David de Falguera, abogado experto en IA: “La norma siempre va por detrás de la innovación”

El Gobierno ha aprobado esta semana su proyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA). La norma propuesta, que adapta el reglamento europeo de IA, busca defender los derechos de los ciudadanos en el entorno digital, pero la tarea no es siempre sencilla, advierte el abogado David de Falguera en una entrevista con Infobae: primero, porque la legislación siempre va detrás de la tecnología y, segundo, porque para las empresas es un reto interpretar una normativa que peca de genérica.

El jurista especializado en protección de datos personales e inteligencia artificial reconoce que la regulación es “la mejor manera que tenemos para garantizar la protección de los derechos en el entorno digital”. “Hay una discusión a nivel internacional de cómo se debe enfocar la protección de datos y la IA, sin duda, es una oportunidad, pero tiene unos riesgos que se deben gestionar y mitigar”, explica.

En ese sentido, la Unión Europea ha ido siempre por delante a nivel internacional, con España a la cabeza. En 2024, el Parlamento Europeo sacó adelante su propia ley de inteligencia artificial. La norma establecía un primer marco jurídico ante los riesgos de esta nueva herramienta, pero muchos criticaron su fuerte carga burocrática. Este año, han trabajado por facilitarla, “una reacción clarísima a esa tensión internacional que existe, esa fricción de que en Europa se hiperregula”, considera De Falguera. La medida, sin embargo, se queda más en “un mensaje de marketing”, considera el letrado, que ve que “muchas cuestiones esenciales no cambian”.

Las empresas dudan de cómo cumplir la ley de la IA

“Hay disparidad de opiniones, gente que piensa que se están poniendo en riesgo los derechos fundamentales y otras voces que apuntan a lo contrario”, explica el letrado. En su experiencia profesional, la norma europea que ahora adopta España “es un reto de interpretar para las empresas”. “La norma siempre va por detrás de la innovación y la inteligencia artificial evoluciona a un ritmo vertiginoso”, insiste De Falguera. Ante este reto, las autoridades europeas han planteado una regulación “que, con el objetivo de que no quede desactualizada muy pronto, ha introducido ciertos elementos, ciertas obligaciones que son muy genéricas“, un aspecto que termina por generar dudas sobre cómo cumplir.

“Es especialmente compleja de entender y, además, está en un momento de madurez muy inicial. Requiere cierto tiempo para que se acaben interpretando algunos conceptos que, a día de hoy, son difíciles de aterrizar a la práctica”, valora De Falguera. Entre ellos, están la multitud de excepciones para la aplicación de la regulación. “Esas excepciones incluyen elementos como cuál es el papel de la IA en la decisión final, que influya en las acciones preparatorias, pero no en la forma. O que la supervisión humana sea un mero elemento formal, que nadie supervise las decisiones que la propia IA ha adoptado”, indica el letrado.

Las compañías, por suerte, tienen recursos suficientes para contar con asesorías legales como la que ofrece De Falguera para interpretar la norma, “pero los ciudadanos estamos en una posición muchísimo más vulnerable” para defender nuestros derechos, lamenta el letrado. Ante este caos legislativo, De Falguera pone en valor el rol de las entidades de supervisión como la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). “Es el principal elemento que tenemos los ciudadanos para proteger nuestros derechos ante situaciones de vulnerabilidad, aun cuando no tengamos claro qué nos dice esa normativa o si una organización está incumpliendo, podemos utilizar ese medio para que el supervisor lo interprete y lo valore”, explica.