El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

La gestión del Partido Popular ante la denuncia interna por acoso sexual y laboral presentada por una exconcejala de Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, ha generado una fuerte controversia. El regidor rechazó públicamente todas las acusaciones en declaraciones a Cadena Ser y atribuyó el conflicto a disputas políticas previas relacionadas con la asignación de funciones municipales.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, definió el asunto como un “caso fabricado”; y Alberto Núñez Feijoo como “bonita coincidencia” en referencia a las acusaciones similares - de acoso sexual a mujeres del partido - contra el socialista Francisco Salazar.

El PP dice que el acoso no se denunció, pero se investigó

Desde la dirección del PP de Madrid se argumenta, de forma contradictoria, que la denunciante no habría dicho haber sufrido acoso, aunque al mismo tiempo reconocen haber investigado el acoso que, según su propia versión, no se habría denunciado; y que archivaron el expediente por falta de pruebas.

El comité nacional de derechos y garantías del partido cerró la investigación sin convocar a la presunta víctima ni a los testigos propuestos. La documentación a la que accedió El País indica que la exedil denunció inicialmente los hechos ante el PP de Madrid, relatando proposiciones explícitas no deseadas por parte del alcalde desde la campaña electoral de 2023, seguidas de un aislamiento y trato humillante tras rechazar mantener una relación personal con el regidor.

La exconcejala relata que, tras comunicar los hechos en reuniones con responsables del partido, recibió recomendaciones para evitar acudir a los tribunales: “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le habría dicho Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, a la víctima en un encuentro con Alfonso Serrano. Millán afirmaba este jueves que la denuncia fue por una “disputa laboral”: “En una reunión se le preguntó (a la denunciante) si se trataba de un acoso y ella lo negó”, ha afirmado.

Contrasta esto, sin embargo, con la documentación del expediente a la que habría accedido El País, que incluye una afirmación de la propia Millán que contradice sus propias palabras: “Vamos a parar esto, esto es un acoso de manual”. En ese mismo encuentro intentan convencer a la exconcejala de que no acuda a la justicia, con afirmaciones en la línea de “ayuda no es hacerlo público, esto te va a hundir”.

Ante la falta de actuación y de la apertura de un protocolo interno, la denunciante - cuya identidad ha sido difundida por el Partido Popular - decidió renunciar a su acta y darse de baja como militante. Posteriormente, trasladó su situación a la dirección nacional del PP, especificando: “En febrero de 2024 escribí a la presidenta para comunicarle la grave situación de acoso que estaba sufriendo en Móstoles. Desde febrero hasta octubre de este año he mantenido en Génova tres reuniones y realizado seis escritos pidiendo amparo y no se ha hecho nada. Cuando renuncio a mi acta de concejal me contestan diciendo que no pueden hacer nada porque ya no soy afiliada”.

Reclamaciones internas, procedimiento archivado y versiones enfrentadas

Tras la comunicación a la sede nacional, la Vicesecretaría de Organización del PP trasladó la denuncia al comité de derechos y garantías, que solicitó a la exconcejala toda la información de la que dispusiera. En respuesta, remitió un escrito de 20 páginas en el que detallaba episodios de “acoso sexual y profesional”, el “desprecio” recibido por parte del partido y las “recriminaciones” de compañeras que, según su testimonio, debían haberle garantizado protección.

Incluía ejemplos concretos de la insistencia de Bautista en mantener una relación más allá de lo profesional, la negativa de ella, la posterior difusión de rumores y el inicio de un acoso laboral continuado. Incluso señalaba testigos y aportaba pruebas, de acuerdo con la investigación de El País. Nunca recibió respuesta.

En paralelo, la exedil denunció el hackeo de su correo electrónico tras detectar accesos sospechosos desde IPs desconocidas y la desaparición de mensajes con la Comunidad de Madrid. El comité interno suspendió la investigación mientras existía una causa judicial abierta por este motivo. Tras aclarar que el procedimiento judicial no estaba relacionado con el acoso, la denunciante solicitó la reanudación de la investigación interna, aportando el auto judicial requerido. A pesar de ello, no recibió más comunicaciones. El caso del hackeo se archivó en febrero de 2025 por falta de autor conocido.

El Partido Popular nacional mantiene que el caso se reabrió, independientemente de que la denunciante ya no fuera militante: “Se hicieron las consultas que se consideraron oportunas y necesarias”, según un portavoz oficial. No obstante, la aludida asegura que no fue citada de nuevo, que no se contactó con los testigos ni se comprobaron los medios de prueba ofrecidos, y que no fue informada de la reapertura ni del archivo final. Según el portavoz del partido, esto se debe a que “al tratarse de un procedimiento interno efectuado en el seno del PP no es preceptivo informar a personas ajenas al Partido Popular”.

El alcalde lo atribuye a una venganza política

Alfonso Serrano, secretario general regional, ha negado cualquier irregularidad en la gestión del caso, el cual ha enmarcado en una disputa laboral municipal. El propio Bautista aseguraba en Cadena Ser que, de los “ocho o nueve correos electrónicos” que la denunciante habría enviado a Isabel Díaz Ayuso, solo “en el último” se hacía mención al acoso sexual. Según la investigación de El País, en cambio, la mención al acoso sexual figuraba desde el primer mensaje.

Bautista asegura que, antes de unas elecciones municipales, se produjeron negociaciones internas sobre las funciones a asumir por cada miembro del equipo. Afirma que la exconcejala habría mostrado un interés en asumir cargos de mayor responsabilidad que, una vez celebradas las elecciones, se vio frustrado al encontrar una negativa. Según el alcalde, fue entonces cuando comenzaron las desavenencias internas.

Bautista defiende que, entre octubre de 2024 y abril de 2025, se instruyó el expediente, se solicitaron pruebas y, ante la falta de correspondencia, se archivó el caso. “Quien lanza las acusaciones no solo no recurrió la conclusión del proceso interno del PP, sino que no fue a la vía judicial”, lo cual podría deberse a que la víctima no fue informada sobre el archivo del caso.