El debate andaluz se polariza por los fallos en los cribados de cáncer y la gestión de los servicios públicos

La gestión de la sanidad pública y las políticas sociales han protagonizado los principales choques del debate electoral emitido este lunes por Canal Sur, donde los cinco candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía han confrontado posturas sobre la crisis de los cribados oncológicos, el empleo y el futuro económico de la comunidad.

Durante el bloque dedicado a sanidad, los aspirantes de PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía han dirigido sus críticas a Juanma Moreno, presidente en funciones y candidato a la reelección por PP-A, quien ha defendido la actuación de su Gobierno ante los fallos en los cribados de cáncer de mama.

En la última legislatura, un error en la información remitida afectó a 2.317 mujeres, la mayoría de ellas atendidas en un mismo hospital de la provincia de Sevilla. Moreno ha explicado que su Ejecutivo pidió perdón públicamente, citó a las afectadas para realizar una segunda prueba antes del 30 de noviembre del año pasado, aprobó un plan de choque dotado con 100 millones de euros y relevó a la alta dirección de la Consejería de Sanidad. Los detalles de esta actuación han ocupado una parte central del debate.

Explicaciones por los cribados

El segundo bloque del enfrentamiento, dedicado a política social y servicios públicos, se ha iniciado con el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, exigiendo explicaciones a Moreno sobre la crisis de los cribados, afirmando que “los andaluces se merecen votar el domingo sabiendo qué sucedió”.

A este reclamo se han sumado tanto María Jesús Montero (PSOE-A) como Antonio Maíllo (Por Andalucía), quienes han acusado al presidente en funciones de negligencia y de falta de transparencia respecto al número real de fallecimientos y al origen del error, que algunos han vinculado a la falta de personal o privatización de servicios. Montero ha sostenido que este episodio representa “la negligencia más grave del sistema sanitario” y ha reclamado información anonimiazada para conocer la cifra exacta de personas afectadas.

García ha criticado la existencia de listas de espera para acceder a diagnóstico oncológico y ha instado al presidente a explicar lo ocurrido antes de la cita electoral. En respuesta, Moreno ha reiterado que cualquier crítica legítima se convierte en desinformación si recurre a la mentira, insistiendo en que “hay razones en la sanidad para ser crítico”, pero que es inaceptable mentir sobre los hechos.

En ese intercambio, Montero ha calificado la crisis de los cribados como “la punta del iceberg” y ha aludido a un estudio científico que señala una sobremortalidad de 3.701 muertes evitables en Andalucía durante los años de gobierno del PP-A, atribuyéndolas a las listas de espera y a las privatizaciones.

Moreno, por su parte, ha recordado que la implantación de los cribados de cáncer de colon no se produjo en Andalucía hasta 2019, a pesar de haber sido prometida en 2010 por Montero como consejera de Salud. El propio candidato popular ha relatado que la tardanza en implementar dichos cribados afectó a su familia directamente, dado que su padre falleció tras recibir un diagnóstico tardío y “por tanto, metastásico”.

Listas de espera

La cuestión de los cribados ha acentuado la polarización en el bloque sanitario. Juanma Moreno ha cifrado en 2.317 las mujeres impactadas por la crisis, con el ochenta por ciento pertenecientes a un solo hospital de Sevilla. El Gobierno andaluz, según Moreno, reaccionó pidiendo disculpas, aprobando de urgencia un plan de choque de 100 millones de euros e interviniendo a nivel administrativo para depurar responsabilidades.

Los candidatos de la izquierda han denunciado, sin embargo, la ausencia de datos concluyentes sobre fallecimientos presuntamente vinculados a estos fallos y han instado a divulgar información anonimiazada que aclare la magnitud real del perjuicio, según ha repetido Montero en el debate.

Las acusaciones no solo han girado en torno a este episodio concreto. Las listas de espera, la precarización laboral y la gestión de recursos públicos han protagonizado propuestas y reproches entre los candidatos.

Moreno ha defendido que durante los gobiernos de PSOE e IU la demora máxima en dependencia llegó a 1.275 días y que, bajo su mandato, la sanidad ha “aflorado” medio millón de pacientes que antes no figuraban en las listas. Además, ha señalado que el sistema de dependencia cuenta actualmente con más de 347.000 beneficiarios, cerca de 542.000 prestaciones y la creación de 7.000 nuevas plazas de residencia para mayores.

García ha insistido en que el problema de los cribados no solo se debe aclarar, sino que entra en una tendencia de recortes y privatizaciones que afectarían a la calidad asistencial. Maíllo ha sostenido que lo ocurrido debería haber conllevado la dimisión del presidente en funciones y ha apoyado la necesidad de reducir los tiempos de espera y garantizar el rescate del sistema público.

Precariedad y economía en disputa

En el terreno económico y laboral, los partidos de la izquierda han coincidido en denunciar un aumento de la “precariedad” del empleo bajo el gobierno del PP-A. José Ignacio García ha calificado a la Junta como “la principal empleadora y la que mantiene más empleo precario”, mientras Antonio Maíllo ha remarcado la hiperdependencia de la economía andaluza respecto al turismo y ha reclamado una intervención activa en defensa del sector agrícola.

Moreno ha contrapuesto estos argumentos reivindicando los datos de crecimiento económico, creación de empresas y dinamismo exportador, hasta afirmar que Andalucía se encuentra “en el podio” nacional, alternando oro, plata y bronce según los periodos, pese a las críticas al modelo productivo y las restricciones impuestas por el Gobierno central.

El debate ha incorporado también la política fiscal y la protección social. García ha señalado que la política de deducciones favorece a grandes rentas, mientras Montero ha puesto de relieve su propuesta de un cheque energético para las familias con importes de 150 a 350 euros, medida vinculada a la crisis energética tras la guerra en Irán.

Gavira (Vox) ha reiterado las posiciones de su partido sobre la prioridad nacional de acceso a las ayudas públicas, el refuerzo ante el narcotráfico y el rechazo a la inmigración, cifras incluidas, como los 4.500 euros de coste por menor extranjero no acompañado frente a los 1.900 euros por plaza de residencia.

Asimismo, se ha recordado la tragedia del accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales, y la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Huelva durante una operación antidroga. Estos hechos han servido para discutir la dotación de medios materiales y la asunción de responsabilidades, especialmente tras más de cien días sin un pronunciamiento oficial sobre el caso de Adamuz, cuestión sobre la que Moreno ha solicitado explicaciones a Montero.

El bloque final del debate, conocido como el ‘minuto de oro’, ha mostrado la capacidad de síntesis de los candidatos: desde el énfasis en la defensa de los servicios públicos (Montero, Maíllo, García), hasta el recurso a la esperanza y la solvencia en la gestión (Moreno), pasando por el llamamiento de Gavira a establecer el principio de prioridad nacional.