La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha pedido permiso al juez Juan Carlos Peinado para que le deje viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía y a la ceremonia de graduación de su hija en Londres, después de que le retirase el pasaporte y prohibiese su salida del país como medidas cautelares en la causa que instruye contra ella.
Según ha expresado en un escrito la defensa de Gómez, el trayecto de ida, en caso de recibir autorización, se efectuará el 7 de julio en un avión oficial; mientras que el regreso será “vía Londres” en un vuelo comercial el día 10 de ese mismo mes.
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El abogado Antonio Camacho ha incidido en que “todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por sí solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada”.
Expediente sancionador al juez Peinado por sus ataques a la Policía
El juez instructor acordó abrir juicio oral contra Gómez el pasado 20 de junio por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. En un controvertido auto para argumentar las cautelares impuestas, el juez Peinado Peinado apuntó precisamente a la Policía Nacional como posible colaboradora en una eventual fuga.
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A raíz de sus ataques, tanto el Ministerio del Interior como los principales sindicatos reaccionaron elevando un escrito de queja al Consejo General del Poder Judicial, que decidió abrirle un expediente sancionador para determinar si hubo un “exceso o abuso de autoridad”. No obstante, la sanción no suspenderá las medidas cautelares, que solo pueden ser tumbadas con un recurso emitido por un tribunal. El letrado de Begoña Gómez, por su parte, interpuso un recurso de queja a la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del magistrado.
Gómez se vio obligada a entregar su pasaporte el pasado miércoles por la tarde, mismo día en el que Sánchez compareció en el Congreso para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que salpican a su entorno. Y con el objetivo de evitar incidentes que pudieran afectar a su integridad física, se autorizó el acceso por una zona restringida habitualmente reservada para determinados desplazamientos de carácter sensible. El Gobierno sostiene que la causa “carece de fundamento” jurídico y evidenciaba una “persecución”, una “obsesión” y una actuación “desproporcionada” por parte del juez.
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