
En la patronal no han sentado bien las palabras que pronunció este lunes Pedro Sánchez en la firma para la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El presidente del Gobierno lanzó un mensaje muy claro a los empresarios. “Cuando toca apretarse el cinturón nos lo apretamos todos y cuando toca repartir, lo hacemos todos”, sentenció. Un día después, en una entrevista en la Cope el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha aseguradi estar “hiperenfadado” por lo que considera una campaña del Ejecutivo para convertir a los empresarios en “un muñeco de trapo al que dar golpes”.
Garamendi “no da crédito” ante las acusaciones lanzadas por el jefe del Ejecutivo, quien reprochó a la patronal haberse desmarcado del acuerdo para elevar el SMI. El líder de la organización empresarial ha defendido el historial de diálogo de la patronal, remarcando que “siempre se ha sentado a la mesa y tratado a la gente con mucha educación”.
Sin embargo, respecto al SMI, desde 2020 no hay acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal. El salario mínimo se ha ido subiendo cada año desde 2023, y hace seis años que no cuenta con el ok de los empresarios. Garamendi ha recordado que la fijación de este salario es competencia exclusiva del Gobierno y ha recalcado que el aumento se decidió “en lo que ha querido”. Además, ha criticado la metodología empleada por los expertos consultados por el Ejecutivo, señalando que excluyeron sectores como la agricultura y la pesca para elevar artificialmente la media salarial.

El presidente de la CEOE ha insistido que en ningún momento se ha negado la posibilidad de aumentar los sueldos. “Firmamos el acuerdo nacional de convenios con el 3,1% más un 1% en función de la inflación durante tres años. Hemos cumplido”, recalcó. No obstante, cuestionó el enfoque del Gobierno, que, según él, busca “culpables para tapar sus propias miserias”.
El peso fiscal y la presión sobre las empresas
Uno de los reproches más contundentes de Garamendi gira en torno a la política fiscal del Gobierno. El líder de la patronal ha afirmado que el Gobierno “se pone morado a subir impuestos”, especialmente en lo relativo a los seguros sociales, lo que, a su juicio, limita la capacidad de las empresas para mejorar los salarios de sus empleados.
Garamendi ha criticado la narrativa oficial que parece centrarse únicamente en las grandes empresas del Ibex, mientras ignora a los más de dos millones de pequeños empresarios que, según él, “crean riqueza” en España. “Todo al final se lo come el Gobierno, porque si no, estaría en los bolsillos de los trabajadores”, ha indicado el líder empresarial.
El absentismo laboral ha sido otro de los temas destacados por Garamendi, quien denunció que cada día faltan a trabajar 1,7 millones de personas en el país. Expresó su alarma ante el coste económico que esto representa: “El absentismo cuesta 32.000 millones de euros al año: 16.000 millones para el Estado y otros 16.000 millones para las empresas”, ha advertido.
Según Garamendi, la respuesta del Ejecutivo a esta realidad ha sido la concesión de más permisos, mientras que, a su entender, se elude la discusión sobre la gestión eficiente de las bajas médicas. El presidente de la CEOE instó a los sindicatos a abordar el problema del absentismo en las mesas de negociación, argumentando que la situación afecta especialmente a las pequeñas empresas.
El rol de los empresarios y la gestión pública
Para Garamendi, el Ejecutivo ha instaurado una dinámica donde la patronal y las empresas se han convertido en el blanco de las críticas, a pesar de que, según sus palabras, “siempre han sido la solución”. Ha recordado que los empresarios son quienes realmente “crean riqueza” y planteó que, si se exige a las empresas, se debería exigir también a los gobernantes en materia de gestión.
Al abordar la situación de los profesionales sanitarios, Garamendi se ha preguntado: “¿Cómo se tiene a los médicos en este país? Y los necesitamos. Necesitamos más médicos, mejor pagados, y una sanidad pública mejor gestionada”. Con este ejemplo, subrayó la necesidad de examinar la gestión pública con el mismo rigor que se exige al sector privado.
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