El 6 de marzo de 2012, Antonio Quesada Díaz, de 76 años, y su esposa Ana María Artiles, de 74, salieron de su domicilio en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, para realizar unas gestiones en su sucursal del Banco Santander. Era una tarde de trámites rutinarios, pero nunca regresaron.
Las cámaras de seguridad de la oficina registraron el momento. Hacia las 18:30, el matrimonio y el subdirector de la sucursal, Rogelio S.T., salían juntos del banco. Fue la última vez que alguien los vio con vida. Las hijas del matrimonio comenzaron a notar la ausencia en las horas siguientes.
Las llamadas no obtenían respuesta. La situación era especialmente alarmante porque Antonio era trasplantado renal y dependía de una medicación diaria estricta. Sin ella, no podría sobrevivir más de diez días. La familia descartó desde el principio que se hubieran ido voluntariamente. La búsqueda se prolongaría durante cinco años y el caso parecía que estaba condenado a ser archivado.
Un barranco en el sur de la isla
El 20 de agosto de 2017, un cazador llamado Carlos Díaz paseaba por el Barranco de las Vacas, en el municipio de Agüimes, a unos 40 kilómetros de Las Palmas. Su perra empezó a escarbar. “Estaba cazando, entonces empezó a escarbar y sacó huesos”, relataría después a los medios locales.
En un primer momento creyó que serían restos de un animal, pero al ver una camisa lo descartó. “Al levantar la camisa vi el cráneo y automáticamente se partió en dos. Después se cayó la prótesis de la dentadura”, recordó el cazador.
La Policía Científica descendió hasta el barranco con diez agentes y dos forenses. Allí encontraron dos cadáveres en avanzado estado de descomposición, apilados uno sobre otro en una ladera pronunciada y cubiertos con maleza y piedras. Llevaban puestas las mismas ropas que el día de su desaparición. También estaban las gafas, la prótesis de cadera de Ana María y la documentación personal.
Según el informe policial al que tuvo acceso La Sexta, sobre los cadáveres se encontraron la cartera de Antonio con dinero en su interior y la cadena de oro de Ana María. No los habían matado para robarles.
La autopsia fue concluyente. Ambos presentaban graves fracturas craneales provocadas por un golpe en la parte posterior de la cabeza en una fecha compatible con marzo de 2012. El caso de la desaparición se convertía oficialmente en un doble asesinato.
El banquero de la doble vida
Desde el primer momento, la investigación apuntó a Rogelio S.T., subdirector de la sucursal donde el matrimonio tenía todos sus ahorros y última persona con la que se les vio con vida. Detrás de su imagen de profesional respetable se escondía, según los investigadores, una realidad muy diferente.
Un examigo del sospechoso, que prefirió mantener el anonimato por miedo, describió ante las cámaras de Equipo de Investigación el alto nivel de vida que llevaba Rogelio: drogas, fiestas, viajes, dos coches y la escolarización de sus hijos en un colegio privado alemán.
Además, el criminólogo Jordi Delgado concretó la cifra que explicaría ese desfase: “En sus declaraciones ante la Policía Judicial, Rogelio no consigue explicar esa salida de 78.400 euros de las cuentas de Antonio y de Ana María”.
Las auditorías internas del Banco Santander, impulsadas tras la desaparición, confirmaron que Rogelio había estado desviando fondos de clientes ancianos durante años, seleccionando a personas mayores que no supervisaban sus cuentas digitalmente y que confiaban plenamente en su gestión.
En noviembre de 2012, apenas ocho meses después de la desaparición del matrimonio, fue despedido por irregularidades en la gestión de las cuentas de otros clientes con un perfil idéntico. Su revocación como apoderado mancomunado del Santander se publicó el 6 de marzo de 2013, exactamente un año después de la desaparición.
Los indicios que señalan al sospechoso
La noche del 6 de marzo de 2012, a las 20:44 horas, la esposa de Rogelio le llamó al móvil. La llamada no fue captada por ningún repetidor de Las Palmas, sino que, según recoge el auto de la Audiencia Provincial, por el repetidor de telefonía instalado en el paraje donde acabaron apareciendo los cadáveres.
La explicación ofrecida por Rogelio fue que aquella tarde su coche se había averiado y buscaba un taller en el sur de la isla. Otro elemento hallado en su teléfono móvil resultó aún más difícil de explicar: una fotografía de unos zapatos de mujer cuyo modelo y color eran idénticos a los que llevaba Ana María Artiles el día de su desaparición.
Cuando los restos de Ana María fueron hallados en el barranco, sus pies estaban descalzos. Los zapatos nunca aparecieron en la fosa. Para la familia, este hallazgo constituye una prueba física esencial que vincula al sospechoso con el cuerpo de la víctima.
En 2025, el juez ordenó nuevas pruebas caligráficas para determinar si Rogelio había falsificado las firmas del matrimonio en documentos bancarios que autorizaban movimientos de fondos desde sus cuentas. Las hijas de las víctimas consideraban imposible que su padre hubiera firmado el retiro de tales sumas.
El largo camino judicial
En enero de 2018, seis años después de los hechos, la policía detuvo a Rogelio S.T., como sospechoso de los asesinatos. Pasó un breve periodo en prisión provisional antes de quedar en libertad por falta de pruebas, manteniendo su condición de investigado.
En junio de 2023 llegó el golpe más duro para la familia. El juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas decretó el sobreseimiento provisional y archivó la causa. Se recurrió, y en septiembre de 2024 la Audiencia Provincial de Las Palmas reabrió el caso. La abogada de la familia, Patricia Catalina, no descarta además la participación de terceras personas en el traslado y enterramiento de los cuerpos, dada la dificultad del terreno.
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Catorce años esperando justicia
A marzo de 2026, el proceso judicial contra Rogelio S.T. se encuentra en su fase más avanzada. La acusación particular le atribuye dos delitos de asesinato agravado, estafa, atentado contra la integridad moral y lesiones psíquicas, y solicita su ingreso inmediato en prisión.
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