Las auditoras revelan que Transportes duplicó la compra de mascarillas “en apenas 13 minutos” sin justificación: “O se suministraban los ocho millones o nada”

El juicio del caso mascarillas, sobre la gestión de contratos de material sanitario durante la pandemia, ha continuado este jueves en el Tribunal Supremo. Durante la jornada, las expertas que analizaron la auditoría encargada por el Ministerio de Transportes han hablado de cambios de opinión y decisiones sin explicación a la hora de duplicar la compra de mascarillas. Y es que, según han relatado, Puertos del Estado pasó de prever la adquisición de cuatro millones de unidades a ocho millones en cuestión de minutos: “Desde ese correo, apenas pasan 13 minutos para que el secretario general de Puertos se vuelva a dirigir a su gente diciendo que ahora van a ser ocho millones”, han asegurado durante su intervención.

Lo más relevante, han subrayado, es que ese cambio de opinión no contó con ningún respaldo, ni hay documentos que consten ese giro de criterio. Tras revisar los expedientes y las entrevistas, concluyeron que “nadie” supo explicar el motivo del cambio y que no existe constancia “ni verbal ni por escrito”. Una de las peritos añadió que la única justificación recibida fue que la empresa implicada condicionaba la operación, “que se adaptó a lo que la empresa ofrecía porque o se suministraban los ocho millones o no se suministraba nada”.

Dudas sobre el papel de Koldo

Otro de los puntos más destacados del último día de juicio de la semana ha sido la anticipación con la que la empresa presentó su oferta. Las auditoras han indicado que la propuesta se formalizó antes de que la orden ministerial correspondiente se publicara oficialmente, lo que sugiere que la compañía conocía de antemano el proceso. “Que lo conocía sí está documentado. Cómo lo conocía, no lo sabemos”, afirmaron, dejando abierta la incógnita sobre el origen de esa información.

A las preguntas de la Fiscalía, las expertas ratificaron las conclusiones del informe impulsado por el actual ministro de Transportes, en el que se señala que el exasesor Koldo García habría sobrepasado sus funciones. Su intervención en distintos momentos del proceso, incluida la presentación de la oferta de la empresa vinculada al empresario investigado, ha sido uno de los aspectos más cuestionados.

También llamó la atención, según las peritos, la escasa presencia del jefe de Gabinete en el procedimiento, pese a que su posición estaba por encima de la de Koldo García. Frente a estas conclusiones, una perito propuesta por las defensas cuestionó la transparencia del análisis realizado por el Ministerio. Denunció la ausencia de documentación pública relevante y criticó la selección de personas entrevistadas.

A su juicio, el informe “contiene sesgos, apreciaciones subjetivas, recoge textos que son interpretativos”, lo que lo alejaría de una metodología estrictamente técnica. Las autoras de la auditoría rechazaron estas acusaciones y defendieron que se limitaron a reflejar testimonios literales sin introducir valoraciones.

La pericial caligráfica apunta a Koldo

La jornada incluyó también el testimonio de una especialista en escritura que analizó un documento aportado a la causa. Su conclusión fue que existen “20 gestos tipo que demuestran sin lugar a dudas” que la letra corresponde a Koldo García. La experta explicó que estos rasgos son patrones inconscientes que permanecen estables incluso ante enfermedades o intervenciones médicas. “Jamás van a cambiar los gestos idiosincráticos”, afirmó.

Y, en paralelo, otros peritos ratificaron la tasación de una vivienda en el Paseo de la Castellana de Madrid, presuntamente ofrecida como favor. Sin haber podido acceder al inmueble, estimaron su valor en torno a 1,44 millones de euros mediante comparaciones con propiedades similares. Según explicaron, una valoración mucho menor solo sería posible si el edificio estuviera prácticamente en ruina, algo que consideran “muy improbable”.

Sin indicios de manipulación en los audios

La sesión terminó con un enfrentamiento entre las partes a cuenta de unos audios incautados por la Guardia Civil. La defensa cuestionó su inclusión en este procedimiento, mientras que la Fiscalía mostró su sorpresa ante esa objeción.

Finalmente, el tribunal permitió analizar únicamente los aspectos relacionados con la obtención y conservación de las grabaciones. Los agentes encargados del informe negaron que detectaran “muestra de manipulación en los audios”, mientras que los peritos de la defensa señalaron que desconocen cómo se realizó el proceso técnico de extracción.

Noticia elaborada con información de Europa Press.