Igualdad afirma que no tiene competencias para bloquear las páginas web de 13 agencias de vientres de alquiler

El Ministerio de Igualdad ha confirmado que carece de competencias administrativas para cerrar páginas web que promocionan servicios de gestación subrogada, después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó este miércoles al departamento que dirige Ana Redondo que adoptara medidas para restringir el acceso desde España a los sitios de 13 empresas con sede fuera de la Unión Europea, señaladas por ofrecer “prácticas comerciales ilegales” relacionadas con los vientres de alquiler, práctica que está prohibida por ley. Esas compañías extranjeras están establecidas principalmente en Estados Unidos, México, Ucrania y Georgia.

Desde Igualdad indican que el Instituto de las Mujeres tiene el mandato de velar por la igualdad y la dignidad de las mujeres, lo que incluye actuar contra la publicidad ilícita de la gestación subrogada cuando vulnera la legislación española, pero aclaran que no tiene capacidad administrativa de bloquear o clausurar webs. No obstante, el ministerio ha asegurado que este jueves analizarán el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional con la Abogacía del Estado, que lleva “más de un año impulsando acciones judiciales” en torno a este tema.

Igualdad ha explicado que en 2025 el Gobierno modificó una instrucción para reforzar la prohibición de los vientres de alquiler. Además, el Instituto de las Mujeres elaboró un informe, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, donde identificó a empresas que ofrecían estos servicios a través de publicidad en distintos medios, y después se lo entregó a la Abogacía del Estado, que inició acciones judiciales para detener la publicidad de cuatro empresas.

Desde el ministerio también han insistido en que mantiene un “alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproductiva”.

Ley de 2023

Desde 2006, en España la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida declara los contratos de gestación por sustitución nulos de pleno derecho y precisa que la filiación viene determinada por el parto. El Código Penal, por su parte, prohíbe la venta de hijos, hijas o menores de edad y castiga con penas de prisión esta práctica, tanto a quien los vende, como a quien los recibe y a los intermediarios que lo promueven, informa la agencia EFE.

Por otro lado, en 2023, con la reforma de la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la legislación española empezó a considerar la gestación subrogada una forma de violencia reproductiva contra las mujeres y prohibió la publicidad de estas prácticas. Esta normativa obliga a las administraciones públicas competentes a tomar medidas judiciales orientadas a declarar la ilicitud y a exigir el cese de cualquier publicidad que fomente o facilite prácticas comerciales de gestación subrogada.