La jornada de 35 horas se abre paso en los ayuntamientos: más de 500.000 empleados públicos locales se beneficiarán de ella

Más de medio millón de empleados públicos de las administraciones locales verán reducida su jornada laboral a 35 horas semanales en los próximos meses. Así lo ha asegurado la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, que ha intensificado su estrategia para extender esta medida a todos los ayuntamientos y entidades locales donde aún no se aplica.

Actualmente, la jornada de 35 horas solo está implantada en algunas grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla o Bilbao. Sin embargo, el sindicato considera que este escenario está a punto de cambiar tras los recientes acuerdos alcanzados a nivel estatal.

CCOO ha puesto en marcha una ofensiva organizativa para coordinar a sus delegados sindicales en todo el territorio. El objetivo es doble: implantar la jornada reducida en aquellas administraciones donde todavía no existe y garantizar que quede recogida formalmente en los convenios colectivos allí donde ya se aplica de facto.

Un acuerdo estatal que marca el camino

El sindicato recuerda que el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, firmado junto a UGT y el Gobierno, estableció como objetivo la implantación de la jornada de 35 horas semanales en todo el sector público. Este compromiso ha cobrado fuerza tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo en el ámbito de la Administración General del Estado.

A juicio de CCOO, este avance elimina cualquier incertidumbre jurídica que pudiera existir. “No existe ya ninguna duda legal para su implantación en el conjunto de los ayuntamientos y demás entidades locales”, sostiene la organización.

La reducción de la jornada, defienden, no solo beneficia a los trabajadores, sino que también repercute positivamente en el servicio público. Según el sindicato, las 35 horas semanales contribuyen a mejorar la calidad del empleo, al tiempo que garantizan una atención más eficaz a la ciudadanía y aumentan la productividad.

Presión sindical

El respaldo normativo a esta medida se encuentra en la Ley de Bases de Régimen Local. En su artículo 94 se establece que la jornada de trabajo de los funcionarios locales debe ser equivalente, en cómputo anual, a la de los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Esto implica que las mismas normas sobre reducción de jornada deben aplicarse también en el ámbito local.

Sobre esta base legal, CCOO ha iniciado una serie de actuaciones para acelerar el proceso. Entre ellas, destaca la propuesta formal enviada a la Federación Española de Municipios y Provincias para abrir una mesa de negociación con los sindicatos mayoritarios.

El objetivo de este espacio de diálogo sería coordinar la implantación de las 35 horas de manera homogénea y pactada en cada entidad local, evitando desigualdades entre territorios y garantizando seguridad jurídica.

Negociar en cada ayuntamiento

Junto a la negociación a nivel estatal, el sindicato ha activado su red local. Cada sección sindical presentará escritos en sus respectivos ayuntamientos y organismos públicos solicitando la implantación de la nueva jornada laboral.

Para facilitar este proceso, CCOO ha distribuido un modelo orientativo que servirá de base para las solicitudes formales. Su intención es agilizar los trámites y asegurar que la reivindicación llegue de manera coordinada a todas las administraciones.

El sindicato también subraya la importancia de que esta reducción de jornada se adapte a las particularidades de cada servicio. En sectores con trabajo a turnos —como policía local, bomberos, instalaciones deportivas, servicios culturales o bibliotecas— será necesario negociar calendarios específicos.

En todos los casos, insiste CCOO, los acuerdos deberán quedar reflejados en los convenios colectivos o en las mesas generales de negociación. Incluso en aquellas administraciones donde ya se trabajan 35 horas, pero sin respaldo formal, será imprescindible regularizar la situación.

Con este impulso, la jornada de 35 horas se perfila como uno de los próximos grandes cambios en el empleo público local, con un impacto directo en cientos de miles de trabajadores y en la organización de los servicios municipales.