Carmen lleva siendo abogada desde 1981 y, con 74 años, sigue ejerciendo su profesión. Ha pasado 30 años de su carrera en el turno de oficio y asistencia al detenido. En el momento de su ingreso, era obligatorio inscribirse en la mutualidad para ejercer, según explica ella misma, y, tras encontrarse cerca de su jubilación, ha visto que la renta que le garantiza “la mutualidad es de 473 euros por doce mensualidades al año”.
Parecido es el caso de Nicolás, que lleva ejerciendo desde el año 1990, cuando entro en el turno de oficio, lo que le ha dado pie a “poder tener contacto con multitud de justiciables que no tienen la oportunidad de poder pagar sus servicios”. “En la pandemia yo iba a todas las guardias, absolutamente a todas las guardias y hubo muchas porque muchos compañeros las rechazaban, con lo cual el grado de compromiso con la sociedad ha sido fundamental”, relata. Sin embargo, acercándose al final de su carrera, se ha dado cuenta de que su pensión no llega. “Después de haber estado cotizando y pagando a la mutualidad durante 36 años, creo que en el mejor de los casos llego a cuatrocientos euros lo que voy a cobrar”, denuncia.
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Esta es la situación que están atravesando miles de abogados y abogadas mutualistas y que algunos de ellos han aprovechado para compartir sus experiencias con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) dentro de la campaña “De abogado a diputado. Por una pasarela al RETA justa”. Esta iniciativa busca que el próximo 20 de mayo, el Congreso apruebe la futura regulación de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que les permitiría entrar dentro de la Seguridad Social y obtener una mejor pensión.
“No había opción de ser autónoma”
Para entender la situación de todos estos trabajadores, hay que retroceder ante de los años 90. Hasta 1996 la Mutualidad de la Abogacía funcionaba como sistema obligatorio de previsión social para los abogados ejercientes y no fue hasta la aprobación de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados que se les abrió la puerta a optar también al RETA.
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En ese momento, todos los abogados que se encontraban ya ejerciendo podrían haber elegido pasarse a este nuevo modelo y comenzar a cotizar en la Seguridad Social, pero muchos decidieron quedarse de mutualistas, ya que les ofrecía mejor rentabilidad en ese momento. Sobre este momento, muchos de estos letrados denuncian que no tenían la información necesaria para tomar una decisión.

“Yo en el 89 tenía 23 años, yo venía de una familia que nadie era abogado, mi familia eran comerciantes y yo estudié Derecho y no había opción de ser autónoma”, defiende Montserrat, que tras 37 años de carrera no cree que le llegue a 200 euros lo que tenga de mutualidad.
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El caso de esta letrada es diferente al resto, ya que según explica, se dio de alta en RETA. “Yo habría seguido toda la vida en la mutualidad, pero un día mi hijo fue al centro de salud, que estaba en mi cartilla, y me dijo: “Oye, mamá, que, que tú no existes”. Y digo: “¿Cómo que no existo?” Y dice: “No, que, que no me atienden porque tú no existes”“, relata. En ese momento acudió a la Seguridad Social, donde se lo confirmaron, que los años no le contabilizaban dentro de la Seguridad Social.
“Aunque ahora mismo ya estoy en el RETA, mi vida laboral está partida y hace que la Seguridad Social me reduzca mucho la pensión que podría tener”, añade.
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“Yo sí que les pediría a todos los políticos que nos escuchen, que todos tienen nuestras propuestas, que básicamente todas son las mismas y que no podemos esperar más. El abogado pequeño de barrio, como yo siempre me denomino abogada de barrio, lo tenemos muy complicado”, denuncia Montserrat.
“Hay urgencia, pero también una oportunidad”
Palabras a las que se suma Pilar, que lleva desde el 85 ejerciendo en juzgados de violencia de género, penales o de extranjería. “Después de haberme dedicado tanto a favorecer a los demás, me voy a encontrar que voy a necesitar yo ayuda. No se puede consentir”, asegura.
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Por ello, la campaña impulsada por el ICAM busca situar en el centro del debate parlamentario las trayectorias personales y profesionales de quienes ejercieron durante décadas bajo el sistema mutualista alternativo y afrontan hoy una jubilación marcada por prestaciones insuficientes o por la imposibilidad de dejar de trabajar. “Hoy hay urgencia. Y también hay una oportunidad”, señala Eugenio Ribón, Decano del ICAM, que insta a los grupos parlamentarios a actuar “con celeridad y responsabilidad” porque “el éxito de esta ley se medirá por su capacidad de no dejar a nadie atrás”.
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