
Los investigadores de la Guardia Civil del accidente de Adamuz han comunicado a la jueza de instrucción que personal de Adif retiró fragmentos de vía del lugar del siniestro antes de que concluyera la inspección judicial y sin haber solicitado ni comunicado previamente esa actuación a la autoridad judicial, según un informe que ha adelantado El Mundo y al que ha tenido acceso Infobae.
El accidente, ocurrido el 18 de enero en la provincia de Córdoba, implicó a un tren de la compañía Iryo y a un convoy Renfe que realizaba un servicio Alvia, y dejó 45 fallecidos. Desde entonces, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro dirige una investigación penal para esclarecer las causas del siniestro, en paralelo a los trabajos técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.
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De acuerdo con este último oficio remitido por la Guardia Civil, en la madrugada del 22 al 23 de enero, cinco días después del accidente, personal de Adif recibió una orden verbal de un responsable de área para recoger varios “cupones de raíl”, es decir, fragmentos de vía que incluían soldaduras potencialmente relevantes para determinar el origen del descarrilamiento o la colisión.
Esos elementos fueron trasladados a la base de mantenimiento de alta velocidad en Hornachuelos, donde, según la declaración de un responsable de la instalación ante los agentes, se les practicaron pruebas de dureza que fueron calificadas como no destructivas.
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“Personal de Adif realizó distintas operaciones sin advertirlo ni solicitarlo”
Fue el 30 de enero cuando la unidad de la Guardia Civil se trasladó a la zona del accidente para realizar nuevas mediciones y fueron informados “de que los cupones con las soldaduras se habían trasladado hasta la base de Adif en Hornachuelos (Córdoba)”. Por ello, el 2 de febrero enviaron un correo electrónico a Adif “advirtiendo que no se realice ningún tipo de actuación en las soldaduras, sin autorización previa”.
Al día siguiente se dirigieron a la Base de Hornachuelos, donde solicitaron “el traslado del cupón de rail desde la zona de obra a la Base de Mantenimiento, correspondiente al número 8, que así mismo quedó precintado”.
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En el escrito, los agentes destacan que hasta el día 28 de enero no se comunicó a Adif que “disponía de autorización para acceder a la zona del accidente” y lo acompañan del texto que les fue enviado en ese momento: “No existe inconveniente para que se inicien las labores de reconstrucción y restablecimiento del servicio ferroviario, accediendo con maquinaria pesada o la que ustedes consideren oportuna, a la zona del accidente.”
“A la vista de lo expuesto, el instructor considera que personal de Adif realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba) y practicó distintas pruebas en el material, sin advertirlo ni solicitarlo”, concluyen.
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La jueza reprende a Adif
La jueza instructora, Cristina Pastor, dictó el 10 de febrero una providencia en la que reprende la actuación y ordena a Adif abstenerse de efectuar nuevas “extracciones o pruebas sobre material relacionado con la causa sin autorización judicial previa”.
“Se requiere a Adif para que se abstenga de realizar cualquier operación tendente a la extracción y traslado del material relacionado y de interés para la instrucción de la causa y práctica de cualquier prueba sobre el material extraído, si no es previa autorización judicial, así como la restitución inmediata del material que obre en su poder, todo ello bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal que resultara procedente”, escribe la jueza en una providencia consultada por este periódico.
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Por su parte, Adif ha defendido que los fragmentos retirados estuvieron en todo momento a disposición judicial y que su recogida respondió a la necesidad de preservarlos, al encontrarse a la intemperie y expuestos a deterioro. La entidad sostiene que elaboró un inventario detallado de las piezas, que estas fueron trasladadas con trazabilidad documentada y que no se produjo alteración ni manipulación que afectara a su estado original. También mantiene que la actuación se produjo una vez que los agentes y los técnicos desplazados al lugar habían concluido sus trabajos iniciales de inspección.
Las hipótesis del accidente
La controversia se suma a una investigación compleja en la que, según informes preliminares conocidos en las últimas semanas, la Guardia Civil mantiene abiertas diversas hipótesis sobre las causas del accidente. Según el atestado entregado al juzgado por los investigadores y al que ha tenido acceso Infobae, las principales posibles causas por el momento son un carril o riel de fabricación defectuoso, una soldadura defectuosa y el estado general del conjunto.
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Por el momento no llegan a descartar que se produjera por un fallo humano, pero con las pruebas recogidas hasta ahora, no han visto “a priori”, ninguna actuación “anómala, negligente o imprudente” de ambos conductores. Menos probables, pero todavía se mantienen como “causas no determinadas” son una actuación de sabotaje o terrorista, una falta de prevención, falta de mantenimiento o un uso de materiales inadecuados.
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