Un sacerdote es condenado a 52 años de prisión por drogar, abusar y grabar a cuatro mujeres en Málaga: las víctimas mantenían un vínculo espiritual con el acusado

La Audiencia de Málaga ha condenado a un sacerdote por los abusos sufridos por cuatro mujeres, imponiéndole 52 años de cárcel y una indemnización conjunta superior a 400 mil euros. El tribunal concluyó que el acusado utilizó su vínculo religioso y amistoso para ganarse la confianza de las víctimas y, tras sedarlas, las agredió sexualmente sin su consentimiento, además de grabarlas sin su conocimiento.

Entre los años 2015 y 2018, las mujeres afectadas mantuvieron una relación de amistad y guía espiritual con el sacerdote, según detalla la sentencia. Sin embargo, los hechos salieron a la luz en 2023, cuando la pareja sentimental del acusado descubrió en su vivienda de Melilla un disco duro con imágenes y vídeos de contenido sexual explícito.

La investigación determinó que el acusado proporcionaba a sus víctimas una sustancia desconocida, provocando una profunda somnolencia y pérdida de conciencia. “Aprovechando estas situaciones de amistad, el acusado suministraba una sustancia que generaba pérdida de conciencia, lo que utilizaba para satisfacer sus deseos sexuales, sin que constara consentimiento de la víctima”, sentenció el tribunal.

El tribunal concluyó que las mujeres padecieron daños psicológicos, psíquicos y morales como resultado de los hechos. Si bien no se consideró que existiera un delito específico de lesiones psíquicas, los jueces reconocieron la existencia de un “innegable daño o secuela” que ha necesitado tratamiento. La sentencia remarca “la crudeza de los hechos que se desarrollan y graban” y el “desprecio” mostrado hacia unas víctimas que se encontraban “en la más absoluta indefensión”.

El hallazgo que destapó el caso

La investigación comenzó de forma inesperada en 2023, cuando la entonces pareja sentimental del sacerdote accedió a la vivienda de Melilla que ambos compartían durante una ausencia del acusado. Al revisar un disco duro externo, pensando que encontraría películas o series, descubrió en cambio múltiples vídeos y fotografías de contenido sexual en los que aparecían mujeres inconscientes.

Impactada por lo hallado, primero se lo comunicó a otro sacerdote, después al propio acusado y finalmente a un agente de la Policía Nacional, quien la orientó para presentar denuncia formal. La mujer entregó una copia del material encontrado, lo que permitió a la UFAM (Unidad de Familia y Mujer) iniciar las diligencias policiales y localizar a las víctimas, que hasta ese momento desconocían por completo la existencia de las grabaciones y los abusos sufridos.

Durante el juicio, la defensa intentó invalidar las pruebas argumentando una supuesta obtención ilícita. Sin embargo, el tribunal resolvió que el hallazgo fue “casual” y que la denunciante tenía un permiso innegable para acceder a la vivienda, avalado por la relación de pareja y por los testimonios y mensajes intercambiados entre ambos. La sala subrayó la total validez de las pruebas: “No existe en realidad sospecha alguna de adulteración o manipulación del contenido del material”.

La sentencia también descartó cualquier irregularidad en la cadena de custodia o animadversión personal por parte de la denunciante. Aunque consideró “incomprensible” que la mujer informara primero a la Iglesia en lugar de acudir directamente a la policía, los jueces concluyeron que este detalle no afecta la admisibilidad ni la fiabilidad del material incautado.

Una condena de 52 años de cárcel y más de 400 mil euros

El sacerdote fue declarado culpable de tres delitos continuados de abuso sexual con penetración, cada uno con la agravante de abuso de confianza, por lo que recibió una condena de 12 años de prisión para cada caso y la prohibición de acercarse a las víctimas durante 13 años. Además, el tribunal le atribuyó otro delito continuado de abuso sexual, igualmente agravado por abuso de confianza a una cuarta víctima, y le sumó cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos, correspondientes a la grabación y difusión no autorizada de imágenes íntimas.

La sentencia, que aún no es firme, incluye la obligación de indemnizar a las víctimas con sumas que oscilan entre los 94.442 y 106.594 euros para cada una. El tribunal señaló que el Obispado de Málaga responderá subsidiariamente de estas cantidades, al considerar que la diócesis no cumplió adecuadamente sus deberes de vigilancia y selección del personal. “No solo el Obispado no llevó a cabo sus deberes de vigilancia de modo adecuado, sino que además no eligió a la persona idónea para desempeñar las funciones de párroco”, asegura.

Además de la pena privativa de libertad, el sacerdote deberá cumplir medidas de alejamiento y estará sometido a libertad vigilada durante siete años tras su salida de prisión. La sentencia también prorroga la prisión provisional hasta la mitad de la condena impuesta y advierte que los beneficios penitenciarios y permisos se calcularán sobre el total de las penas, no solo sobre la parte que deba cumplir efectivamente.