La Policía Nacional ha detenido a once personas que explotaban sexualmente a mujeres en situación económica precaria en tres operaciones diferentes contra la trata en Madrid. En uno de los pisos registrados los agentes liberaron a una menor que era obligada a atender las llamadas de hasta 100 clientes al día, informando sobre precios, formas de pago y servicios sexuales.
Según ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado, los detenidos engañaban a las víctimas en su país de origen y estas contraían una deuda de 10.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución.
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La investigación comenzó en octubre de 2025 tras la denuncia de una de las víctimas, quien relató que viajó a España convencida de que accedería a un empleo digno, pero fue sometida a condiciones de explotación sexual. Las víctimas, en su mayoría mujeres en situación precaria, eran captadas mediante páginas web eróticas o por conocidos y, una vez en territorio español, se les imponía tanto esa deuda como un sistema de multas que ascendía a 100 euros si no cumplían con las jornadas, incluso en caso de enfermedad o retraso. Las mujeres no podían abandonar los domicilios libremente y estaban sometidas a un control permanente a través de cámaras de videovigilancia.
Vigilancia constante
Los responsables imponían normas estrictas y recurrían a amenazas y coacciones, incluyendo el uso de santería, para mantener un entorno de vigilancia constante. Según la información difundida por la Policía Nacional, a las víctimas se les obligaba a consumir sustancias estupefacientes y a prestar servicios sexuales sin protección, lo que derivó en embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual que requirieron tratamientos médicos permanentes.
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Las operaciones policiales incluyeron registros en tres domicilios utilizados como prostíbulos. En uno de ellos, agentes liberaron a cuatro mujeres, mientras que en otro punto de Madrid fueron rescatadas otras cuatro víctimas.
Obligadas a abortar
Algunas víctimas denunciaron que no podían negarse a ninguna solicitud de los clientes, incluidas aquellas que implicaban riesgos para su salud. En ciertos casos, las mujeres quedaron embarazadas y debieron recurrir a píldoras abortivas.
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La Policía Nacional detalló que los clientes accedían a los domicilios mediante un código para abrir la puerta y podían adquirir bonos con ofertas sin límite de tiempo. Además, la actividad de explotación sexual se organizaba en turnos de 12 horas, y las mujeres descansaban por las noches para evitar sospechas entre los vecinos. Las amenazas incluían la posibilidad de revelar la identidad de las víctimas y su actividad sexual si intentaban abandonar el negocio.
En total, la operación policial permitió desarticular dos redes criminales, precintar dos prostíbulos y liberar a ocho mujeres, dos de las cuales se encontraban en situación irregular en España. De los once detenidos, dos ingresaron en prisión de manera inmediata.
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La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 105 090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana en casos en los que se sospeche que alguna persona es víctima de trata.
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