
El juicio verbal exige preparación previa y dominio procesal. Para la abogada Naiara Guerra, que comparte contenido jurídico en TikTok (@naiara.guerra3), la clave está en delimitar de forma precisa la pretensión jurídica desde los escritos de demanda y contestación.
Para la abogada, “quien controla el procedimiento, controla la prueba”. Por eso, considera que dominar las reglas del procedimiento no es una cuestión teórica, sino una herramienta estratégica: “Saber cuándo y cómo impugnar un documento por su autenticidad o valor probatorio, cómo proponer correctamente los medios de prueba, o cuándo formular recurso de reposición o respetuosa protesta frente a decisiones adoptadas en sala puede marcar la diferencia en el resultado del litigio”.
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Cómo funciona un juicio verbal
El procedimiento de juicio verbal representa una vía procesal especialmente concebida para la resolución ágil de controversias judiciales de carácter económico que no superen los 6.000 euros. Este mecanismo permite reclamar tanto el pago de cantidades monetarias como la ejecución de obligaciones de hacer o no hacer, siempre limitándose al umbral cuantitativo mencionado. Quedan excluidos del régimen general los procedimientos cuya competencia se determina por la materia, como en el caso de los desahucios, para los que sí resulta obligatoria la intervención de letrado y procurador.
En cualquiera de las reclamaciones dinerarias en las que la cuantía sea inferior a 2.000 euros, la normativa admite que se tramiten sin abogado ni procurador, permitiendo la presentación directa de la demanda a través de la Sede Judicial Electrónica. Cuando la deuda que se pretende reclamar no reúne las condiciones de liquidez, determinación, vencimiento y exigibilidad que exige el procedimiento monitorio, la acción adecuada pasa a ser el juicio verbal, asegurando siempre la intervención judicial y la finalización mediante sentencia.
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El órgano jurisdiccional competente para tramitar la demanda suele corresponder al Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la persona demandada. Para sociedades, empresarios o profesionales en asuntos relativos a su actividad empresarial, también es posible presentar la demanda en el Juzgado del lugar donde se desarrolle la mencionada actividad. Por debajo del umbral de 90 euros y en municipios donde carezcan de Juzgado de Primera Instancia, la competencia recae sobre el Juzgado de Paz. Para litigios derivados de acciones individuales de consumidores o usuarios, el tribunal competente podrá ser el del domicilio propio del consumidor/usuario o el de la parte demandada, según su elección. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, los Juzgados de Primera Instancia del domicilio del consumidor conocen también de reclamaciones relativas a daños por destrucción, pérdida o avería del equipaje en el transporte aéreo, así como de derechos en autobús, autocar, mar y vías navegables.
La demanda da inicio al procedimiento y debe contener la identificación exacta de actor y parte demandada, junto a los domicilios donde puedan ser citados. La precisión en la exposición de los hechos y en la solicitud realizada constituye un requisito fundamental. La estructura tipo de la demanda comprende tres partes principales: encabezamiento, con los datos identificativos y direcciones tanto del demandante como del demandado (incluyendo la posibilidad de añadir teléfono y correo electrónico para agilizar comunicaciones); cuerpo, dedicado a la exposición sistemática de los hechos que fundamentan la acción y la relación de documentos y pruebas en apoyo de los mismos; y suplico, donde se concreta la pretensión—habitualmente cuantificada—junto a la solicitud de condena en intereses o costas y el ofrecimiento de medios de prueba.
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