Reacciones al anteproyecto de ley de gestión sanitaria: de un “ataque a la libertad” para la sanidad privada a un avance sin precedentes para la pública

El Ministerio de Sanidad ha lanzado su anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma que busca proteger “nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras”, según Mónica García. Han sido los escándalos sobre la gestión del Hospital de Torrejón, un centro público dirigido por el grupo privado Ribera Salud, lo que ha motivado la actuación del Gobierno.

Con este anteproyecto, se derogaría la ley 15/1997, aprobada bajo el Gobierno de Aznar, que permitió el modelo de colaboración público-privada en los hospitales, una noticia que no ha sentado bien en el sector. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal que agrupa a la mayoría de centros sanitarios privados del país, ha manifestado en un comunicado su “rechazo frontal” a la iniciativa, que consideran “un ataque dogmático a la libertad de gestión de las competencias sanitarias de las comunidades autónomas y que nace con el declarado objetivo de prohibir, limitar y/o condicionar los distintos modelos de colaboración público-privada”.

La patronal ve el anteproyecto como una “ley anti-sanidad privada” que “reduce de forma arbitraria” los modelos de gestión indirecta disponibles.

Casi un tercio de los hospitales públicos pertenecen a la privada

En los últimos años, la participación privada ha crecido sobremanera dentro del sistema público. Los conciertos parciales o sustitutivos, así como aquellos que prestan servicios financiados por el SNS, se han multiplicado y suponen ahora el 30,7% de todos los hospitales de la red pública. En total, son 145 los centros privados que operan dentro del SNS, 39 más que en el año 2011. En contraposición, España ha perdido 19 hospitales públicos en el mismo periodo, quedando 327.

En este modelo, es Cataluña quien lidera: la comunidad tiene 93 centros privados en su red de utilización pública. La comunidad parte de un modelo sanitario particular, en el que se permite la concertación con centros privados que permite un sistema mixto de sanidad pública. Dichos conciertos podrían verse afectados con el nuevo anteproyecto, según la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES).

“Supone un cambio estructural relevante en el marco jurídico que durante casi tres décadas ha permitido la colaboración público-privada”, valoran desde la patronal catalana, que considera que el nuevo sistema “puede introducir rigideces innecesarias y generar inseguridad jurídica en estructuras asistenciales que funcionan con normalidad, transparencia y control público”.

De salir adelante, la Comunidad de Madrid también podría sufrir un golpe. La autonomía tiene cinco hospitales bajo el modelo Alzira, donde un hospital público es gestionado por una empresa privada. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha considerado el anteproyecto como un intento de “acabar con la sanidad” madrileña para “que nada funcione”.

Un “blindaje de la sanidad pública”

Desde la sanidad pública, el sentimiento es el contrario. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) ha considerado el anteproyecto como un avance sin precedentes y un punto de inflexión en la protección del carácter público de la sanidad en España.

“Entendemos este anteproyecto de ley como un primer gran paso, no como punto de llegada”, especifican en un comunicado. Así, la Fadsp reclama mejoras y un mayor desarrollo que permitan el pleno desarrollo de la norma. Piden unos requisitos más concretos a la hora de permitir la gestión indirecta de la sanidad pública, potenciar los recursos autonómicos para reducir la dependencia de la privada e integrar las mutualidades de funcionarios de forma progresiva en el Sistema Nacional de Salud.