Andalucía pagará una indemnización de 1.2 millones de euros a los padres de un niño que nació con graves trastornos por “deficiencias médicas” en el parto

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha cerrado un acuerdo que implica el pago de 1.250.000 euros a los padres de un menor tras reconocer daños y perjuicios derivados de la atención médica durante el parto. La aseguradora del SAS será la encargada de abonar la cantidad pactada, como resultado de las secuelas graves sufridas por el bebé durante el proceso de su nacimiento.

El caso se resolvió a través de un procedimiento judicial en el que la representación legal de la familia, según la demanda consultada, argumentó que el recién nacido presentó desde sus primeras horas de vida convulsiones neonatales, déficit visual y signos de parálisis cerebral infantil. El acuerdo alcanzado permite dar por terminado el proceso, sin que ninguna de las partes deba afrontar costas judiciales.

En la demanda, consultada por Europa Press, el abogado de los progenitores narró que el parto se realizó en un hospital de Sevilla, bajo la gestión de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y fue descrito como un “parto vaginal espontáneo” con un “examen físico del recién nacido normal”.

Sin embargo, el documento detalla que, “pese a la supuesta normalidad en el examen físico del recién nacido, el mismo precisó reanimación con mascarilla, oxígeno y fue trasladado con 16 horas de vida a la Unidad de Neonatología General” por “cefalohematoma —acumulación de sangre bajo el cuero cabelludo— e hipoglucemia”.

El informe clínico del área de Neurología Pediátrica del hospital diagnosticó, según consta en la causa, “parálisis cerebral infantil, epilepsia estructural que cursa con espasmos epilépticos, encefalopatía hipóxico-isquémica y convulsiones neonatales”.

El “inadecuado control del parto” causó graves secuelas en el bebé

El escrito de la demanda, tras analizar las pruebas, sostiene que “un inadecuado control del parto ha propiciado el nacimiento de un niño con graves trastornos hipóxico isquémicos, cosa que no habría ocurrido si se hubieran tomado las medidas adecuadas, comprobando el bienestar fetal durante el periodo de dilatación mediante una prueba de ph de calota fetal o, en caso de no disponer de dicha prueba, realizando una cesárea ante la sospecha de pérdida de bienestar fetal. Se han vulnerado los protocolos al uso y la lex artis”.

El documento también atribuye las secuelas a la actuación del personal médico: “Las graves secuelas que sufre el menor” fueron “consecuencia de una deficiente y negligente actuación por parte de los facultativos médicos que atendieron a la madre del recién nacido en dicho parto, ya que, de haber actuado con mayor celeridad tras la comprobación de alteraciones en el registro cardiotocográfico, de las que se desprendía a todas luces un sufrimiento fetal, mediante la realización de una cesárea de urgencia y no seguir con el parto vaginal como se hizo”.

A raíz de la resolución judicial, la familia recibirá la suma mencionada como compensación por los daños derivados de la asistencia sanitaria recibida durante el parto. La responsabilidad médica fue determinada en función de los informes aportados y los protocolos que, según la parte denunciante, no se cumplieron en el caso.

*Con información de Europa Press