El Instituto de las Mujeres denuncia a tres empresas españolas por promocionar los servicios de gestación subrogada

El Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha denunciado tres empresas que promocionan servicios de gestación subrogada utilizando páginas web y redes sociales. Según detalla la institución en un comunicado, la denuncia se tramita a través de la Abogacía del Estado tras haberse identificado que estas compañías estarían infringiendo la legislación española, que prohíbe de manera expresa este tipo de publicidad ligada a los vientres de alquiler y considera la gestación subrogada una forma de violencia contra la mujer.

De acuerdo con el medio El País, las agencias son Go4Baby, Lifebridge Agency Spain SL y Bufete Agencia Estatal Subrogada Galicia. La medida judicial se produce después de que en enero el Instituto de las Mujeres remitiera un informe jurídico a la Abogacía del Estado en el que se documentaban las actividades de ocho agencias con sede en España.

Este escrito denunció que estas empresas publicitaban de modo sistemático prácticas de gestación por sustitución, ignorando tanto advertencias previas como un requerimiento formal para que cesaran su actividad y retiraran sus anuncios. La ausencia de respuesta por parte de las compañías señaladas ha motivado la intervención legal con el objetivo de poner fin a la difusión de estos servicios en el mercado español.

La demanda presentada representa un hecho sin precedentes, pues es la primera vez que en España se recurre a la vía judicial para abordar la publicidad de los vientres de alquiler. El origen de esta actuación se remonta a las 334 quejas recogidas en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, relativas a la aparición de contenidos en plataformas digitales y redes sociales que ofrecían información y promoción sobre la gestación subrogada. El informe jurídico elaborado por el Instituto de las Mujeres sistematizó estas denuncias y sirvió de base para fundamentar la acción legal.

La institución señala que la ley prohíbe la promoción de la gestación por sustitución desde la reforma de la ley de interrupción del embarazo de 2023. Esta normativa obliga a las administraciones públicas competentes a tomar medidas judiciales orientadas a declarar la ilicitud y a exigir el cese de cualquier publicidad que fomente o facilite prácticas comerciales de gestación subrogada. Así, el informe remitido a la Abogacía del Estado destaca no solo la existencia de anuncios, sino también estrategias de comunicación que buscan captar a potenciales clientes mediante recursos que trivializan las consecuencias y riesgos para la salud de las mujeres involucradas.

El análisis realizado por el Instituto de las Mujeres identifica diversos mecanismos mediante los cuales las agencias de gestación subrogada intentan atraer nuevos interesados. El informe apunta que los negocios recurren a entrevistas en blogs, testimonios y publicaciones especialmente diseñadas para presentar el proceso de subrogación bajo un prisma idealizado y atractivo, marginando el componente de violencia y los posibles impactos adversos sobre las mujeres gestantes. Asimismo, estas compañías utilizan argumentos de tipo emocional y referencias técnico-científicas en su lenguaje publicitario, lo que responde a una estrategia intencionada para generar confianza, empatía y legitimidad social.

En paralelo a la demanda judicial, el Instituto de las Mujeres ha remitido información adicional a la Dirección General de Consumo. El propósito es que esta entidad evalúe si otras compañías, no incluidas inicialmente en el proceso judicial, pudieran estar incurriendo en infracciones que ameriten la apertura de expedientes sancionadores, reforzando así el marco de protección frente a la promoción ilícita de la gestación subrogada en el ámbito español.

*Noticia elaborada con información de EFE