La nueva era de incendios forestales extremos “requiere cambios profundos”: el 78% de los recursos se destina a extinción y solo el 12% a prevención

Investigadores y especialistas tienen claro que, si no se abordan ya cambios profundos y sostenidos, los incendios extremos dejarán de ser la excepción para convertirse en la norma, comprometiendo el futuro de los bosques, la biodiversidad y la vida en el medio rural. Así lo advierte la organización WWF en el informe anual que ha publicado este jueves bajo el título Incendios extremos: el reto de adaptar el territorio, donde recuerda cómo 2025, con ocho personas fallecidas y cerca de 355.000 hectáreas arrasadas, fue el peor año del siglo y uno de los más graves de la serie histórica con fuegos cada vez más severos, extensos y difíciles de controlar. La organización analiza las causas de estos siniestros y evalúa los avances y limitaciones del marco regulatorio actual, además de proponer un plan de acción integral basado en la prevención y la adaptación del territorio.

El informe revela cómo, en tan solo dos semanas del verano pasado, se concentró el 90% de la superficie quemada en todo el año, saturando los dispositivos de extinción y dificultando gravemente tanto la respuesta al fuego como las evacuaciones, que ascendieron a unas 42.000 en todo el país. El noroeste peninsular, sobre todo Galicia y Castilla y León, fue el territorio más golpeado, al registrar 32 grandes incendios, lo que supuso el 75 % de la superficie afectada a nivel nacional.

El análisis de WWF advierte que el modelo de lucha contra incendios vigente ha tocado fondo ante el nuevo contexto climático, donde las olas de calor extremas, la sequía y el abandono rural se combinan para generar paisajes cada vez más vulnerables. La organización asegura que el 78% de los recursos se dedican actualmente a la extinción y apenas un 12% a la prevención y adaptación del paisaje, dejando a España a merced de una amenaza creciente y mal gestionada.

El 95% de los incendios se deben a causas humanas

La organización apunta a la falta de inversión en prevención, el uso tradicional del fuego en zonas rurales, la inacción política y el abandono de los usos agroforestales tradicionales como principales responsables de este escenario crítico. Según los datos recogidos, el 95% de los incendios siguen debiéndose a causas humanas, fundamentalmente a actividades rurales, mientras solo el 5% los provocan los rayos.

La falta de información y planificación es otro de los problemas señalados por WWF: más del 60% de los incendios no llegan a esclarecerse, según el SEPRONA, y la desinformación en redes sociales y medios de comunicación no hace sino entorpecer la búsqueda de soluciones reales.

Un llamamiento urgente a la transformación

Tras este diagnóstico, WWF España lanza una alerta clara: es imprescindible un cambio de estrategia que vaya “más allá de la extinción” y aborde la gestión integral de los territorios, enfocándose en la prevención, mosaicos agroforestales y una planificación firme que ayude tanto a frenar el avance de las llamas como a revitalizar el medio rural.

Solo mediante un pacto político sólido y medidas coordinadas a nivel nacional y autonómico, aseguran, se podrá evitar que los futuros veranos sean sucesiones de tragedias humanas, ambientales y económicas.

Frente a esta realidad, WWF reclama una serie de medidas urgentes dirigidas a todas las administraciones y actores clave, entre las que figuran aumentar la inversión en prevención y gestión adaptativa del territorio, con atención específica a las zonas de alto riesgo, y recuperar y fomentar los usos agroforestales tradicionales (ganadería extensiva, agricultura) junto a la restauración ecológica, elemento fundamental para diseñar paisajes menos vulnerables y más resilientes.

También reclaman blindar la interfaz urbano-forestal con planes de autoprotección y avanzar en la cultura de convivencia con el fuego, basada en la prevención y el conocimiento del riesgo, así como impulsar un ambicioso Plan Nacional de Restauración Ecológica y ç2articular una financiación justa, bajo el principio de ‘quien contamina paga, quien conserva recibe’“.

Además, la organización reclama mayor eficacia en la investigación de causas y aplicación de sanciones, y una evaluación homogénea y periódica de las intervenciones para asegurar su cumplimiento.