El Congreso aprueba el dictamen de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

Madrid, 9 jul (EFE).- La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad avanzan en su tramitación parlamentaria tras la aprobación este jueves del dictamen en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, cuyos texto reduce burocracia, suprime la incompatibilidad de prestaciones y amplía servicios.

PP y Vox han sido los únicos grupos parlamentarios que se han opuesto a los proyectos de ley, que llegarán al pleno del Congreso el próximo 14 de julio para su votación definitiva tras superar este trámite, junto al decreto ley que otorga 6.200 millones de euros desde el 1 de julio y hasta 2027 para aumentar la financiación del sistema de dependencia.

Entre las novedades, la reforma establece la accesibilidad universal como un derecho, garantiza que puedan trabajar recibiendo una prestación de dependencia, incorpora expresamente el derecho a la autonomía personal y desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución.

Además, elimina burocracia al reconocer automáticamente la discapacidad del 33 % para quienes tengan reconocida oficialmente una situación de dependencia, se amplían las prestaciones y los servicios más allá del cuidado personal, y extiende la figura del cuidador más allá de la familia.

De las enmiendas aprobadas en comisión, se ha incorporado que la financiación estatal de la dependencia sea del 50 %, un aspecto que actualmente no incluye la ley, según han subrayado desde el ministerio de Derechos Sociales, que ha remarcado que esta medida "blinda el sistema" al incluirlo como norma.

Por ello, han calificado de "bulo" que comunidades del PP afirmen que el Estado tiene una deuda en dependencia cuando antes no era una obligación, y han criticado que los populares hayan votado en contra de esta enmienda en la comisión.

El diputado del PP Enrique Belda ha acusado al Gobierno de utilizar a las personas con discapacidad para no rendir cuentas de la ausencia de unos presupuestos, y ha justificado su voto en contra y la retirada de todas sus enmiendas al carecer de una memoria económica.

"Si nos dicen cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones, podemos llegar a un acuerdo", ha afirmado Belda, quien ha señalado que, pese a los 6.200 millones extra, "no llegará para pagar lo que se debe".

Vox también ha criticado que el Gobierno hable de ampliación de derechos cuando no existe una memoria económica suficiente que garantice su financiación, por lo que ha cuestionado que se califique de "reforma estructural" una norma que modifica profundamente el contenido prestacional sin resolver "su principal problema", ha declarado la diputada Blanca Armario.

Junto a PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos, Junts ha votado a favor del dictamen de la reforma de las leyes, pero ha puesto su "línea roja" para su apoyo en la votación en el pleno en que el Estado garantice la corresponsabilidad económica con las autonomías, asumiendo el 50 % de la financiación.

Según la portavoz de Junts en la comisión, Pilar Calvo, se amplían unas prestaciones que "arrastran" a las comunidades autónomas, quienes tienen las competencias en esta materia, y ha citado el caso concreto de Cataluña, que sufre "un déficit histórico" acumulado durante 20 años "de miles de millones de euros" por aportar el 70-80 % frente al 20-30 % del Estado.

Por su parte, la diputada de PNV Maribel Vaquero ha recordado que su grupo presentó, al igual que Junts, una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de dependencia por el "difícil encaje" dentro del reparto competencial, pero que posteriormente fue retirada por el compromiso del Gobierno y de sus socios de que "se iban a intentar limitar todas las todas las invasiones".

Desde EH Bildu, la parlamentaria Isabel Pozueta también ha celebrado que esta reforma avanza hacia un sistema "compatible y flexible" que reconoce la diversidad de necesidades y proyectos de vida, mientras que en Podemos, su diputada Noemí Santana ha aplaudido los avances pero ha considerado que "no se termina de garantizar la financiación necesaria para hacerlos efectivos".

El PSOE ha destacado que el proyecto inicial del Gobierno se ha enriquecido con mejoras como la garantía de que la financiación del sistema sea suficiente y que el Estado asegure al menos el 50 % del gasto certificado por las comunidades autónomas.

Y en Sumar, Lander Martínez ha subrayado que, tras dos décadas, el sistema de cuidados puede comenzar "una nueva etapa, mejor financiado, más resiliente, más cercano", del que se beneficiarán millones de personas y sus familia con su aprobación definitiva. EFE