El Estado regulará el precio del aceite de oliva: podrá retirar hasta el 20% de la producción para evitar que se desborde el mercado

El Ministerio de Agricultura de España se prepara para poner a prueba un nuevo mecanismo para blindar los precios del aceite de oliva ante lo que podría ser una cosecha récord en la campaña 2026/27: la retirada temporal de hasta el 20% de la producción nacional si la oferta supera un umbral preestablecido, con el objetivo de evitar caídas excesivas en el precio por la abundancia de producto. El trámite de audiencia pública del proyecto de orden ministerial que regula esta medida cierra este jueves 13 de agosto.

La norma, que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) se ampara en el reglamento europeo, que permite a los Estados miembros productores de aceite intervenir en el mercado para estabilizar la oferta cuando las circunstancias lo justifiquen. La aprobación definitiva debe producirse antes del 31 de octubre de 2026.

El mecanismo se activa cuando la suma de las existencias iniciales y la producción estimada de la campaña supera el 120% de la media de las seis últimas campañas. Una vez constatado ese desequilibrio, la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios emitirá antes del 15 de noviembre una resolución que fijará el porcentaje exacto de producto a retirar, con un tope máximo del 20% de la producción estimada. Todas las almazaras productoras quedarían obligadas a almacenar ese mismo porcentaje, con independencia de su tamaño, y el aceite apartado podría destinarse a usos no alimentarios hasta la siguiente campaña.

Previsiones para la próxima cosecha

Las condiciones meteorológicas de 2026, con precipitaciones abundantes y temperaturas suaves durante la primavera, favorecieron una floración y un cuajado del fruto por encima de lo habitual. El propio MAPA anticipa que la próxima cosecha podría situarse por encima de los niveles medios de las últimas campañas, lo que hace probable la activación efectiva de la norma por primera vez desde su diseño.

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía valoró “muy positivamente” que el ministerio haya avanzado en la tramitación, según recoge Europa Press. El presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de la federación, Cristóbal Gallego, aclaró que “no se trata de retirar aceite de manera automática ni de interferir artificialmente en el mercado, sino de disponer de una herramienta de prevención para aquellas campañas en las que las disponibilidades excedan claramente la capacidad de absorción del mercado, como parece que puede ser la siguiente campaña”.

Desde la federación andaluza defenderán, en la fase de negociación de las condiciones, que el porcentaje de retirada se aplique de forma objetiva sobre la producción de cada operador y que el aceite pueda permanecer inmovilizado en instalaciones propias o ajenas bajo control oficial. “La retirada deberá ser temporal, revisable y estrictamente proporcionada al volumen que el mercado no pueda absorber, garantizando al mismo tiempo el normal abastecimiento y unos precios razonables para los consumidores”, subrayó Gallego.

Una ley con precedentes que ya generaron polémica

La medida no es nueva en su diseño, pero sí lo sería en su aplicación. En la campaña 2025/26, el MAPA aprobó por primera vez una orden reguladora de este tipo, aunque el mecanismo nunca llegó a ejecutarse porque las existencias iniciales y las estimaciones de producción no alcanzaron el umbral fijado. “Este precedente demuestra que se trata de una herramienta condicionada a datos”, señalaron desde Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.

Esta vez, la norma vuelve a encontrar resistencia en la industria transformadora. Las patronales Asoliva y Anierac se opusieron a la regulación de la campaña anterior y la recurrieron ante la Audiencia Nacional, con el respaldo de un dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al considerar que la medida atentaba contra la competitividad del sector y los derechos de los consumidores. Ninguna de las dos organizaciones ha hecho pública su posición respecto a la norma de la campaña 2026/27 durante el período de audiencia pública.