Luis Arce, expresidente de Bolivia, niega haber tratado con Zapatero “ningún litigio judicial” con el Grupo Gloria y rechaza su implicación en “ningún tráfico de influencias ”

Luis Arce, expresidente de Bolivia en prisión preventiva desde diciembre por desvío de fondos durante su etapa como ministro de Economía, ha emitido un comunicado en el que rechaza haber tratado con José Luis Rodríguez Zapatero “ningún litigio judicial” con la empresa peruana Grupo Gloria tras el informe de la UDEF que apunta que el exlíder socialista recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 como “contraprestación económica” del conglomerado para mediar con la administración boliviana por causas judiciales que tenía abiertas en este país.

En ese comunicado, Arce niega además estar involucrado en “ningún tráfico de influencias que haya favorecido” a Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), la compañía del Grupo Gloria con sede en Bolivia, ni a ninguna “otra empresa privada”.

El expresidente afirma también que su relación con el expresidente español se limita al ámbito institucional y político. Según ha explicado, “las últimas conversaciones” que mantuvo con Zapatero fue en el marco “de los esfuerzos realizados por miembros del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna” por la que atravesaba el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2025.

Arce asegura que su encuentro con Zapatero se centró en cuestiones políticas

En el comunicado, Luis Arce explica que, cuando se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero en La Paz en 2024, solo se abordaron temas políticos. Arce afirma que en ese encuentro se trató “la coyuntura política boliviana, las posiciones intransigentes” del expresidente Evo Morales y “el planteamiento de unidad del movimiento popular” que habían propuesto junto a organizaciones sociales y sindicales, “anteponiendo los intereses del pueblo a cualquier interés político personal”. Además, Arce insiste: “No se trató ningún litigio judicial de SOBOCE” y aclara que desconoce la agenda que mantuvo Zapatero en Sucre, la capital de Bolivia.

Estas declaraciones responden a un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española, que recoge conversaciones entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, en las que el ex presidente español le dice que “hay que hablar con el presidente de Bolivia”, refiriéndose a Arce. El informe, que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Plus Ultra, relaciona esta conversación con un supuesto pago de 200.000 euros a Zapatero como “contraprestación económica” por interceder ante el Gobierno boliviano para “beneficiar los intereses” del Grupo Gloria, una empresa peruana que mantenía litigios económicos con el Estado boliviano.

Según la investigación, ese pago se justificó con “un contrato simulado con una sociedad interpuesta”, Focus Social Research, por la “prestación de servicios de asesoría”. Los investigadores sostienen que Zapatero gestionó reuniones entre directivos del Grupo Gloria y autoridades bolivianas. El conflicto judicial en cuestión afectaba a Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), parte del Grupo Gloria, por una demanda de competencia desleal presentada por la Fábrica Nacional de Cementos (FANCESA). Grupo Gloria, con sede en Lima, opera en varios países sudamericanos en sectores como alimentación, cemento, agroindustria, papel y transporte.

Arce asegura que el conflicto judicial con el Grupo Gloria es anterior a su gobierno

Arce, en su comunicado, asegura que el conflicto entre el Estado boliviano y el Grupo Gloria no se originó durante su mandato. Explica que en noviembre de 2023 “Bolivia obtuvo un laudo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) que se declaró sin jurisdicción para conocer la reclamación de USD 269,4 millones, al concluir que SOBOCE era una empresa local boliviana y no un inversionista extranjero a efectos del tratado bilateral Perú-Bolivia”.

Arce añade: “Este resultado cerró esa vía específica, pero no extinguió la controversia relacionada a la compensación al Grupo Gloria por la expropiación de las acciones de FANCESA”, y aclara que el conflicto sigue abierto y debe resolverse legalmente.

El expresidente también recuerda que el ex procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, “impugnó públicamente” una resolución del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que favoreció a SOBOCE en 2025. Arce sostiene: “Si mi gobierno hubiese tenido algo que ver con esa resolución judicial, como falsamente se está pretendiendo señalar, la Procuraduría que representa los intereses del Estado no habría rechazado ni combatido ese mismo fallo con una posición absolutamente clara”. Señala que el caso sigue en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional y que “no se ha realizado ningún tipo de liberación de pago a SOBOCE en relación a este caso con FANCESA”.

En relación con otras personas mencionadas en la investigación, Arce aclara que Carmen Almendras, señalada como intermediaria y exembajadora de Bolivia en España, “fue embajadora durante los gobiernos de Evo Morales”, pero no formó parte de su equipo de gobierno, y que trabajó en la gobernación de Chuquisaca.

Para finalizar, Arce defiende que “toda denuncia debe ser investigada bajo estrictos parámetros del derecho internacional y en el marco de lo estipulado por nuestra Constitución política del Estado para evitar arbitrariedades y condenas anticipadas”, y reclama “la obligación legal de realizar una investigación imparcial, objetiva y que respete la presunción de inocencia”.

“Por lo tanto, exijo que la investigación se lleve adelante bajo estos principios sin sacar conclusiones que más parecen condenas anticipadas con fines políticos”, concluye. Por último, manifiesta que está dispuesto a colaborar con “cualquier autoridad judicial” y añade: “No me he escapado, no tengo nada que ocultar, respeto la independencia de los órganos del Estado y no estuve ni estoy involucrado en ningún tráfico de influencias que haya favorecido a SOBOCE o alguna otra empresa privada”.