Dos años más de freno a la compra especulativa, nuevas prórrogas de alquiler para inquilinos vulnerables y una dotación de 10.000 millones de euros para préstamos a la primera vivienda. Estas son algunas de las novedades que ha introducido el Gobierno en la segunda redacción de los dos decretos de vivienda tumbados el pasado viernes en Consejo de Ministros. A esas medidas se suman 400 millones de euros para vivienda social, 280 millones en avales para construcción industrializada y la incorporación de inmuebles de la Seguridad Social al parque público de alquiler asequible.
Los dos textos se enfrentan ahora a un nuevo trámite para su convalidación. Con las Cortes disueltas tras la convocatoria electoral, los decretos ya no se someterán al Pleno del Congreso, sino a la Diputación Permanente, el órgano que asume las funciones de la Cámara mientras dura la disolución. En ese organismo, Junts pierde su capacidad de veto, lo que mejora las opciones del primer decreto, el que concentra el grueso de las medidas. El segundo texto, que recoge la prórroga automática de los alquileres, solo podrá convalidarse si el Ejecutivo logra el apoyo del PNV, un escenario que el propio Gobierno da por descartado.
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Dos años más de freno a la compra especulativa
La prohibición de adquirir viviendas por debajo del 70% de su valor de mercado, dirigida a fondos de inversión, ahora se extiende hasta el 31 de diciembre de 2030, dos años más que la versión original. El segundo decreto también amplía a quién alcanza la restricción. Mientras el primero se centraba en entidades dedicadas a comprar carteras de hipotecas impagadas a precio de saldo, la nueva redacción incorpora de forma expresa a cualquier gran tenedor, definido como la persona o empresa propietaria de más de diez viviendas, junto con las entidades de su mismo grupo empresarial.
Otra novedad es la exigencia de una tasación más rigurosa: el valor de mercado de la vivienda deberá fijarlo una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Banco de España, independiente de comprador y vendedor. El texto incorpora además una definición de “contraprestación total efectiva” para evitar que se oculte el precio real de una operación mediante deudas asumidas o ventajas patrimoniales no declaradas.
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El plazo para mantener el destino social de una vivienda adquirida bajo las excepciones de la norma también se modificó: pasó de un mínimo de cinco años a la obligación de conservarla como vivienda asequible hasta el 31 de diciembre de 2030. Y se sumó una protección que no existía en el primer decreto: si una entidad compra una vivienda ocupada por una persona vulnerable sin alternativa habitacional, el lanzamiento queda congelado hasta esa misma fecha.
Cambia el cálculo de la indemnización
El nuevo decreto también endurece las obligaciones de las administraciones frente a los desahucios de inquilinos vulnerables. La Administración competente tiene un plazo máximo de dos meses para ofrecer una vivienda alternativa; si no lo hace, debe pagar al propietario o depositar en el juzgado la deuda, las rentas devengadas y, como novedad, también los costes procesales. Si tampoco cumple ese pago, queda automáticamente subrogada en la deuda del inquilino, lo que impide el desalojo y mantiene vigente el contrato.
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El segundo decreto, el que busca hacer indefinidos los alquileres y que previsiblemente no logrará convalidarse, cambia además el cálculo de la indemnización que debe pagar el propietario si no renueva el contrato. La compensación será la mayor entre dos cifras: 12 mensualidades según el valor superior del rango que le corresponda a la vivienda en el sistema estatal de referencia de precios, o una mensualidad por cada año que el inquilino haya vivido allí.
Nuevas prórrogas para inquilinos, según su situación
El primer decreto contemplaba un único mecanismo de prórroga extraordinaria, de hasta dos años, aplicable a cualquier inquilino en cualquier zona del país. El segundo texto mantiene esa vía general, pero incorpora dos mecanismos adicionales directamente en la Ley de Arrendamientos Urbanos, con condiciones diferenciadas.
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El primero permite una prórroga de hasta un año cuando el inquilino acredita una situación de vulnerabilidad mediante un certificado de servicios sociales. En ese caso, la aceptación es obligatoria únicamente si el propietario tiene la condición de gran tenedor y los pequeños propietarios quedan al margen de esa obligación.
El segundo mecanismo habilita una prórroga de hasta tres años para viviendas ubicadas en zonas de mercado residencial tensionado, sin necesidad de acreditar vulnerabilidad. Esta vía resulta obligatoria para cualquier arrendador, sea grande o pequeño propietario, salvo que necesite la vivienda para uso propio o de su familia directa. El decreto aclara que esta última prórroga tiene carácter preferente sobre el mecanismo general de dos años cuando ambas puedan aplicarse.
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Cifras concretas para los fondos de vivienda
El primer decreto creaba el Fondo de Vivienda de Impacto Social y el mecanismo de préstamos TU CASA sin especificar montos en el propio articulado. El nuevo texto corrige esa omisión y especifica que el fondo arranca con una dotación inicial de 400 millones de euros, mientras que la línea TU CASA, destinada a préstamos sin interés para la compra de la primera vivienda, queda blindada con 10.000 millones de euros, más 5 millones adicionales para gastos financieros de gestión a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
El decreto también crea una Comisión Rectora interministerial, presidida por la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, encargada de supervisar la gestión de esos préstamos.
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Transparencia obligatoria en los anuncios de alquiler
Una de las incorporaciones completamente nuevas es la obligación de que toda oferta o publicidad de alquiler incluya información específica: el índice de referencia del precio en zonas tensionadas, la renta que pagaba el inquilino anterior en los últimos cinco años, el límite legal aplicable y la condición de gran tenedor del propietario, cuando corresponda.
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