió una tercera vez al hospital, el 6 de noviembre, a la unidad de enfermedades infecciosas, donde finalmente se valoró la posibilidad de una patología infecciosa pélvica.
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Dos operaciones y una perforación de estómago a causa del retraso

El diagnóstico llegó tarde y con la enfermedad en estado grave (grado III). La mujer ya presentaba abscesos en ambos tubos ováricos y una masa quística multiobulada de cerca de cinco centímetros, por lo que se quedó ingresada en Ginecología con un nuevo tratamiento farmacológico.
La paciente estuvo más de una semana en el centro sin que la terapia diera los resultados esperados, por lo que el 15 de noviembre los médicos decidieron realizar una operación por laparoscopia. La intervención le provocó una perforación del intestino, lo que obligó a una cirugía de urgencia el 18 de noviembre, donde le extirparon 10 centímetros de intestino.
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Sabina pudo salir del hospital al mes siguiente, el 11 de diciembre, pero sus problemas de salud no acabaron ahí. En noviembre de 2018, tuvo que volver al centro por una eventración abdominal, de la que fue operada en marzo de 2019.
Los magistrados entienden que el diagnóstico fuera erróneo la primera vez que Sabina acudió al hospital albaceteño, pero consideran que, para el 1 de noviembre, la infección pélvica debía haberse planteado. En la sentencia expresan que, después de cinco días de evolución desfavorable, “ya se podían manejar otras variables” y que “era preciso investigar más para saber la causa” de la infección que presentaba. “Si en un primer momento era totalmente aceptable, comprensible y no reprochable no haber aceptado en el diagnóstico correcto, no lo fue cuando acudió por segunda vez”, resume el fallo judicial.
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El TSJCLM insiste en que, cuando por fin se diagnosticó a la paciente, “la enfermedad se encontraba en un estadio evolutivo importante” y presentaba “una situación ya grave”. El texto recalca, además, que la nula efectividad de los antibióticos debió ser una señal de alarma “después de 48-72 horas”, tal y como indican las guías médicas de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. “Debió intervenirse no más allá del día 9-10 de noviembre”, consideran los magistrados, “un retraso de cinco días dada la tórpida evolución de la paciente, que llegó a situación de grave peligro vital, determinó una clara pérdida de oportunidad de mejor pronóstico, tratamiento y problemas ulteriores”, valoran.
Por todo ello, el TSJCLM obliga al Sescam a indemnizar con 70.000 euros a la paciente. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
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