Un grupo de policías nacionales “da un paso al frente” para conseguir una sindicalización libre dentro del cuerpo por la vía judicial, legislativa y social

“Queremos tener nuestras propias herramientas para mejorar y modernizar el cuerpo”, explica a Infobae Manuel Soler, representante del Sindicato Reformista de la Policía (SPR). Así resume el principal objetivo que busca este colectivo en una lucha en la que lleva años junto a organizaciones sociales, sindicales, formaciones políticas y servidores públicos de la Policía, pero que se ha intensificado en estos últimos meses: conseguir que los agentes de la Policía Nacional puedan afiliarse a sindicatos externos al cuerpo como el resto de funcionarios y policías autonómicos.

“Queremos arrinconar al sector sindical de la Policía próximo a Vox, que en ningún momento está hablando de derechos fundamentales, y combatirlos con medidas del Gobierno para frenarlos, aislarlos y expulsarlos”, asegura. Tras un largo tiempo de planificación, tienen ya una ruta clara a seguir para conseguir su meta. Sus acciones van encaminadas por la vía judicial —con una demanda directa contra la actual ley y el Ministerio del Interior por impedir sus derechos—, por la legislativa —buscando apoyos en los diferentes grupos políticos para que apoyen la creación de una ley— y por la social, con reuniones con sindicatos como CCOO y UGT para cimentar sus apoyos. “Tenemos que dar un paso al frente, como las izquierdas de este país”, explica.

“La sociedad civil debe confiar en policías alejados de mensajes y actuaciones impropias de quienes deben y tienen la obligación de defender derechos y libertades democráticos de todos los ciudadanos nacionales, extranjeros y residentes”, añade Soler.

“Conseguir la plena libertad sindical”

En una circular interna que el sindicato ha enviado a sus afiliados, y a la que ha tenido acceso este periódico, en SPR describen claramente los objetivos y cómo se pueden conseguir. Esta situación nace a partir del momento en el que las policías locales y autonómicas alcanzaron el derecho a la plena libertad sindical y la libre afiliación a sindicatos no corporativos o de clase, “en un periodo de tiempo en el que la Ley 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, les limitaba ese derecho, si bien se les concedió políticamente a otras administraciones autonómicas por parte de los gobiernos centrales un derecho constitucional que no prohibió en ningún momento los acuerdos alcanzados”. “Desde entonces, la negociación colectiva les hace tener medios para mejorar sus condiciones laborales, otorgándoles la capacidad de conseguir resolver sus demandas retributivas de forma consecuente y sin tener que recurrir a grupos o formaciones políticas ajenas a gobiernos establecidos legítimamente en sus respectivas administraciones”, relatan en el sindicato.

De esta manera, lo que buscan es que este mismo sistema se pueda implantar en la Policía Nacional, para lo que simplemente se necesitaría modificar uno de los apartados de la Ley Orgánica 9/2015 de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.

La vía política y el apoyo de los sindicatos

En la primera línea de acción, el sindicato informa de que se ha abierto “formalmente un proceso de negociación con las organizaciones UGT y CCOO, tras unas reuniones previas que comenzaron el pasado año 2025″. Este proceso se ha iniciado el 10 de febrero.

“La presencia en la Mesa General de Negociación, Función Pública, Mesas Sectoriales, etc., de UGT y CCOO con capacidad de acordar y resolver la situación laboral y profesional de todos nosotros, tal como ha ocurrido con la última subida salarial de la que hemos sido beneficiados como parte de la Administración General del Estado, es un ejemplo práctico que sirve de paradigma para alcanzar la libre afiliación”, explican.

Añaden que “estas negociaciones representan un paso importante para fortalecer nuestros derechos y consolidar un entorno laboral donde la organización sindical SRP pueda actuar con plena autonomía, o confederándose o integrándose en otras organizaciones si así lo decide la mayoría de la afiliación, en esa nueva posibilidad estatutaria que debe regularse en el Cuerpo Nacional de Policía”.

Por otra parte, estas semanas están siendo de alta actividad en el Congreso de los Diputados, con reuniones con los diferentes grupos para llegar al Consejo de Ministros y poder impulsar la creación de un proyecto de ley. También esto podría suponer un debate “con luz y taquígrafo en el Congreso” y que, de esta manera, cada grupo político tenga que “retratarse” y mostrar si quiere apoyar esta medida o no, explica Soler.

Una demanda judicial contra la actual ley

Todo esto no impide la última vía, que ya fue anunciada a finales de 2025, pero que cada vez está más cerca, según el sindicato, y que no es otra que presentar una demanda judicial contra la ley actual y “todos los que la sostienen desde el Ministerio del Interior, que agilizaría los plazos para el cambio obligado de este régimen por parte del Gobierno”.

Este escrito, en el momento de su presentación, se fundamentará en “el reconocimiento efectivo del derecho a la sindicación libre o el poder confederarnos con sindicatos presentes en la Función Pública, conforme a lo establecido en el Convenio 87 de la OIT, el artículo 28 de la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

“Es un momento único y debemos aprovecharlo. Al mismo tiempo, estamos seguros de que muchos compañeros/as del Cuerpo Nacional de Policía, afiliados a otras organizaciones presentes en el Consejo de Policía, cuando sean conocedores de estas iniciativas, se posicionen activamente en defensa de un derecho fundamental“, concluyen desde el sindicato.