Detención de menores, registro de viviendas y centros de retorno en terceros países: la UE acelera en su política antimigratoria

La Unión Europea ha avanzado hacia su política antimigratoria con nuevas normas que permiten a los Estados miembro enviar a migrantes a quienes se les ha ordenado abandonar el espacio de la Unión Europea a centros ubicados en terceros países no pertenecientes a la Unión. Esta medida ha dividido al bloque, pero avanza por el endurecimiento generalizado de la política migratoria de la UE ante la presión de los partidos de derecha.

Actualmente, la llegada de migrantes se encuentra en su nivel más bajo desde 2021, con una reducción del 26% con respecto al año pasado. Según la Comisión, estas nuevas medidas, que requieren la aprobación formal de los Gobiernos de la UE y del Parlamento Europeo, agilizaría los procedimientos y daría a los Estados más herramientas para deportar a las personas, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales.

Según han afirmado los miembros países miembros de la UE, tienen dificultades para garantizar que los solicitantes de asilo rechazados y las personas que han excedido el plazo de su visado abandonen su territorio. Además, en la misma línea, la Comisión ha afirmado que solo el 20% de las personas a las que se les ha ordenado marcharse de su territorio lo hacen.

“Con las nuevas normas, tenemos más control sobre quién puede entrar en la UE, quién puede quedarse y quién debe marcharse”, ha señalado el comisario europeo Magnus Brunner. Con las nuevas normas, los distintos Ejecutivos que conforman la Unión Europea podrían establecer los “centros de retorno” en países fuera del bloque, donde podrían ser enviados los deportados, tengan o no vínculos con estos Estados.

Detención de menores y registros de viviendas

Dentro del proyecto de ley acordado este lunes entre diputados y Gobiernos de la Unión Europea, se amplían los periodos de detención, así como se introducen sanciones, entre ellas las prohibiciones de entrada, multas y posibles sanciones penales por falta de cooperación. Además, las autoridades podrán confiscar pertenencias, detener menores, recopilar datos biométricos y registrar viviendas.

Este acuerdo también permite a las autoridades registra a los migrantes y “locales pertinentes”, un término que para los activistas de derechos humanos es excesivamente amplio y permite las redadas domiciliarias. Por su parte, la diputada francesa de Los Verdes, Mélissa Camara, ha indicado que la legalización de estos centros fuera de la UE, junto con “la luz verde a la detención de menores, las visitas domiciliarias inspiradas en el ICE -Estados Unidos- es un arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba”.

Algunos Estados ya han comenzado a mover sus fichas en pro de hacer uso de esta normativa. Países Bajos, junto con Dinamarca, Alemania, Grecia y Austria están colaborando para establecer centros conjuntos de retorno y tránsito, mientras que las conversaciones bilaterales con Uganda sobre un acuerdo similar se han suspendido, según ha adelantado Reuters.

El Gobierno neerlandés ha destacado que pretende tener medidas concretas para finales año, ya que se enfrenta a una “crisis de asilo”, según palabras del primer ministro Rob Jetten. Los centros de acogida del país están saturados, mientras que el Estado vive protestas contra la migración de las zonas que acogen a refugiados de emergencia, ante la falta de capacidad y una lenta salida de los solicitantes de asilo.