Así quiere limitar el Gobierno la gestión privada de hospitales públicos: “No solamente es menos eficiente, sino que también es más dañina”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para frenar la privatización sanitaria y priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios. La ley “pone fin a esta deriva” privatizadora de la sanidad, según la ministra de Sanidad, Mónica García, que espera que el anteproyecto proteja a “nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y privatizadoras”.

El ministerio gestionado por Mónica García trabaja desde 2024 en una nueva ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y anunció el pasado mes de diciembre su intención de llevarla al Consejo de Ministros. La normativa derogaría la ley 15/1997, aprobada bajo el Gobierno de Aznar, que permitió el modelo de colaboración público-privada en los hospitales.

Según García, los “casos absolutamente obscenos” conocidos, entre los que cita la polémica con el Hospital de Torrejón o los fallos de los cribados del cáncer en Andalucía, habrían dado impulso a la regulación. “Es un problema estructural que se basa en un marco normativo que, durante demasiado tiempo, ha permitido que la gestión de la sanidad pública pueda tener una orientación al beneficio económico”, ha valorado.

La ministra ha defendido que existe “evidencia científica” suficiente en contra de la privatización sanitaria, que alerta de un aumento de la mortalidad evitable, fragmentación del sistema, aumento de infecciones y disminución de la calidad asistencial. “No solamente es menos eficiente, sino que también es más dañina”, ha sentenciado.

Adiós al modelo Alzira

La nueva ley no permitiría el modelo de Torrejón, conocido como modelo Alzira, en el que una empresa privada gestiona un hospital público. Es un sistema que aplican varios centros en el país, entre ellos la Fundación Jiménez Díaz en Madrid o el Hospital Universitario General de Villalba. Según el Gobierno, modelos de gestión indirecta obtienen peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares.

El anteproyecto propuesto por Sanidad y aprobado por el Gobierno solo permitirá esta colaboración público-privada cuando se cumplan tres requisitos: que la prestación pública no sea posible, que se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia y que se cumplan los criterios de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.

La normativa establecería, además, un mecanismo de evaluación previo y obligatorio. A través de un informe, las comunidades autónomas deberán justificar la necesidad de esa colaboración público-privada, que se analizará por un comité de expertos y técnicos. A su vez, se dará prioridad a los conciertos con entidades no lucrativas frente a empresas.

El texto presentado este martes prohíbe que una misma empresa se encargue de la construcción del hospital y también de su gestión. Respecto a la vuelta de los hospitales privados al circuito público, las comunidades autónomas recibirán asesoría de la Alta Inspección para realizar este proceso de reversión.

La aprobación del Consejo de Ministros no será suficiente para que la ley salga adelante. El anteproyecto comenzará ahora su tramitación parlamentaria y deberá obtener el sí del Congreso de los Diputados y del Senado antes de su incorporación al ordenamiento jurídico.