España está a punto de hacer historia. Sin embargo, no es para algo positivo. En 2026, el número de universidades privadas superará al de las públicas por primera vez. En total, son 50 centros públicos, cifra inamovible desde 1998, frente a 49 privados. No obstante, existen cuatro proyectos pendientes de aprobación parlamentaria que elevarían el número a 53.
La primera universidad privada en España se fundó en 1993, la Alfonso X El Sabio. Antes, solo había cinco centros vinculados a la Iglesia católica. Pero, en tres décadas, la educación privada ha pasado de ser un refugio de la tradición eclesiástica a un modelo de negocio dominado por fondos de inversión internacionales.
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Entre 1980 y 2000, el Estado desplegó una red de universidades públicas que cubrieran todo el territorio nacional. Una estrategia basada en la igualdad de oportunidades y desarrollo y crecimiento regional. El proceso finalizó en 2010, con 48 instituciones.
Sin embargo, el sector privado ha seguido una lógica diferente. En ese mismo periodo pasó de cuatro a 18 universidades, y en los 20 años siguientes volvió a duplicar su red hasta alcanzar los 39 centros en 2022.
A diferencia del proyecto de la red pública, su modelo de negocio no estaba basado en la cobertura nacional, sino en la explotación de la demanda estudiantil. Entre 2015 y 2022 incrementó su oferta en más del 35% de sus titulaciones, obteniendo un aumento de alumnos del 70%.
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Hoy en día, las universidades públicas rondan los 26.000 estudiantes de media. Las privadas, en cambio, se sitúan en torno a los 10.000 matriculados.
El negocio universitario
El negocio universitario privado en España factura ya cerca de 3.700 millones de euros al año, con una rentabilidad del 9,4%, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa.
El 91% de los ingresos de las universidades privadas viene de las cuotas de los alumnos, estima la Federación de Enseñanza de CCOO. La oferta académica de las privadas se concentra precisamente donde la demanda es más intensa y la empleabilidad más alta.
En Ciencias Sociales y Jurídicas acaparan el 53,3% de sus nuevos matriculados de grado, y Ciencias de la Salud el 27%. En disciplinas como Pedagogía, Psicología o Administración de Empresas, las privadas ya superan en número de alumnos de máster a las públicas.
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Dentro del sector privado se ha producido otro cambio relevante. Hasta hace poco, las universidades sin ánimo de lucro (propiedad de la Iglesia o de fundaciones) eran la mayoría. Hoy ya no. Con la aprobación en el Parlamento de Baleares de la Universidad de Mallorca, los centros con ánimo de lucro son 25, frente a 24 no mercantiles.
No es un detalle menor. Las fundaciones están obligadas a reinvertir sus ganancias en la propia institución. Las mercantiles, no. La Fundación Haz, que analiza cada año la transparencia informativa de todas las universidades españolas, concluye que cuando la universidad está en manos de sociedades mercantiles, “el crecimiento puede desplazar el foco desde la misión académica hacia objetivos de rentabilidad”. En su informe de 2025, solo seis universidades privadas aprobaron en transparencia.
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La geografía del negocio
Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña acogen el 54% de las universidades privadas y el 70% de sus estudiantes presenciales, aunque suman solo el 36% de la población española.
Madrid es el caso más extremo: con el 14% de la población, concentra el 31% de las universidades privadas del país, el 42% de sus estudiantes presenciales y 70 centros de universidades privadas, frente a los 38 de Cataluña.
El detrimento de la pública
La universidad pública atraviesa un período de crisis. Pese a que continúan generando un gran interés para millones de estudiantes (acogen el 75% de los universitarios), su situación financiera cada vez es más precaria.
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Buen ejemplo de ello es la Universidad Complutense de Madrid, que tuvo que pedir un préstamo extraordinario de 34,5 millones de euros al gobierno de Ayuso para cubrir costes. Su rector, Joaquín Goyache, ha advertido que el modelo de financiación plurianual 2026-2031 propuesto por la Comunidad de Madrid es “insuficiente y engañoso”.
El decreto “antichiringuitos”
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en octubre de 2025 el Real Decreto 905/2025. La ministra Diana Morant lo defendió como un acto de “protección del prestigio del sistema universitario español” y de “justicia frente a los estudiantes que pagan por una formación que debe cumplir unos estándares mínimos”.
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La norma exige a los nuevos centros alcanzar un mínimo de 4.500 estudiantes en seis años, destinar el 5% del presupuesto a investigación, aportar avales financieros y ofrecer alojamiento al 10% del alumnado. Además, los informes de la agencia de calidad ANECA pasan a ser vinculantes antes de que ninguna comunidad autónoma pueda autorizar un nuevo centro.
Sin embargo, se estima que hasta 14 universidades privadas ya activas no alcanzan el umbral de alumnos exigido. En Canarias, cuatro de los cinco centros privados operativos están en esa situación, con algunos por debajo de los 1.500 alumnos.
En Aragón, la única universidad privada también se encuentra en el límite, lo que podría dejar a la región sin oferta privada si no logra adaptarse en el plazo establecido.
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Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, calificando el decreto de “arbitrario” y acusando al Gobierno de “vulnerar” las competencias autonómicas. Madrid, junto a Baleares, Aragón, Extremadura y La Rioja. El Tribunal Supremo las rechazó.
La investigación, la asignatura pendiente
Más allá del debate regulatorio, los datos de producción científica revelan una brecha que ninguna cifra de matriculados logra disimular. Las universidades públicas concentran el 87,9% del gasto total en I+D universitaria en España y son las principales responsables de la producción científica nacional.
Las privadas representan solo el 12,1% de ese total. Treinta y tres universidades privadas sumaron entre todas 6.016 doctorandos el curso pasado, frente a los 6.356 de la Complutense en solitario.
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El decreto busca corregir este desequilibrio obligando a que al menos el 60% del profesorado doctor de las privadas cuente con sexenios de investigación reconocidos en un plazo de cinco años.
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