Un fondo estadounidense pide 50 euros al día a los concejales de Burguillos para saldar una deuda heredada de 28 millones de euros

El Ayuntamiento de Burguillos, un municipio sevillano de poco más de 7.000 habitantes, mantiene una dura batalla judicial con el fondo estadounidense KSAC Europe Investments por una deuda que supera los 28 millones de euros. El conflicto ha escalado en los últimos meses después de que el fondo reclamara nuevas sanciones económicas contra el alcalde y los concejales del equipo de gobierno por negarse a suscribir un préstamo que, según el Consistorio (PP), resulta imposible de asumir sin poner en riesgo la viabilidad financiera del municipio.

El origen de esta disputa se remonta a la quiebra de la sociedad municipal Burguillos Natural durante anteriores mandatos del Partido Socialista Obrero Español. Una sentencia dictada en 2017 condenó al Ayuntamiento a realizar aportaciones al capital de dicha empresa por valor de más de 13,5 millones de euros. Con el paso de los años y la acumulación de intereses legales, la cantidad reclamada ha terminado superando los 28 millones, una cifra que multiplica varias veces el presupuesto anual del municipio (5,4 millones de euros).

La deuda acabó en manos de KSAC Europe Investments después de que el fondo adquiriera el crédito en una subasta por alrededor de siete millones de euros. Desde entonces, ambas partes mantienen un prolongado enfrentamiento judicial sobre la forma en que debe ejecutarse el pago. Mientras el fondo exige el cumplimiento íntegro de la sentencia, el Ayuntamiento sostiene en varios comunicados que las condiciones planteadas conducirían al colapso económico de la administración local.

El alcalde de Burguillos, Domingo Delgado, ha defendido que el Consistorio nunca se ha negado a pagar la deuda, sino que rechaza hacerlo mediante una operación financiera que considera inviable. Según el regidor, el Ayuntamiento ya ha abonado más de 4,2 millones de euros, ha puesto patrimonio municipal a disposición judicial y ha presentado varias propuestas para resolver el conflicto, incluida una oferta por el importe íntegro del principal de la deuda, cifrado en 13,5 millones de euros.

La batalla judicial entre el Ayuntamiento y KSAC

Uno de los episodios más controvertidos del procedimiento se produjo cuando el juzgado encargado de ejecutar la sentencia impuso multas coercitivas al alcalde y a seis concejales por no respaldar la formalización de un préstamo superior a 28 millones de euros. Las sanciones ascendían inicialmente a diez euros diarios para cada uno de los cargos públicos afectados.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía terminó anulando dichas multas. En sus resoluciones, el alto tribunal consideró que no existía un requerimiento personal previo dirigido a los concejales y que tampoco se había especificado qué conducta concreta debía realizar cada uno de ellos para evitar las sanciones. Además, recordó que las decisiones adoptadas en un pleno forman parte del funcionamiento democrático de las instituciones y que no puede castigarse a representantes públicos por el sentido de su voto sin una habilitación legal expresa.

La decisión judicial fue celebrada por el equipo de gobierno municipal. Delgado aseguró entonces que siempre había confiado en que el recurso prosperaría y destacó especialmente el alivio que la resolución supuso para los concejales afectados y sus familias. Según explicó, las multas estaban generando una importante preocupación personal entre vecinos que habían asumido responsabilidades públicas para intentar resolver una situación heredada.

Pese a la resolución del TSJA, el conflicto está lejos de finalizar. Apenas unas semanas después de conocerse la resolución, el fondo KSAC volvió a dirigirse al juzgado para solicitar nuevas medidas coercitivas. Entre ellas, reclamó sanciones de 50 euros diarios para el alcalde y los concejales que no colaboren activamente en la contratación del préstamo necesario para satisfacer la deuda.

Recortar servicios públicos para pagar la deuda

Desde el Ayuntamiento han interpretado esta petición como una nueva maniobra de presión. El gobierno local sostiene que aceptar un crédito de más de 28 millones de euros obligaría a destinar cerca de la mitad del presupuesto municipal anual al pago de la deuda durante más de una década. Según sus cálculos, ello implicaría recortes drásticos en servicios públicos esenciales, incrementos fiscales y una situación de asfixia financiera para el municipio.

La controversia también ha reabierto el debate político sobre la gestión económica desarrollada durante años anteriores. El actual ejecutivo municipal sostiene que heredó una situación extremadamente compleja, con obligaciones financieras que llegaron a superar los 67 millones de euros. Mientras el procedimiento judicial sigue avanzando en los tribunales, la corporación local insiste en que continuará defendiendo una solución que permita afrontar la deuda sin comprometer el futuro de los vecinos ni la continuidad de los servicios municipales que presta el Ayuntamiento.