El ex Policía Nacional que busca ir más allá de los “ajustes de cuentas” entre “bandas latinas”: “En un homicidio importa qué hizo cada persona”

Las bandas juveniles plantean retos de seguridad e integración y condicionan el futuro de los más jóvenes. Cada pocas semanas vemos titulares de peleas o agresiones. Estas noticias suelen abordar los detenidos, sus edades y el lugar de los hechos, limitándose a señalar los “ajustes de cuentas” como motivo, sin entrar en qué supuesta cuenta están saldando. Al tratar estos apuñalamientos, palizas y, en ocasiones, disparos, hay que ir más allá. Así lo explica el abogado y exsubinspector de Policía Nacional, Jesús Pando Díaz, consultado por Infobae. “Un procedimiento exige algo más que identificar unas siglas o reconocer a una persona en una imagen: hay que acreditar conductas y responsabilidades”, explica el experto.

Pando Díaz, que está al frente de la investigación doctoral Bandas juveniles latinas en España: cuestiones penales y criminológicas, sostiene que el análisis de estos casos debe centrarse en la estructura de los grupos, las vías de incorporación de los menores y el grado de responsabilidad de cada implicado. “Un encuentro en la calle puede terminar en una agresión capaz de destruir varias vidas”. “No solo la de quien recibe las heridas, sino también la de su entorno y la de un adolescente que puede enfrentarse a un procedimiento penal de enorme gravedad”, expone el abogado. Detrás de los implicados directos, hay otros responsables y más víctimas.

Buscar los máximos responsables

Para Pando Díaz, el punto de partida debe ser “esclarecer qué ocurrió, proteger a la víctima y determinar quién debe responder”. Cuando hay indicios de una estructura organizada, añade, la investigación no debe limitarse a quienes ejecutaron materialmente la agresión. “Debe alcanzar también a quienes preparan, promueven o facilitan la violencia, aunque no aparezcan en el lugar”. Y es que un ataque o un homicidio no suele ser un impulso aislado.

En abril, un joven de 17 años apodado Diler fue apuñalado por la espalda en el barrio madrileño de Entrevías. Fuentes policiales indicaron que pertenecía a los Trinitarios, mientras que el agresor era de Los Ñetas. Ambas bandas llevan años moviendo fichas en un sangriento tablero por controlar Puente de Vallecas. Detrás de este supuesto control suele ocultarse el tráfico de drogas a pequeña escala, pero también se crea un círculo vicioso de represalias en el que siempre hay un ataque anterior al que responder.

“En un homicidio importa qué hizo cada persona”, resume el abogado. Ejecutar, inducir, cooperar o estar presente no son conductas equivalentes. “Estar presente no equivale automáticamente a compartir una intención homicida; tampoco la ausencia del lugar excluye toda posible participación”. Además, detener a un ejecutor puede permitir que esa persona pague por su culpa, pero tiene un efecto limitado sobre la estructura criminal. El abogado recuerda que el Código Penal diferencia entre organización criminal y grupo criminal. La primera exige, entre otros elementos, estabilidad y una distribución coordinada de funciones para delinquir. La segunda contempla una agrupación con finalidad delictiva que no reúne todos esos requisitos. Esta segunda puede plantear más dificultades a la hora de perseguirla, al no haber un hilo tan claro del que tirar.

La difícil situación del arrepentido

Los motivos detrás de estos ajustes los explica Pando Díaz, que identifica “distintas formas de actuación”. La intimidación para controlar espacios de reunión y la búsqueda de beneficio económico son las razones habituales, pero también se producen agresiones dentro del propio grupo. La Policía Municipal de Madrid detuvo en agosto a un miembro de los Trinitarios acusado de semiamputar la mano a otro integrante del grupo con una katana, según adelantó ABC. En este caso no se esclareció si fue una agresión contra un arrepentido, pero si hay una situación especialmente compleja, es la de quienes pretenden abandonar una banda.

Puede ser extremadamente difícil porque no depende solo de la voluntad de quien quiere alejarse. Cuando el grupo ocupa una parte central de la vida del adolescente, sus amistades, rutinas, protección percibida e incluso su identidad pueden estar ligadas a esa pertenencia. Romper con ella puede provocar miedo a represalias, amenazas, aislamiento o pérdida de apoyo emocional, explica Pando Díaz.

Algunos jóvenes sienten que fuera del grupo no tienen alternativas reales: carecen de oportunidades educativas, laborales o familiares estables. Por eso, el experto apunta que necesitan protección efectiva, acompañamiento psicológico, apoyo familiar y espacios seguros donde reconstruir sus relaciones. La salida también requiere evitar etiquetas que confundan la identidad migrante con la delincuencia. Cada caso debe analizarse individualmente. La escuela, los servicios sociales, las instituciones y la comunidad pueden detectar señales de que un joven ha sido engañado o sometido y ofrecer alternativas antes de que la violencia se consolide. Ayudar a abandonar una banda significa crear condiciones reales de seguridad y futuro, sin justificar los delitos cometidos ni olvidar a las víctimas y sus familias.