Todoterrenos, motos de agua, relojes de lujo, vinos caros, trofeos de caza desde Bostwana... La trama de Aldama desvío 13 millones a Portugal para pagar todo tipo de caprichos

En solo un mes, septiembre de 2023, la trama liderada por los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas, investigados por la Audiencia Nacional por defraudar 182 millones de euros a la Hacienda Pública, desvió 10 millones de euros a las cuentas bancarias de una empresa que se había creado en Portugal, bautizada como ‘Labirinto de Bruma’. Con ese dinero, se compraron vehículos todoterreno, motos de agua, relojes de lujo, botellas de vino caro e incluso trofeos de caza de animales abatidos en Bostwana, en África, “así como importantes pagos asociados al disfrute personal de Claudio Rivas Ruiz-Capillas", principal imputado de la ‘causa Villafuel’, la operadora de combustibles que evadió impuestos.

Los detalles de todos estos caprichos aparecen en un nuevo escrito que la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional a finales de abril (y al que ha tenido acceso este diario) para que se abra una pieza separada de la causa principal para intentar conservar el patrimonio de una empresa, Obaoil 3000, una de las sociedades “instrumentales” que utilizaron Aldama y sus socios para no cumplir con la Hacienda española. De hecho, como publicó Infobae, Aldama y Rivas estuvieron hace unos días en Ibiza en la boda del abogado que defiende a Obaoil 3000. Ante el volumen de dinero detectado y el riesgo de que el capital salga del país, la Fiscalía ha solicitado al juzgado que se dicten medidas sobre los bienes, como el congelamiento de cuentas y el embargo de bienes.

La Guardia Civil señala en sus informes que Obaoil 3000 llegó a ingresar 335 millones de euros con la venta de combustible y que la cantidad defraudada alcanzó los 70,3 millones de euros en pagos de IVA no realizados. La Fiscalía destaca que desde las cuentas bancarias de Obaoil 3000 “se realizaron derivas de capital a cuentas portuguesas por importe de 13.400.000 euros″, diez millones de ellos en solo un mes de septiembre de 2023. Dinero que sirvió, por ejemplo, para pagar vehículos todoterreno de la marca Land Rover y Toyota Hilux, embarcaciones náuticas de recreo como varias motos de agua, relojes de lujo valorados en 157.380 euros, muebles valorados en 40.926 euros, botellas de vino por 17.137 euros... y la importante cantidad de 335.271 euros a cubrir gastos relacionados con la práctica de la actividad cinegética, una de las grandes pasiones de Claudio Rivas.

De esos 335.000 euros, la mayor parte (270.199 euros) se destinaron a la tramitación de cotos de caza; otros 45.833 para comprar armas de caza y 19.238 euros para adquirir los trofeos de caza importados de Botswana. La empresa Obaoil 3000 forma parte del ‘caso Villafuel’, que se instruye desde 2024. Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Víctor de Aldama, junto a su socio Claudio Rivas, “se encuentran en la cúspide de la dirección de la organización criminal controlando la estructura societaria encabezada por Villafuel SL, que perfeccionó, entre 2022 y 2024, delitos contra la Hacienda Pública cuantificados inicialmente en 182.513.923 euros”.

Aldama decidió colaborar

De hecho, Víctor de Aldama empezó a tirar de la manta contra Koldo García y José Luis Ábalos (para intentar obtener futuros beneficios procesales) cuando la UCO ya había encontrado pruebas muy concluyentes contra él en esta causa de hidrocarburos. Una colaboración que ha conllevado la reciente condena de prisión de 24 años contra Ábalos. Víctor de Aldama, por su parte, no entrará en prisión por esta causa. Aunque el Tribunal Supremo le ha condenado a cuatro años y medio de cárcel en el ‘caso mascarillas’ no pisará la celda porque la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha considerado que su “aportación realizada al descubrimiento de los delitos” merece la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. De Aldama sí tendrá que pagar 340.000 euros en concepto de responsabilidad civi, pero no tendrá que devolver los 3.713.981 euros que la Fiscalía Anticorrupción fijó que Aldama había cobrado por amañar los contratos de mascarillas amañados.

El sistema de fraude era sencillo. Villafuel SL es la operadora que conseguía el combustible. Luego Villafuel vendía el producto a siete suministradoras. Son las que ha localizado, de momento, la UCO en este causa. Una de ellas es Obaoil 3000. Alegando que las citadas ventas se realizaban en régimen suspensivo, Villafuel SL no repercutía a estas siete sociedades instrumentales ninguna cuota de IVA, Luego, OBAOIL 3000 SLU simulaba vender los hidrocarburos a los destinatarios finales, las gasolineras, realizando ventas a pérdidas, al realizarlas a un precio inferior al coste por el que dichos productos se adquirieron simuladamente a Villafuel.

Estas ventas se realizan directamente a las gasolineras o mediante la interposición de tantas sociedades como considerasen necesario para alejar el foco de Vilafuel, pero todas ellas con un denominador común: la venta a pérdidas. “La clave para hacer viable económicamente la estructura defraudatoria diseñada es que la trama se apropia de la cuota de IVA que repercute a sus clientes finales, haciendo altamente lucrativas dichas operaciones y permitiéndole rebajar ilícitamente los precios, expulsando del mercado a aquellos operadores que cumplen con la normativa tributaria”, señala la Fiscalía.

853 millones en 16 meses

Los investigadores cuantifican las ventas de Villafuel, al incluir a las siete suministradoras en la cadena comercial, en 835,3 millones de euros en solo 16 meses. Un negocio redondo. Las comercializadoras bajaban el precio del producto que recibían de Villlafuel al vendérselo a las comercializadoras en condiciones más ventajosas, utilizando como margen comercial el porcentaje de IVA que no van a abonar. A través de estas sociedades, la trama liderada por Rivas y Aldama ha transferido “fondos de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia, por un importe total de 73.902.852,60 euros”, sentencia la UCO. Estas transferencias al extranjero estarían “amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramiento, confeccionados en su mayoría por Víctor de Aldama”.