La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

La justicia reconoce que la ansiedad puede originarse en el puesto de trabajo, lo que amplía la protección legal de los empleados y obliga a las empresas a asumir responsabilidad por su salud mental

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Un abogado explica los requisitos para recibir la pensión de incapacidad permanente por ansiedad generalizada.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha marcado un precedente al reconocer que el trastorno de ansiedad generalizada de una trabajadora tenía un origen laboral, y no era una enfermedad común. Esta distinción legal, según enfatiza Rafael Alonso, especialista en Recursos Humanos, tiene potencial para redefinir el alcance de la protección para quienes sufren problemas de salud mental derivados de su empleo.

En España, muchas empresas siguen considerando la ansiedad como una dolencia habitual, sin atender su posible origen en el entorno de trabajo. Alonso advierte: “No es lo mismo decir ‘tengo ansiedad’ que decir ‘mi trabajo me está enfermando’”. El experto señala que esta diferencia afecta directamente los derechos y el reconocimiento de las personas afectadas.

Cuando la ansiedad se cataloga como enfermedad común y no profesional, “pierdes derechos, pierdes protección y, sobre todo, pierdes reconocimiento”, resume en su perfil de TikTok (@rafabienestarlaboral) Alonso, psicólogo especialista en bienestar laboral y ex responsable de RRHH en varias empresas, sobre el impacto de esta clasificación.

Mayor responsabilidad para las empresas

El reciente fallo judicial es significativo porque, en el caso analizado, la afectada no había presentado una declaración formal de acoso laboral. Se trataba de un conflicto que, sin llegar a ese extremo, desembocó en un diagnóstico de ansiedad. Esta situación es frecuente y revela una laguna en la forma en que las empresas gestionan la salud mental de su plantilla.

En términos prácticos, la sentencia implica que las compañías deben asumir mayor responsabilidad en la prevención de riesgos psicosociales. El peso de la ley se incrementa: las organizaciones tienen la obligación de evitar cargas de trabajo excesivas, presión continua y falta de descanso, aspectos ya recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La forma más fácil de bajar el cortisol, la hormona del estrés (Pexels)
Una trabajadora estresada durante su jornada laboral. (Pexels)

En la práctica, si una persona desarrolla ansiedad debido a su empleo pero la empresa la trata como un problema ajeno al entorno laboral, el coste, tanto emocional como económico, recae solo en la persona afectada. Muchas personas terminan pensando que la raíz de su malestar está en su propia incapacidad para gestionar el estrés o en no ser “suficientemente profesionales”, cuando en realidad el entorno podría estar perpetuando y agravando estos problemas.

Reconocer este origen profesional es esencial. Si la ansiedad surge por factores inherentes al trabajo, el trabajador tiene derecho a una mayor protección, al reconocimiento de la condición como accidente laboral y a prestaciones más amplias. El cambio judicial fortalece la posición de quienes enfrentan cargas excesivas o presión continua en sus empleos.

Qué hacer si la ansiedad proviene del trabajo

Si una persona sospecha que su ansiedad proviene del trabajo, debe dejar de normalizar el malestar constante. Registrar por escrito las cargas de trabajo, horarios y presiones es un paso esencial, ya que contar con pruebas objetivas puede marcar la diferencia en una reclamación.

La estrecha relación entre vivienda y salud mental: un estudio revela que el 40% de la población ha sufrido ansiedad y un 23% depresión.

La orientación de Alonso es clara: consultar con un profesional permite determinar si el malestar tiene realmente un origen laboral y empezar a protegerse. “Ponerle nombre a lo que te pasa es el primer paso para protegerte”, aconseja. Si la situación se vuelve insostenible, buscar ayuda profesional es fundamental para no afrontar el proceso en soledad.

La jurisprudencia reciente obliga a las empresas a cuidar de la salud mental de su plantilla y deja claro que el coste de ignorar esta obligación no puede recaer en la víctima. Si el entorno laboral enferma, la ley exige que se asuma la responsabilidad y se garantice la protección adecuada.