
La Asamblea Regional de Murcia ha aprobado por unanimidad la Ley sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de agresiones a profesionales sanitarios y demás personal del sistema sanitario público. La normativa castigará todas las agresiones que sufran profesionales sanitarios y demás personal de la sanidad murciana durante el desempeño de sus funciones.
En España, el Ministerio de Sanidad ha contabilizado más de 18.500 agresiones a sanitarios en el último año, de las que apenas el 1% recibe sanción. De hecho, la Policía Nacional recibió un total de 513 denuncias en el mismo periodo, pese a realizar más de 11.000 intervenciones. Murcia es la sexta comunidad autónoma con más denuncias en 2025, un total de 29.
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Para hacer frente a esta situación, el parlamento regional ha aprobado con el apoyo de todos los grupos políticos una ley que sancione este tipo de agresiones. Entre las medidas destacadas figura la posibilidad de aplicar sanciones por daños causados de manera intencionada a instalaciones, pertenencias o el patrimonio del personal sanitario y sancionar también las agresiones que se cometan mediante redes sociales o cualquier otro medio de difusión. La norma contempla, en determinadas situaciones, la reasignación de la persona agresora a otro profesional, unidad, servicio o centro sanitario.
Multas de hasta 600.000 euros por agresiones físicas o verbales
La ley murciana impondrá sanciones económicas a todos los que cometan este tipo de actos, que irán en aumento según la gravedad de los hechos, desde los 300 hasta los 600.000 euros. Según ha publicado La Opinión de Murcia, en situaciones como faltas de consideración, desprecio o trato insultante o denigrante, podrán imponer multas de hasta 15.000 euros. Cuando se llegue a la resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato, o cualquier otra forma de presión o violencia ejercida sobre las autoridades sanitarias, además de cualquier otra forma de violencia física o verbal grave, las multas pueden llegar hasta los 600.000 euros.
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Además, no será solo el paciente el que puede estar sujeto a estos castigos. La normativa vigilará también a los “familiares” y “acompañantes” de quienes acuden para ser atendidos en un centro médico si son ellos los que actúan de forma violenta. Según datos de la Policía Nacional, los acompañantes protagonizan uno de cada cuatro ataques a los sanitarios.
La responsabilidad de iniciar estos procedimientos legales corresponderá a los órganos directivos competentes del Servicio Murciano de Salud (SMS) y no a la víctima de la agresión. Se trata de una de las modificaciones impulsadas desde los colegios profesionales y sindicatos para no sobrecargar al profesional agredido con la responsabilidad de activar la vía administrativa.
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La ley recoge otras novedades, fruto de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos. Podemos-IU ha logrado que la Administración garantice la asistencia jurídica y psicológica a los profesionales agredidos. Por su parte, Vox ha incorporado garantías relativas al principio jurídico de “non bis in idem” (prohibición de sancionar dos veces por el mismo hecho), la concurrencia con otros procedimientos, el concurso de infracciones, así como la caducidad, la prescripción y la proporcionalidad de la sanción.
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