La Comisión europea de libertades civiles exige a Marruecos pasar de "declaraciones a hechos" con los menores de Ceuta

El presidente de la Comisión de libertades civiles, justicia y asuntos exteriores del Parlamento europeo, Javier Zarzalejos --eurodiputado del PP--, ha exigido este miércoles a Marruecos pasar de "las declaraciones a los hechos" con los menores de Ceuta que permanecen en la Ciudad autónoma desde la invasión del pasado mes de julio.

La Comisión Europea defendía este pasado martes que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que cruzaron a la ciudad autónoma, alegando que el derecho de la Unión Europea también prevé su devolución.

En una entrevista en 'Canal Sur radio' recogida por Europa Press, Zarzalejos ha recordado que, en relación con los menores, los instrumentos jurídicos de los que dispone Europa prevén, en primer lugar, garantizar su asistencia; buscar la reagrupación familiar o la entrega a los servicios sociales de sus países de origen; y el asilo en caso de que lo pidan y que, de ser concedido, hace que los menores pasen a ser responsabilidad del Estado.

Aunque Marruecos ha expresado su intención de que vuelvan todos los menores que entraron a finales de julio de manera irregular en Ceuta, "hay una distancia bastante notable entre lo que dice y hace", se ha lamentado el presidente de la comisión de libertades civiles. Zarzalejos ha recordado que estos menores están en situación de vulnerabilidad; se desconocen sus condiciones sanitarias y, en el caso de las niñas, su vulnerabilidad se acentúa ante posibles abusos sexuales.

"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", indicaba en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, que ha celebrado las declaraciones del Gobierno de España de que nadie que permanezca ilegalmente en Ceuta será trasladado a la península.

Preguntado sobre si cuando se refiere a "todos" también incluye a los menores de edad, obviando la protección especial que le atribuye el derecho comunitario, respondía que "esto está regulado por el Derecho de la UE" y que está vigente desde la aprobación en 2008 de la Directiva de Retorno.

Según esa directiva, la decisión de retorno respecto de un menor sólo podrá darse tras habérsele concedido "la asistencia de los servicios pertinentes en el interés superior del niño". También recoge que antes de que un Estado miembro expulse de su territorio a un menor no acompañado "se cerciorará de que será entregado a un miembro de su familia, a un tutor designado o de que existen unos servicios de acogida adecuados en el país".

Fuentes comunitarias han explicado a Europa Press que el reglamento de retorno acordado el pasado mes de junio por el Parlamento Europeo y el Consejo (Estados) --que aún no ha entrado en vigor a falta del visto bueno formal de ambas instituciones-- también contiene disposiciones sobre los menores no acompañados "que son muy similares a las de la directiva".

El reglamento endurece la política de retornos y consolida los centros de deportación fuera del territorio de la UE, si bien los menores no acompañados quedan excluidos de dichos acuerdos o convenios con terceros países. Eso sí, abre la puerta a controles biométricos para verificar la edad de los menores y su detención como "ultimo recurso" durante "el período más breve posible", con un máximo de 24 meses.