La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsará una ley para para que al menos un 2% de las empresas sean propiedad o estén gestionadas por los trabajadores, un porcentaje que puede subir hasta el 10% en el caso de las grandes compañías. Esta propuesta está recogida en un informe encargado por el Ministro de Trabajo a un comité de expertos internacionales que se ha presentado este lunes bajo el título Dos promesas para quienes trabajan: voz y propiedad.
El informe también recomienda que un tercio de los puestos del consejo de administración de las compañías debería estar ocupado por los trabajadores en el caso de empresas que tengan entre 50 y 1.000 empleados, un número que subiría hasta la mitad del consejo en las empresas con más de 1.000 trabajadores.
En la presentación del informe, Yolanda Díaz aseguró que estos planteamientos se traducirán en una nueva ley, acompañada de una mesa de diálogo social, con el objetivo de cumplir con lo que considera “la gran reforma pendiente” en España: la democratización de las empresas.
“Un tercio de nuestro día lo pasamos bajo techos sin control democrático… esto debe ser corregido”, dijo la vicepresidenta, enfatizando que “una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía”.
Una necesidad constitucional y social
Por su parte, la presidenta de la comisión de expertos que ha elaborado el informe, la socióloga Isabelle Ferreras, subrayó que la gobernanza corporativa en España no cumple con el artículo 129.2 de la Constitución, y que nuestro país se encuentra entre los menos desarrollados de Europa en términos de participación y propiedad de los trabajadores.
“Hay que completar la transición democratizando las empresas. No es un lujo, es un mandato constitucional que se ha transformado en una necesidad”, afirmó Ferreras. La experta añadió que estas reformas no solo son una cuestión legal, sino también una herramienta para mejorar la competitividad y la cohesión social, al involucrar directamente a quienes hacen funcionar las empresas a diario en la toma de decisiones estratégicas.
El informe también plantea fortalecer los comités de empresa, especialmente en lo relativo a derecho a la información y consulta sobre decisiones clave. Uno de los puntos más innovadores es el derecho de estos comités a intervenir en la implementación de herramientas de inteligencia artificial, incluyendo la posibilidad de vetar decisiones relacionadas con su despliegue o uso en la organización.
Índice de Desarrollo Democrático Corporativo y sistema de incentivos
Para fomentar la participación real de los trabajadores, la comisión propone la creación del Índice de Desarrollo Democrático Corporativo, que evaluará a las empresas según su grado de democracia interna. Este índice se conectaría con un sistema de incentivos tipo bonus-malus, destinado a recompensar empresas más democráticas con beneficios fiscales, acceso privilegiado a la contratación pública o tipos impositivos reducidos, mientras que aquellas con niveles bajos de participación podrían enfrentar sanciones o desincentivos.
El Ministerio de Trabajo señala que este marco podría generar efectos económicos positivos, como un aumento de la actividad empresarial, inversiones y salarios, así como reducción del desempleo y una posible disminución de la deuda pública, creando un círculo virtuoso que vincula democracia interna con prosperidad económica.
La reforma propuesta se aplicaría a todas las empresas españolas, con una posible exención para pymes de menos de 50 empleados. Además, el informe considera que la combinación del índice democrático con un marco regulatorio sólido podría convertirse en un modelo exportable a otros países europeos, en línea con tendencias internacionales de gobernanza responsable y participación laboral.
El comité que elaboró el informe fue creado por el Ministerio de Trabajo el 21 de febrero de 2025, presidido por Isabelle Ferreras y formado por especialistas en ciencias sociales, derecho laboral, economía, filosofía política, gobernanza empresarial e inteligencia artificial. Su trabajo representa uno de los esfuerzos más completos realizados en Europa para vincular propiedad, participación y tecnología en la estructura empresarial.
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