
Ni a Ángela Claverol ni a sus compañeras se les ha olvidado lo que desvelaron los medios en octubre de 2025: más de 2.000 mujeres recibieron con hasta dos años de retraso su diagnóstico de cáncer de mama. La Junta de Andalucía lo atribuyó a un “fallo de información” en el programa de cribado del cáncer de mama, que obvió avisar a las mujeres con un resultado dudoso (BID-rads 3) en su mamografía de que debían repetirse las pruebas.
Claverol es la presidenta de Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), y sigue esperando que este 17 de mayo las urnas den la sorpresa a Juanma Moreno, pese a los resultados de las encuestas. “No creo que los andaluces se arriesguen a cuatro años más de este deterioro y privatización bestial en la sanidad andaluza”, asegura a Infobae.
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Aunque la Junta cifró el alcance del error en 2.317 afectadas, aunque los cálculos de Amama han llegado a duplicar esta cifra.
Sin embargo, el escándalo sanitario parece haber tenido poco calado en el electorado andaluz: las últimas encuestas dan la victoria al Partido Popular en los próximos comicios autonómicos. El pasado 5 de mayo, el Centro de Estudios Andaluces (Centra) otorgaba al PP entre 53 y 56 escaños, al borde de los 55 que necesita para la mayoría absoluta, pero perdiendo dos de los asientos que ahora ocupa en el Parlamento andaluz.

Las consecuencias de la espera
Las causas por las que el sistema del Servicio Andaluz de Salud (SAS) dejó de avisar a miles de mujeres dentro del programa de cribado no están claras. Una reciente investigación del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, defiende que “la razón de fondo“ de los fallos en los cribados ”apunta con claridad a demoras asistenciales cuya causa no se detalla” en la respuesta que la Consejería de Sanidad y el SAS han dado.
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El fallo para Maeztu no es puntual, es estructural en todo el sistema sanitario autonómico. Andalucía es la comunidad que menos invierte en sanidad por habitante, según la última Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP), un total de 1.658 euros por persona. Mientras, los andaluces esperan de media 11,16 días para acudir al médico de cabecera (9,15 a nivel nacional) y otros 139,9 en que les vea el especialista. El diagnóstico y tratamiento llegan más de un mes después, según el último Barómetro Sanitario del CIS.
En el tratamiento del cáncer, los procesos deberían acelerarse, pero no siempre lo hacen. Los protocolos andaluces establecen un máximo de 30 días desde la realización de una mamografía para comunicar los resultados de la prueba. Los fallos en el SAS dejaron a las mujeres sin información durante al menos un año.
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Estas esperas tienen sus consecuencias: se sabe que cada mes de espera desde que se notan síntomas hasta el tratamiento del cáncer aumenta el riesgo de muerte entre un 6 y un 10%. Un reciente estudio publicado en la revista de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria evidenció que, entre 2019 y 2024, Andalucía tuvo una sobremortalidad de 3.701 personas por tumores malignos. Es decir, murieron 3.701 personas más que las esperadas. “Tener cáncer en Andalucía es una desgracia frente a otras comunidades autónomas”, sentencia Claverol.
Sin respuesta a las afectadas

Frente al escándalo de los cribados, la Junta de Andalucía presentó un plan de choque sanitario: se aumentaría la inversión dedicada a sanidad en 12 millones de euros, se llamaría a todas las mujeres afectadas para repetir sus mamografías y se contrataría a 65 radiólogos para reforzar el sistema de cribado, que quedó limitada por la falta de profesionales.
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En noviembre de 2025, la Junta de Andalucía terminó de realizar las pruebas a las 2.317 mujeres, dando fin a la crisis de los cribados. Pero Amama insiste en que el problema persiste: “No le ha puesto arreglo, no ha publicado medidas ni ha aplicado los planes de choque”, lamenta Claverol. Ahora, Amama se centra en reclamar justicia por las miles de afectadas, pero por el momento sus movimientos han caído en saco roto. En febrero de 2026, la Fiscalía andaluza archivó todas las denuncias recibidas por los fallos en los cribados, al no apreciar indicios de delito en ninguno de los altos cargos señalados.
Mientras, los debates electorales no dejan olvidar a Moreno Bonilla. Los candidatos del resto de partidos le reprochan “ir a las elecciones sin saber cuántas mujeres han fallecido”, achacan a la privatización los fallos ocurridos y defienden que debería haber dimitido en cuanto se supo.
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Ante los señalamientos, el popular insiste en que su Gobierno pidió perdón y recuerda que no es el único señalado por su gestión sanitaria, achacando a María Jesús Montero, actual candidata socialista, sus promesas incumplidas de su tiempo como consejera de Sanidad. “Durante esos nueve años muchas personas fallecieron porque no hubo cribado de cáncer de colon, entre ellas mi padre, que tuvo un diagnóstico tardío y por tanto metastásico”, espetó.
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