La precariedad en la Inspección de Trabajo lastra el control del fraude laboral: “El personal se jubila a los 60 porque cobra lo mismo que trabajando”

Los sindicatos denuncian que la plantilla de inspectores sigue por debajo de los estándares internacionales

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (Jesús Hellín/Europa Press)
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (Jesús Hellín/Europa Press)

La Inspección de Trabajo se encuentra desbordada en un momento en el que la población activa en España roza los 25 millones de personas. El organismo, que depende del Ministerio de Trabajo dirigido por Yolanda Díaz, señala que la escasez de personal, la precariedad salarial y la insuficiencia de recursos técnicos dificultan la supervisión eficaz del fraude laboral.

La falta de personal fue el motivo que empujó a todos los estamentos de la Inspección de Trabajo a movilizarse y declararse en huelga, por primera vez en su historia, el pasado 2022 y 2023. Aquella movilización consiguió que el Ministerio de Función Pública reforzase ligeramente las plantillas de inspectores, pero a juicio de Fernando Boró, miembro de la ejecutiva de la sección sindical de FSC-CCOO en el Ministerio de Trabajo, las cifras siguen siendo “totalmente insuficientes” y por debajo de lo que marcan los estándares internacionales.

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El Registro Central de Personal del Ministerio de Función Pública, presidido por Óscar López, indica que la Inspección de Trabajo cuenta con 3.389 efectivos en toda España, de los cuales, según cifras facilitadas por el ministerio de Yolanda Díaz, 2.531 pertenecen al cuerpo de inspectores y subinspectores (contando con Cataluña y País Vasco) para atender a los casi 22.470.000 afiliados a la seguridad social. La recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es de un inspector por cada 10.000 personas.

En la mayoría de países, estas recomendaciones se superan. Miguel Ángel Montero, portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, recuerda que en España, antes de 2023, el baremo se situaba en 1 inspector por cada 15.000 personas. En 2019, apenas llegaba a los 1.910 efectivos.

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Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por este periódico defienden que se ha hecho un refuerzo en los últimos años con la incorporación de 610 funcionarios de inspección. “Desde hace dos años, este Gobierno destina 600.000 euros en 50 becas de estudio para facilitar el acceso a estos cuerpos”, añaden.

El presidente del Gobierno censura que el líder de la oposición utilice la palabra "cáncer" y se compromete a estar del lado de los trabajadores.

Desde CCOO insisten en que todavía no es suficiente porque, recuerdan, la Inspección “no solo supervisa a las empresas y las personas que trabajan”, sino que también supervisa a parte de la población inactiva, como por ejemplo “jubilados que continúan trabajando” mientras reciben la prestación. “Esto también es fraude, y aquí también entramos”, recuerdan.

El personal se jubila y no entra gente nueva

Más allá de los inspectores, CSIF sitúa el problema en la falta de personal administrativo, “el soporte que hace que funcione el engranaje de la inspección”. Y en este caso no siempre tiene que ver con la falta de plazas ofertadas en el organismo, sino con la precariedad en los salarios que hace que nadie quiera incorporarse al organismo.

“El personal administrativo se suele jubilar a los 60 años porque cobra prácticamente lo mismo que trabajando. La gente se jubila, pero no entra gente nueva para cubrir la vacante vacía”, relata Montero. En el caso de oficinas como las de Baleares, uno de cada dos trabajadores podría jubilarse en los próximos dos años porque el sueldo que pagan es insuficiente, explica.

CCOO presentó una reclamación por la vía administrativa ante la Generalitat de Cataluña por las diferencias salariales que existen entre las delegaciones autonómicas en Cataluña y País Vasco respecto al resto de España. El sindicato sostiene que estas modificaciones se acordaron sin diálogo sindical y resume que la situación general en la Inspección de Trabajo es de “bloqueo”, ya que muchas condiciones laborales se imponen unilateralmente.

Falta plantilla y faltan medios técnicos, señalan también ambos sindicatos. Porque reconocen que, aunque el Gobierno ha renovado y entregado equipo informático nuevo, “con más frecuencia de la que sería la necesaria”, los funcionarios no pueden trabajar porque la intranet “se encuentra interrumpida por mantenimiento”. “El Gobierno licitó recientemente un contrato para mejorar esta herramienta informática, pero a día de hoy, solo nos encontramos con parches y fallos en el servicio”, sentencian.

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