El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Alvise Pérez para que el Supremo le investigue por la supuesta financiación irregular de Se Acabó la Fiesta

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, para que el Tribunal Supremo pueda investigarle por un presunto caso de financiación ilegal relacionado con la campaña de las elecciones europeas de 2024. La decisión llega apenas unas semanas después de que la Eurocámara respaldara otro suplicatorio contra el dirigente ultra por el supuesto acoso en redes sociales a la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

El pleno reunido en Estrasburgo ha avalado así la petición remitida por el Supremo español, que investiga si Alvise recibió 100.000 euros en efectivo del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, conocido como ‘CryptoSpain’, para financiar la campaña electoral con la que SALF obtuvo casi 800.000 votos y tres escaños en Bruselas.

La votación se produce después de que la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo respaldara la semana pasada el levantamiento de la inmunidad por 20 votos a favor, ninguna oposición y una abstención. El informe favorable fue redactado por la eurodiputada francesa Pascale Piera, del partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen, quien concluyó que no existían indicios de persecución política contra el parlamentario español y que los hechos investigados son anteriores a su elección como eurodiputado.

El origen de la investigación

La causa se remonta a la campaña de las elecciones europeas de junio de 2024. Según la investigación judicial, Alvise Pérez contactó con Álvaro Romillo para obtener apoyo económico de cara a los comicios. De acuerdo con las diligencias incorporadas al procedimiento, el líder de SALF acudió a las oficinas de una empresa vinculada al empresario en Madrid y recibió 100.000 euros en efectivo pocas horas antes del inicio oficial de la campaña.

El propio Romillo ha reconocido haber entregado esa cantidad y Alvise admitió en julio de 2025 ante el Tribunal Supremo haber recibido el dinero. Sin embargo, el eurodiputado ha negado que esos fondos fueran destinados a sufragar gastos electorales. En su declaración judicial sostuvo que el dinero tenía como finalidad “capitalizarse a nivel personal” para afrontar el sorteo de su sueldo como eurodiputado, una promesa que había realizado públicamente a sus seguidores.

La versión del dirigente ultra no convenció a la Fiscalía. El Ministerio Público aseguró que existían “indicios racionales de criminalidad” y defendió que el dinero fue entregado para financiar la campaña electoral de SALF. Durante la investigación, la Policía concluyó igualmente que los 100.000 euros tuvieron un destino electoral y no respondían a trabajos profesionales ni a otros conceptos alegados posteriormente por el propio Alvise.

La Fiscalía sostiene además que el dinero fue recibido en efectivo “ocultando a las autoridades encargadas de supervisar los gastos electorales la existencia de tal donación”. Según las acusaciones, Se Acabó La Fiesta no reflejó esos ingresos ante el Tribunal de Cuentas ni detalló el origen de los fondos empleados para la campaña.

Las pesquisas también apuntan a que Romillo impulsó la apertura de monederos digitales para que simpatizantes del partido pudieran realizar donaciones mediante criptomonedas, un extremo que forma parte de la investigación judicial.

La figura de Romillo

Álvaro Romillo se encuentra igualmente investigado en varias causas relacionadas con presuntas estafas vinculadas a inversiones en criptomonedas. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó en noviembre de 2025 su ingreso en prisión provisional sin fianza por el supuesto fraude del Madeira Invest Club (MIC).

Según el magistrado, la organización habría estafado más de 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024. La investigación detectó una cuenta en Singapur vinculada al empresario con cerca de 29 millones de euros procedentes presuntamente del dinero aportado por los inversores afectados.

El juez procesó a Romillo junto a otras nueve personas y les impuso una fianza solidaria superior a los 247 millones de euros. Además, el empresario está siendo investigado por un supuesto fraude fiscal de 88 millones de euros correspondiente a los ejercicios de 2023 y 2024.

En el caso de Alvise, el Tribunal Supremo investiga si el empresario buscaba obtener influencia y contactos derivados de la futura actividad parlamentaria del líder de SALF en Bruselas. Parte de las conversaciones entre ambos habrían sido localizadas por los investigadores en el teléfono móvil de Romillo.

Acumulación de causas en el Supremo

La retirada de la inmunidad parlamentaria por el caso de financiación irregular se convierte en el segundo suplicatorio aprobado contra Alvise Pérez en apenas un mes. El primero fue autorizado para que el Supremo pudiera investigarle por presuntos delitos de injurias, coacciones y odio contra la fiscal Susana Gisbert.

La causa se originó después de que el dirigente ultra difundiera en febrero de 2024 varios mensajes y fotografías de la fiscal en su canal de Telegram, dentro de una campaña de señalamientos contra fiscales especializados en delitos de odio. Gisbert presentó una denuncia por injurias y amenazas tras la publicación de esos mensajes.

El frente judicial del eurodiputado no termina ahí. El Supremo ha remitido recientemente un tercer suplicatorio al Parlamento Europeo para poder investigarle por presunta revelación de secretos y acoso contra Diego Solier y Nora Junco, los dos eurodiputados que concurrieron con él en las listas de SALF en las elecciones europeas de 2024 y que posteriormente abandonaron la formación.

Ambos denunciaron haber sido objeto de una campaña de hostigamiento en redes sociales tras romper con el partido. Después de abandonar SALF, Solier y Junco ingresaron en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), vinculado a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Alvise, por su parte, continúa como eurodiputado no adscrito.

La Eurocámara espera además una cuarta petición de suplicatorio relacionada con la difusión de una prueba falsa de covid atribuida al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, unos hechos que el propio Alvise reconoció ante los tribunales.

A estas investigaciones se suma también la querella presentada por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. El Supremo apreció indicios de amenazas condicionales por parte del eurodiputado ultra contra el regidor, después de archivar una denuncia previa presentada por el PSOE contra Landaluce.

Mientras avanzan las investigaciones judiciales, SALF continúa intentando consolidarse electoralmente. En las recientes elecciones andaluzas, la formación no logró representación parlamentaria, aunque superó los 105.000 votos y alcanzó el 2,5% del apoyo electoral en la comunidad autónoma de origen de Alvise Pérez.