El papa León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio para visitar Madrid, Barcelona y Canarias. Entre los actos previstos en su agenda en nuestro país, el pontífice pronunciará un discurso en el Congreso, donde será recibido en calidad de jefe de Estado. Accederá por la Puerta de los Leones y se tratará de una sesión solemne conjunta, ante diputados y senadores. El Vaticano y la Presidencia de las Cortes han acordado una fecha hábil, lunes 8 de junio, apenas a dos semanas del último pleno antes del verano.
Así, el acontecimiento no trastocará el calendario político, pero pudiera hacerlo si en los planes del presidente del Gobierno está la convocatoria de unas elecciones generales. Pedro Sánchez insiste en que agotará la legislatura, que expira en 2027, pero puede bastar un giro en las encuestas para que esto cambie. Su debilidad parlamentaria le impide sacar adelante unos presupuestos, ya solo un escudo social, realidad que opaca su empuje frente a la guerra en Irán, acentuando su perfil internacional.
Sánchez concibe la pandemia como su tiempo más difícil en el poder, por encima del cerco judicial a sus dos últimos secretarios de Organización en Ferraz o a su propia familia en las personas de su mujer y de su hermano. Atado de manos en lo doméstico, busca su oportunidad en aquellas medidas que no necesitan una votación y también en el desgaste en la oposición, bien obligándola a decantarse por Donald Trump o el Gobierno de España, bien favoreciendo la alianza tóxica entre PP y Vox.
Una discusión jurídica
Sus acciones, también sus choques, pudieran leerse en clave electoral, pero no necesariamente inminente. Sánchez necesita azuzar a su electorado, pero también una ventaja suficiente para no volver a depender de un abanico tan heterogéneo de fuerzas. Sus oponentes tienen prisa, él no. La izquierda a su izquierda también pide margen. Por esto Moncloa mira en largo, preparando un nuevo viaje a China, o una intervención ante la Asamblea General de la ONU en la que el presidente acaparará los focos.
Pero todavía esas citas las pudiera cumplir en funciones, a las puertas de una campaña. Algo histórico como la visita de un papa, pero también anecdótico a efectos del funcionamiento de un país y su democracia, sí supone un obstáculo para convocar elecciones. La potestad de hacerlo la tiene Sánchez. Una vez lo haga, se procede a la disolución de las Cortes, cesando todos los diputados y senadores salvo los que formen parte de la Diputación Permanente, que son los servicios mínimos legislativos.
Unas cortes en esta situación no están autorizadas para celebrar plenos, mucho menos recepciones a un jefe de Estado, en este caso de Ciudad del Vaticano. Diputados y senadores de la legislatura terminada no podrían ocupar los escaños porque ya no les corresponderían, además de haber dejado de percibir salario. Sí podría darse una discusión jurídica acerca de si un acto de tal carga simbólica e institucional debería tener autorización extraordinaria, pero no hay un precedente que lo ampare.
Una alternativa
De modo que si Sánchez convoca antes de junio, la fórmula más ágil —aparte de una disculpa a la Santa Sede, de quien nació la iniciativa— sería dar por hecha la complejidad del encaje de una sesión solemne y la preparación de una alternativa en la que León XIV pudiera dirigirse a las principales autoridades del Estado. Pero se habría desbaratado algo que no ha ocurrido hasta hoy —un papa en el Congreso— y uno de los grandes reclamos de su viaje junto a la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia.
La última vez que un papa pisó España fue en 2011, cuando lo hizo Benedicto XVI, que vino en tres ocasiones. Francisco no lo hizo. Su sucesor como obispo de Roma aterrizará en nuestro país apenas un año después de la fumata blanca, que fue en mayo de 2025. Antes, durante marzo y abril, habrá estado en el Principado de Mónaco y durante 11 días en África. En aquel continente, recorrerá Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.
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