
El diagnóstico de Alzheimer no solo cambia la vida de quien padece la enfermedad, sino también la de su entorno. Entre las cuestiones legales que pueden surgir con el avance de la enfermedad está la posibilidad de vender la vivienda de la persona afectada para cubrir gastos derivados de sus cuidados o de una plaza en una residencia. Sin embargo, esta operación no puede realizarse libremente, siendo necesaria una autorización judicial.
Cuando alguien padece enfermedades como Alzheimer, demencia o deterioro cognitivo grave, puede perder la capacidad de tomar decisiones legales. En esos casos, la ley protege a esa persona declarando que no puede actuar por sí misma en operaciones como vender una vivienda, firmar contratos o disponer de su dinero.
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Si el notario detecta que no hay plena capacidad de obrar, no autorizará la firma. Y si el acto se realiza pese a ello, puede ser anulado judicialmente después, con consecuencias graves.
En este sentido, la obligación de contar con una autorización judicial para que los familiares de la persona con Alzheimer avanzado o una enfermedad similar puedan efectuar la venta de su vivienda, busca garantizar que la decisión de vender se toma en beneficio de la persona afectada y que el dinero obtenido se use para garantizar su atención.
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Procedimiento para vender la vivienda de un familiar en esta situación
El proceso de vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado es legalmente posible, pero requiere cumplir varios pasos obligatorios que garantizan que la operación es realmente en beneficio del propietario incapacitado, según diversas compañías especializadas como Más mayor Inmogestión.
En primer lugar, debe iniciarse un procedimiento judicial para nombrar a un tutor, que será quien represente a la persona incapacitada. Lo habitual es que sea un hijo o familiar directo, pero no se asigna de forma automática, sino que hay que solicitarlo a un juez.
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Una vez designado el representante, hay que solicitar una autorización judicial y demostrar que la operación beneficia a la persona afectada, que el precio de venta es adecuado y que el dinero obtenido se destinará a cubrir sus necesidades.
Además, la vivienda debe ser tasada por un profesional para comprobar que su valor se corresponde con el precio de venta. Si el juez considera que la operación puede perjudicar el patrimonio de la persona con Alzheimer, podrá denegar la autorización.
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Por último, el representante legal deberá justificar el destino del dinero obtenido con la venta, es decir, su uso en cuidados de la persona incapacitada o similares.

Aspectos a tener en cuenta antes de vender la vivienda
Uno de los principales inconvenientes que mencionan los despachos de abogados es la duración del proceso judicial. Obtener el nombramiento del representante legal y la autorización para vender la vivienda puede llevar entre seis meses y un año, aunque el plazo dependerá de la carga de trabajo del juzgado y de la complejidad del caso.
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También se pueden producir retrasos por falta de documentación o por errores en la tramitación del expediente. La ausencia de informes médicos, tasaciones o cualquier otro documento necesario puede alargar el procedimiento hasta que se subsanen estas deficiencias.
Asimismo, pueden surgir dificultades si existen desacuerdos entre los familiares sobre la conveniencia de vender la vivienda o si la oferta de compra está por debajo del valor de tasación, ya que el juez puede denegar la autorización. También pueden plantearse problemas cuando se pretende utilizar un poder notarial otorgado antes de la pérdida de capacidad.
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