El laberinto de la muerte digna en España: las cifras que demuestran demoras, bloqueos y cientos de personas esperando respuesta

Un cóctel de fármacos, sola por voluntad propia y en 15 minutos. Así decía su último adiós Noelia Castillo Ramos, de 25 años, la tarde del 26 de marzo, después de una larga batalla judicial por su derecho a morir dignamente. Ha sido la más joven en recibirla. La noticia se confirmaba alrededor de las 20:00 h de este jueves. En una de las paredes de su habitación en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes había varios ramos de flores para despedirla. Junto a ellos, su madre, padre, abuela y tías.

El 4 de octubre de 2022, Noelia Castillo se precipitó desde un quinto piso en Barcelona. Tenía 23 años. Sobrevivió, pero quedó con paraplejia completa e irreversible: dolor neuropático, incontinencia fecal y dependencia total para asearse. A las secuelas físicas se sumaron los diagnósticos previos de trastorno de límite de la personalidad múltiple y obsesivo-compulsivo.

El 10 de abril, durante su proceso de recuperación en el Instituto Guttmann de Badalona, dejó clara su voluntad de morir y tres meses después, el pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGAC) la aprobó por unanimidad. La eutanasia quedó fijada para el 2 de agosto de 2024. Sin embargo, no se produjo. El padre de Noelia, Gerónimo Castillo, con el respaldo de la Fundación de Abogados Cristianos, consiguió la suspensión del Juzgado de Instrucción nº 20 de Barcelona. Según ellos, la decisión de Noelia era fruto de su enfermedad mental.

Así empezó un largo periodo de casi dos años por conseguir el derecho a la muerte digna asistida. Pasó por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que denegó las medidas cautelares.

El laberinto de la ley 3/2021

La Ley Orgánica 3/2021 de Regulación de la Eutanasia entró en vigor el 25 de junio del mismo año con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. España se convertía en el séptimo país del mundo en despenalizar y regular la eutanasia activa y el suicidio médicamente asistido.

El procedimiento para solicitarla es garantista. Aquella persona que lo pida debe ser mayor de edad, con capacidad de decisión acreditada, nacional español o residente legal con al menos doce meses de empadronamiento, y padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Además, debe presentar dos solicitudes separadas por 15 días. Un médico responsable y otro externo deben emitir sus informes con respecto a la solicitud y la Comisión de Garantía y Evaluación autonómica hace la verificación final.

En teoría, si todo va sin demoras, el proceso puede completarse en poco más de 35 días. No obstante, en la práctica, el tiempo medio en 2024 fue de 82,65 días, casi tres meses, según el último informe del Ministerio de Sanidad sobre la eutanasia en España.

La eutanasia en cifras: 426 muertes en 2024

Desde junio de 2021 hasta el cierre de 2024, se registraron 2.432 solicitudes en España. De ellas, solo 1.123 terminaron su procedimiento (46%). De hecho, en 2024 se registraron 905 nuevas solicitudes de prestación de ayuda para morir, y se finalizaron 929 procesos en total, una cifra que incluye tanto solicitudes presentadas ese año como otras iniciadas en ejercicios anteriores.

Pero, por otro lado, ese mismo año 308 personas murieron esperando, casi un tercio de las que la solicitaron. Fallecieron por causas naturales, siendo su tiempo medio de 47,19 días desde la primera solicitud hasta su fallecimiento.

Esto es relevante dado que la ley contempla una vía de urgencia por la que el médico responsable puede reducir los 15 días entre solicitudes si existe riesgo inminente de pérdida de capacidad. En 2024 se usó en 117 casos (12,5%).

Del mismo modo, 141 solicitudes del total de procesos finalizados fueron denegadas por no cumplir los requisitos legales (15,18%) y 54 personas revocaron voluntariamente su solicitud (5,81%).

El perfil del solicitante de eutanasia

La edad media de los solicitantes es de 69,7 años. El grupo más numeroso fue el de mayores de 80, con un 27,77%. Las enfermedades neurológicas (ELA, Parkinson, demencias...) lideran las causas con un 32,51%. Las oncológicas suponen el 29,71%, y las lesiones medulares como la de Noelia entran en el bloque de “otras patologías”, que alcanzan el 19,38%.

Cataluña es la comunidad autónoma que más eutanasias ha aprobado, con 303 procesos cerrados, de los cuales el 47% terminó en prestación efectiva. Sin embargo, el 42% de sus casos terminan en fallecimiento antes de llegar al final del proceso, la cifra más alta entre las comunidades.

En cambio, el País Vasco presenta la tasa de prestaciones realizadas más elevada, con el 67% de los procesos cerrados y con solo un 24% de fallecimientos durante la tramitación. Andalucía, la comunidad más poblada, registró apenas 72 procesos con un 42% de prestaciones, y Castilla-La Mancha se sitúa en el 31%, la proporción más baja.

Cuando la familia se opone: “No tengo miedo a morir”

El caso de Noelia no es el primero en España en el que existe aprobación médica unánime, pero termina parado en los tribunales por culpa de un familiar: Francesc Augé tenía 55 años y vivía en Barcelona. Cuatro ictus y dos infartos en cuatro años le habían dejado con una discapacidad del 75%, pérdida de la movilidad en el brazo derecho y dificultades graves para hablar.

La Comisión de Garantía de Cataluña aprobó su solicitud en julio de 2024. No obstante, su padre, de 94 años, la recurrió ante el juzgado contencioso-administrativo, lo que todavía mantiene la resolución paralizada un año y medio después de solicitarla.

El obstáculo de los médicos: el caso de José Díaz

Pero cuando el resultado no viene por parte de la familia, el resultado puede ser igual de largo. Es el caso de José Díaz. Tenía 33 años y vivía en Huelva. En 2021 sufrió una intoxicación accidental de metanol que le causó ceguera, incapacidad para tragar, necrosis cerebral y un dolor crónico que, según su familia, lo llevó a intentar suicidarse cinco veces durante la espera.

Presentó su solicitud de eutanasia el 26 de julio de 2022. La familia lo apoyó desde el primer momento, pero el problema fue otro. Todos los médicos de su centro de salud en Huelva no querían ayudarle. El primer médico responsable emitió informes desfavorables. El proceso se tuvo que reiniciar hasta tres veces por los distintos bloqueos burocráticos y del personal.

Finalmente, después de 18 meses, la Comisión Andaluza aprobó su solicitud el 22 de febrero de 2024, siendo la fecha para la muerte asistida el 1 de abril.

El espejo en Países Bajos y Bélgica

España no ha sido el único país envuelto en polémica por solicitudes de eutanasia paralizadas en personas jóvenes. En los Países Bajos, donde la muerte asistida fue despenalizada en los años 80 y regulada en 2002, el sufrimiento psíquico sí está admitido como causa habilitante.

Zoraya ter Beek tenía 29 años cuando recibió la eutanasia en mayo de 2024. Física y neurológicamente sana, padecía desde la infancia depresión crónica, ansiedad, trastorno límite de la personalidad y autismo diagnosticado a los 21 años. Tras someterse a 33 rondas de terapia electroconvulsiva sin mejoría, su psiquiatra determinó que su condición era refractaria a todo tratamiento. El proceso duró tres años y medio hasta que se hicieron todas las evaluaciones.

Distinto fue el caso de Noa Pothoven, neerlandesa de 17 años que murió en junio de 2019. Al igual que Noelia, fue víctima de agresiones sexuales, y desarrolló trastorno de estrés postraumático, depresión y anorexia severa.

Solicitó la eutanasia, aunque fue denegada al ser menor de edad, por lo que decidió dejar de comer y beber hasta morir al no encontrar alivio a su trauma. Los médicos, de acuerdo con la familia, no aplicaron alimentación forzosa y finalmente, murió en casa.