La eutanasia según las estadísticas: el 15% de las solicitudes fueron denegadas y menos de la mitad de las peticiones recibieron la prestación de ayuda para morir

El desarrollo de la eutanasia en España continúa avanzando en cifras, pero también revela las complejidades del procedimiento. En 2024, un total de 426 personas recibieron la prestación de ayuda para morir, lo que representa el 45,86% de los 929 procesos finalizados ese año, según el Informe Anual publicado por el Ministerio de Sanidad. Esto implica que menos de la mitad de las solicitudes culminaron en la aplicación efectiva de este derecho reconocido por la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), en vigor desde junio de 2021.

El documento recoge un total de 905 nuevas solicitudes registradas en 2024, aunque el número de procesos finalizados —929— incluye también expedientes iniciados en años anteriores. Desde la entrada en vigor de la ley hasta finales de 2024, se han contabilizado 2.432 solicitudes, de las cuales 1.123, un 46%, han concluido con la prestación.

Un proceso con múltiples desenlaces

Los datos reflejan que el acceso a la eutanasia no es un procedimiento automático ni inmediato. Junto a las 426 prestaciones efectivas, el informe señala que 308 personas, el 33,15% de los casos, fallecieron durante la tramitación sin haber llegado a recibir la ayuda para morir. A ello se suman 141 solicitudes denegadas —el 15,18%— por no cumplir los requisitos legales establecidos, y 54 revocaciones voluntarias por parte de los propios solicitantes, que representan el 5,81%.

Las denegaciones, en particular, muestran el papel de control del sistema. En 2024 se emitieron 157 informes desfavorables, algunos de ellos vinculados a un mismo proceso. De estos, 75 fueron recurridos, y finalmente 20 reclamaciones fueron estimadas por las comisiones de garantía, lo que permitió revertir la decisión inicial y autorizar la prestación en esos casos.

Por otro lado, las revocaciones evidencian la reversibilidad del procedimiento. De las 54 registradas, la mayoría —38— se produjeron en fases tempranas, antes incluso de formalizar la segunda solicitud. Otras siete se dieron durante la evaluación del expediente, y nueve se produjeron después de haber recibido ya la autorización, lo que indica que algunos solicitantes cambian de decisión incluso en el tramo final.

Perfil de los solicitantes

El informe dibuja también el perfil mayoritario de quienes solicitan la eutanasia. La edad es un factor determinante: el 75,89% de los procesos finalizados en 2024 correspondieron a personas mayores de 60 años, siendo el grupo más numeroso el de mayores de 80, que representa el 27,77% del total.

En cuanto a las patologías, predominan las enfermedades neurológicas (32,51%) y oncológicas (29,71%), que en conjunto suponen más del 62% de los casos. La mayoría de las solicitudes se tramitaron con pacientes que conservaban su capacidad de decisión en el momento del proceso, mientras que un 5,49% se iniciaron mediante instrucciones previas.

Tiempos y demoras en el procedimiento

Uno de los aspectos más relevantes del informe es el tiempo necesario para completar el proceso. El plazo medio desde la solicitud hasta la resolución por parte de la Comisión de Garantía y Evaluación fue de 52,97 días, por encima del margen orientativo de entre 30 y 40 días previsto por la ley. Si se tiene en cuenta todo el recorrido hasta la aplicación de la prestación, el tiempo medio asciende a 82,65 días.

Estas demoras tienen consecuencias directas en el desarrollo de los casos. En más de un tercio de los procesos —308 personas—, el solicitante falleció antes de recibir una respuesta definitiva. En este grupo, el tiempo medio desde la solicitud hasta el fallecimiento fue de 47,19 días, con una mediana de 27 días, inferior incluso al plazo mínimo de tramitación exigido.

En determinados supuestos, los médicos responsables pueden acortar los plazos para evitar la pérdida de capacidad del paciente. En 2024, esto ocurrió en 117 casos, el 12,59% del total.

Aplazamientos y donación de órganos

El informe también recoge que, de las 508 solicitudes aprobadas en 2024, 55 personas decidieron aplazar la prestación, lo que supone un 10,83%. De estos casos, aproximadamente dos tercios acabaron finalmente recibiendo la ayuda para morir.

En paralelo, la donación de órganos tras la eutanasia se ha consolidado como una opción dentro del sistema sanitario. En 2024, 63 personas —el 14,79% de quienes recibieron la prestación— participaron en este programa. Desde 2021, un total de 156 donantes han permitido el trasplante de 459 órganos, beneficiando a 442 pacientes.