
En la madrugada del 7 de julio de 2016, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, cinco hombres que entonces tenían entre 26 y 29 años agredieron sexualmente a una joven de 18 años en un portal. El caso podría haber sido uno más de los que se registran en fiestas de este tipo, pero transformó la percepción social de la violencia sexual en España e impulsó cambios en la legislación. Los autores, que grabaron la agresión con sus teléfonos móviles y robaron a la joven el suyo, actuaron con pleno conocimiento de que “no tenían el consentimiento de la víctima” y sabiendo que “atentaban contra su libertad e indemnidad sexual”, según indicó el fallo del Tribunal Supremo, que tras un proceso judicial extenso y complejo, les condenó a 15 años de cárcel.
En los mensajes intercambiados por el grupo, conocido como ‘La Manada’, compartieron comentarios celebrando lo ocurrido, utilizando expresiones que restaban gravedad a los hechos y jactándose ante otros conocidos. “Follándonos a una entre los cinco”, “todo lo que cuente es poco”, “puta pasada de viaje”, llegaron a decir en sus conversaciones con otros amigos mientras estos respondían: “Cabrones, os envidio. Esos son los viajes guapos”.
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En un principio, en abril de 2018, la Audiencia Provincial de Navarra condenó inicialmente a los cinco hombres —José Ángel Prenda (28 años), Ángel Boza (26), Jesús Escudero (27), Alfonso Jesús Cabezuelo (29) y Antonio Manuel Escudero (29)— a nueve años de prisión, al ser considerados culpables de un delito continuado de abuso sexual y no de agresión sexual (violación), ya que los magistrados entendieron que no hubo ni intimidación ni violencia física explícita, condiciones que exigía el Código Penal para que se considerase agresión sexual o violación.
Los acusados, que insistieron en que fue una relación consentida, recurrieron la decisión de la Audiencia y la respuesta en la calle fue inmediata, pues desencadenó una ola de indignación y protestas en numerosas ciudades de España que exigían una mayor protección para las víctimas en el sistema judicial. Diversos colectivos feministas y organizaciones sociales reclamaron entonces una reforma legal que reflejara con mayor claridad la gravedad de estos delitos. El caso de ‘La Manada’ también puso en cuestión la actuación de la policía y la exposición pública de la víctima, que sufrió acoso y ataques en redes sociales.
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En 2019 el Tribunal Supremo confirmó en su sentencia que se trató de una violación múltiple, elevando la condena a 15 años de cárcel. Confirmó que los cinco hombres se sirvieron de su “superioridad” para agredir sexualmente a la joven con penetraciones por vía vaginal, oral y anal. La decisión del Supremo, que volvió a derivar en protestas multitudinarias en decenas de ciudades, supuso un hito en la jurisprudencia española y sentó las bases para la posterior reforma de la ley de libertad sexual, conocida como la Ley del “solo sí es sí”, que modificó los criterios para considerar el consentimiento en los delitos sexuales.

Expertas en violencia de género aseguran que esta sentencia del Supremo representó un cambio en la interpretación judicial al establecer que la falta de resistencia de la víctima no equivale a consentimiento. El caso de La Manada aceleró también un cambio cultural en la manera de entender el consentimiento sexual, de forma que el mensaje de “solo sí es sí” ganó fuerza en la sociedad, reforzando la idea de que toda relación debe basarse en un consentimiento claro, libre y reversible en cualquier instante.
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“Dio respuesta a esa falta de credibilidad de las mujeres y a ayudarlas a avanzar con el trauma que supone una agresión sexual. Lo más civilizador que ha ocurrido en el siglo XXI ha sido el movimiento feminista”, explicó el pasado viernes la socióloga feminista Rosa Cobo durante las jornadas ‘Yo sí te creo: diez años de movilización feminista frente a la violencia sexual’, según informa la agencia EFE.
Otro caso similar en Pozoblanco, Córdoba
También cabe recordar que cuatro de los cinco integrantes de la Manada ya habían sido condenados por otro delito sexual cometido meses antes de los hechos de Pamplona. En esa ocasión, según los fallos judiciales, abusaron de una joven que se encontraba inconsciente en el interior de un vehículo en Pozoblanco (Córdoba), en una agresión ocurrida en la primavera de 2016, previa a las fiestas de San Fermín. Las pruebas obtenidas durante la investigación de ambos casos evidenciaron un patrón de conducta y contribuyeron al endurecimiento de las condenas.
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Además, un año después de la violación grupal en Pamplona, el movimiento internacional Me Too cobró fuerza al visibilizar denuncias de acoso, abuso y agresiones sexuales en distintos ámbitos, poniendo en evidencia que estas situaciones forman parte de un problema estructural y no de hechos aislados.
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