
El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este miércoles al decreto ley impulsado por el Gobierno que exime de tributar determinadas ayudas vinculadas a la DANA, los incendios forestales y las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.
La norma ha sido convalidada sin ningún voto en contra y con la única abstención de Vox, consolidando así un amplio respaldo parlamentario a un paquete de medidas de carácter fiscal, energético y social.
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La nueva regulación establece que las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana a los afectados por la DANA no tendrán que integrarse en la base imponible del IRPF ni tampoco en el Impuesto de Sociedades. La medida busca aliviar la carga económica de miles de personas y empresas que sufrieron daños materiales y personales como consecuencia de los episodios meteorológicos extremos.
El decreto también amplía las exenciones fiscales a las ayudas por daños personales derivadas de incendios forestales y a las aportaciones realizadas por entidades sin ánimo de lucro destinadas a afectados por la DANA. De igual forma, las reparaciones económicas satisfechas por la Iglesia católica a víctimas de abusos sexuales quedarán libres de tributación en el IRPF.
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La aprobación de la norma supone un alivio financiero para numerosos colectivos vulnerables que hasta ahora podían verse obligados a tributar por indemnizaciones o ayudas extraordinarias destinadas precisamente a compensar pérdidas o daños sufridos.
Recursos extraordinarios para Extremadura
El decreto también contempla la asignación de recursos extraordinarios a Extremadura a través de los mecanismos adicionales de financiación autonómica. El objetivo es cubrir los gastos excepcionales afrontados por la comunidad autónoma tras diversos fenómenos meteorológicos adversos que obligaron a movilizar recursos de emergencia.
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Durante la defensa del texto en el Congreso, el ministro de Hacienda, Arcadi España, subrayó que el Gobierno pretende “garantizar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones excepcionales” y evitar que las ayudas públicas pierdan efectividad por su impacto fiscal posterior.
Cambios en el gasóleo profesional y el IVA energético
Otra de las medidas destacadas incluidas en el decreto afecta a la devolución parcial del gasóleo de uso profesional. El Ejecutivo corrige así algunos aspectos técnicos del decreto aprobado anteriormente para paliar las consecuencias económicas derivadas del conflicto con Irán y la escalada de precios energéticos.
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Con la modificación aprobada, se reactiva desde junio el derecho a la devolución de 49 euros por cada 1.000 litros consumidos, siempre que la variación del IPC de los carburantes en abril no supere en más de un 15% la inflación registrada en el mismo mes del año anterior.

Asimismo, el texto introduce una corrección técnica en la rebaja temporal del IVA de la electricidad, el gas y otros suministros energéticos al 10% hasta el próximo 30 de junio. En concreto, se amplía el número de beneficiarios permitiendo acogerse a la medida a consumidores con una potencia contratada igual a 10 kilovatios, y no únicamente inferior a esa cifra como figuraba inicialmente.
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El Gobierno considera que esta modificación permitirá extender la protección frente al encarecimiento energético a más hogares y pequeños negocios en un contexto todavía marcado por la volatilidad de los mercados internacionales.
Protección social y financiación exterior
El decreto incluye medidas específicas para las víctimas de las tragedias de Adamuz y Gelida. A partir de ahora, podrán acreditar estos sucesos como accidente laboral a efectos económicos en procesos de incapacidad temporal.
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Además, las pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad derivadas de estos accidentes serán consideradas prestaciones originadas por accidente de trabajo, lo que mejora las condiciones económicas y de protección social de los afectados y sus familias.
Por otro lado, la norma habilita al Ministerio de Asuntos Exteriores para reorganizar fondos consulares entre distintas sedes diplomáticas y servicios en el extranjero. Este mecanismo permitirá compensar problemas de liquidez y garantizar el pago de obligaciones administrativas fuera de España sin depender exclusivamente del envío inmediato de fondos desde territorio nacional.
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Finalmente, el Congreso ha aprobado también un crédito extraordinario de 11,33 millones de euros destinado a financiar actuaciones de Tragsatec relacionadas con la DANA. Estos trabajos incluyen labores de emergencia, peritación y cuantificación de daños realizadas durante 2025 para asistir a las zonas afectadas.
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